La nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuya constitucionalidad se debatirá este día en audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representa una amenaza a los ingresos, salud y prestaciones sociales y económicas para las y los trabajadores afiliados al Instituto.
Así lo advirtió este martes la diputada federal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón, en el salón de sesiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La legisladora abogó por las y los trabajadores amparados y señaló que de no invalidarse dicha norma, a las y los afiliados al ISSSTE les espera un futuro incierto porque esta ley «atenta contra sus derechos adquiridos, contra la seguridad social en su más amplio concepto: salud, vivienda, alimentación, educación, esparcimiento y en general al derecho a una vida digna».
Por ello, precisó, es fundamental que el futuro del Instituto se garantice con esquemas viables y solidarios que determinen pensiones y beneficios suficientes y de calidad a las y los trabajadores, después de que han aportado su vida productiva al país.
De igual forma, Ortiz Magallón argumentó que está Ley es violatoria de al menos veinte artículos constitucionales, garantes de la seguridad y el bienestar social por parte del Estado.
CUENTAS INDIVIDUALES
El principal elemento de la nueva Ley, recalcó, es el establecimiento de un sistema de cuentas individuales para la administración de las pensiones de las y los trabajadores afiliados y sus beneficiarios.
Bajo el sistema de cuentas individuales, una o un trabajador promedio podrá aspirar a una pensión de la mitad de la que hubiera obtenido bajo la ley abrogada. Con la norma vigente, los recursos de las y los trabajadores «se canalizarán al beneficio de los sectores financieros y de cúpulas sindicales», afirmó la perredista.
Con esta reforma, anotó, «se debilitará al Estado como garante de la seguridad social, privatizando el manejo del fondo de pensiones mediante la creación del PensiónISSSTE, como órgano desconcentrado, al que le atribuye la función de administrar las cuentas individuales y la inversión de los recursos de las mismas, con excepción de los fondos de vivienda».
Sin embargo, dicho órgano, «carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que estará inhabilitado para realizar el mandato que le impone la ley que lo crea, cuestión que es contraria a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal».
Esto acarreará la consolidación del corporativismo de los sindicatos del sector público y constituirá una carga fiscal «inmanejable» que pagarán las y los mexicanos, aseguró.
Con la nueva Ley, «se está asumiendo irresponsablemente un modelo que en México y en el mundo ha demostrado ser inviable para otorgar pensiones dignas y para reducir la carga fiscal para el pago de pensiones».
Explicó que la norma «se inscribe en la lógica de las reformas para adelgazar al Estado y trasladar áreas y funciones públicas al mercado: deja en manos de inversionistas privados las áreas más rentables, sin que esto se traduzca en beneficios para las y los trabajadores».
SERVICIOS MÉDICOS
En cuanto a los servicios médicos, señaló la legisladora, serán privatizados mediante convenios de subrogación de servicios. La atención se establecerá en función de condiciones socioeconómicas, los créditos personales e hipotecarios. Y la prestación de servicios sociales y culturales se otorgará conforme a la disponibilidad de recursos, no como un derecho.
La diputada federal indicó que la Ley vigente del ISSSTE traslada el costo de la crisis que vive el Instituto a las y los trabajadores, vía la baja de beneficios y el aumento de cuotas.
Este día, la segunda audiencia pública en la que las y los ministros de la SCJN escucharán los comentarios a favor de la reforma de la Ley del Instituto será encabezada por el director del mismo, Miguel Ángel Yunes, y contará con la participación de siete funcionarios y legisladores que argumentarán la constitucionalidad de la norma, con la intención de que se le niegue el amparo a más de un millón de trabajadoras y trabajadores que solicitaron su invalidez por considerarla contraria a sus derechos laborales.
08/GCJ/GG/CV
