La mayor contribución de la sociedad en contra de la explotación laboral de las y los niños sería identificarlos como verdaderos titulares de derechos, pues viven una situación generalizada de vulneración, afirmó Mónica González Contró, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, la colectividad es permisiva a esa realidad. No hay una conciencia clara de que estas situaciones violan las garantías fundamentales de manera radical y violenta. Basta observar las calles, indicó la académica en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
De acuerdo con reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), alrededor de 246 millones de niñas y niños en el planeta son sujetos de explotación infantil y al menos tres cuartas partes, 171 millones, lo hacen en condiciones de peligro para sus vidas manipulando productos químicos y pesticidas o en las minas.
Asimismo, el informe Protección infantil contra el abuso y la violencia: Explotación infantil, también de ese organismo, consigna que el 70 por ciento de los menores de edad que laboran en el mundo lo hacen en la agricultura, y más de 50 países reclutan a menores de 18 años para armarlos y enviarlos a la guerra.
En América Latina, prosigue el documento, también el 70 por ciento de las y los niños trabajadores lo hacen en el sector rural. Si bien el cultivo de la tierra, sea familiar, de subsistencia o comercial, puede no ser una actividad peligrosa en sí misma, hay quienes lo hacen en condiciones extremas.
El instrumento internacional de protección de los derechos de la infancia es la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada en 1989 y ratificada por el Estado mexicano en 1990, recordó González.
El marco jurídico nacional está contenido en la Constitución. De forma genérica, el Artículo cuarto establece que las y los menores de edad tienen derecho a protección especial. En tanto, detalló, el 123 instaura ese resguardo en las leyes respectivas para que se prohíba, expresamente, el trabajo infantil.
A pesar de ello, las formas de explotar a la infancia son múltiples y variadas, reconoció la investigadora. Mientras no se tenga como prioridad invertir recursos públicos en la erradicación de estas prácticas, será difícil que estos fenómenos terminen.
Una decisión fundamental sería destinar recursos para la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Con ello, argumentó, cambiaría radicalmente la situación, porque se financiarían políticas para mejorar el sistema educativo, de salud y de asistencia social.
Además, agregó González, se debe atacar el problema de raíz, la extrema pobreza que viven niñas, niños y familias y que lleva a que muchos abandonen la escuela y se involucren en largas jornadas laborales.
También, las y los niños se exponen a la violencia en lugares de trabajo de personas adultas, con consecuencias psicológicas graves, ocasionadas por la presión para cumplir con cuotas de producción, señaló la especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes.
La explotación infantil azota, en especial, a países en vías de desarrollo, pero en este fenómeno se ven implicadas las naciones industrializadas, refirió.
El trabajo infantil es la expresión de un problema de vulneración de derechos más grave. Un niño labora no porque necesariamente esa sea su opción, sino porque no tiene el sustento económico necesario o posibilidades de subsistencia, concluyó.
08/GG/CV
