En un ambiente de desconfianza manifiesta, por parte de las y los trabajadores amparados contra la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), este día inició la discusión sobre la constitucionalidad de la norma.
A partir hoy y hasta el 16 de julio, los ministros del máximo tribunal de justicia en el país resolverán el destino de los 2.5 millones de amparos que levantaron trabajadoras y trabajadores contra esta Ley desde su entrada en vigor, en abril de 2007.
Para la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rosario Ortiz Magallón, esta primera plenaria, celebrada esta mañana «no fue tan grave, no estuvo en un tono negativo, lo que no quiere decir que la vayan a derogar».
Esto debido a que durante la plenaria, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mallagoita, reconoció que la nueva Ley del ISSSTE, violenta los derechos adquiridos de las y los trabajadores.
La legisladora considera que «la presión política, por los millones de amparos que interpusimos a través de distintos sindicatos; la forma en que se argumentó la inconstitucionalidad de la nueva Ley en audiencia pública, el pasado 10 de junio, y las movilizaciones de las y los maestros y trabajadores, han resultado positivas».
Sin embargo, afirma que hay desconfianza por parte de trabajadoras y trabajadores, afiliados al Instituto, por los fallos emitidos, anteriormente por la Suprema Corte: una serie de decisiones que contravienen lo estipulado en la legislación y los pactos internacionales firmados por el país, como es el caso Lydia Cacho.
En entrevista telefónica, señaló que si la SCJN no admite la inconstitucionalidad de la nueva Ley del ISSSTE, representará «una imposición y un retroceso, por la pérdida de derechos y violación a los convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales».
Bajo el nuevo régimen las mujeres trabajadoras, afiliadas al ISSSTE, las cuales representan el 54 por ciento de trabajadores, sufrirán una mayor afectación que los trabajadores, indicó, «porque son las que ganan salarios más bajos, lo que repercutirá en los descuentos que les realizan para las prestaciones; en lo que respecta a su pensión, son las que tienen una mayor expectativa de vida».
Las trabajadoras son alrededor de un millón 404 mil, que integra a personal docente, médico, técnico, administrativo y profesionista, de un total de dos millones 600 mil derechohabientes.
Para la diputada federal, los argumentos que dieron las autoridades y legisladores a favor de una nueva Ley del Instituto, el pasado 12 de junio, «no son suficientes, sólo dieron cifras y datos económicos que no describen lo que están haciendo, porque el PENSIÓNISSSTE está en una etapa paralizada».
La SCJN dio a conocer el problemario general relativo a los recursos de revisión interpuestos en los casos de amparo contra la nueva Ley, en su página en Internet, donde señala que abordará si el nuevo esquema de pensiones viola las garantías constitucionales de irretroactividad de la ley, legalidad y seguridad jurídica.
Además de la exclusión de los seguros (jubilación, retiro por edad y servicios, indemnización global, sistema de ahorro para el retiro), el arrendamiento de vivienda propiedad del Instituto y el derecho a que sus recursos del fondo se apliquen para el enganche de vivienda o para el apego de capital del crédito hipotecario.
08/GCJ/CV
