El Secretariado Internacional de Solidaridad con América Latina y el Centro para los Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo Fray Juan de Larios denunciaron la tensión que viven las familias de la comunidad de Zimapán, Hidalgo, ante la incursión de cientos de elementos de seguridad federal, estatal y municipal que, bajo distintos y vagos pretextos, intimidan a la población e invaden propiedades privadas.
En un comunicado, firmado por Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, las organizaciones denunciantes recuerdan que en 2004, el municipio de Zimapán, Hidalgo, autorizó el cambio y uso de suelo de 133 hectáreas para construir una supuesta «recicladora» de basura que instalaría la empresa española Befesa en la comunidad de Bothiña, ejido de Cuauhtémoc.
Los ciudadanos se enteraron en 2007 de que en realidad sería el más grande confinamiento de desechos industriales, tóxicos y peligrosos del país, pues pretende recibir cuatro mil toneladas diarias de desechos en un período de 50 años, por lo cual se inconformaron con el proyecto y formaron la organización Todos Somos Zimapán.
Existen, señala el comunicado, irregularidades en la aprobación del proyecto, además de inconsistencias técnicas en su autorización. Estudios de especialistas dicen que no se reúnen las exigencias geográficas, geofísicas, climáticas, demográficas, económicas, sociales y culturales para su instalación.
Entre otros detalles, Zimapán colinda con la reserva de la biosfera de la Sierra Gorda, está cerca de la presa Zimapán y el manantial Infiernillo; además, se localiza sobre siete manantiales y está en una zona neovolcánica con actividad sísmica, una falla geológica y la presencia de rocas permeables.
Ante estas anomalías se consolidó el movimiento cívico Todos somos Zimapán, que en la búsqueda de una mejor vida y el que no se agrave más la deteriorada salud de las personas más cercanas y débiles de la región, ha organizado diálogos, entrevistas, conferencias, marchas y resistencias pacíficas para informar a la sociedad civil nacional.
«Cada persona, dice el comunicado citando los derechos humanos de la tercera generación, tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable y no degradado, a respirar aire puro y a disponer de agua limpia y alimentos no contaminados».
Sin embargo, señalan los Obispos en el comunicado, el uso excesivo de la fuerza, los ataques directos, amenazas y hostigamientos que sufren la población en general y los miembros de este organismo es lo que nos lleva a pedir a la ciudadanía que se mantenga unida y en calma, «pues su búsqueda por la verdad y la vida les será recompensada por el Dios del amor y la justicia, aún a pesar de que su congruencia sea molesta para los poderosos».
Por eso llaman a las autoridades correspondientes para que actúen apegados a su responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y atender las solicitudes honestas de sus ciudadanos. «Les pedimos que retiren a los elementos de seguridad que intimidan y vulneran la vida de los miembros de Zimapán».
Nos solidarizamos, concluyen los obispos, con el movimiento Todos Somos Zimapán y con todos aquellos hombres y mujeres que, sensibles a la justicia y al respeto de la dignidad de la vida humana, apoyan esta causa, porque en este momento: Todos Somos Zimapán.
08/GG
