El Estado debe investigar las violaciones de derechos humanos cometidos específicamente contra las mujeres en el contexto del conflicto armado que vive Colombia y atender a las colombianas desplazadas, acaba de solicitar la Corte Constitucional, máximo tribunal de este país, mediante el auto 092 de 2008.
Este es un acontecimiento histórico y político, pues hace un reconocimiento diferenciado por género de las violaciones de derechos humanos en el conflicto armado, aseguró a SEMlac Laura Badillo, integrante de la coordinación del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres, que tiene presencia en nueve regiones de Colombia, a través de 350 organizaciones de colombianas víctimas del conflicto armado y otras que apoyan los derechos femeninos.
El auto con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda ordenó a la Fiscalía General de la Nación, ente acusador colombiano, que investigue un reporte coherente y consistente de, al menos, 80 casos de violaciones individuales y colectivas que terminaron en desplazamientos de comunidades enteras.
El alto Tribunal le dio seis meses al organismo para que rinda cuentas sobre los avances en la investigación de una aterradora relación de crímenes de género: (…) violaciones y abusos sexuales individuales y colectivos, torturas sexuales, mutilaciones sexuales y posteriores homicidios de las víctimas, así como actos de ferocidad y barbarie de contenido sexual.
Este auto se produce después de más de un año de acciones y audiencias públicas lideradas por grupos de mujeres y de organizaciones de colombianas desplazadas, particularmente del foro que, sobre este tema, se realizó en el Congreso, uno de cuyos invitados fue, precisamente, el magistrado autor de la ponencia del auto, así como resultado de dicho foro.
Por los antecedentes, pensamos que el auto es también un reflejo del empoderamiento de las mujeres desplazadas, agregó Badillo.
En el conflicto armado colombiano, las mujeres no sólo son víctimas en la medida en que son madres, esposas o compañeras de hombres asesinados, secuestrados o desaparecidos. Ellas también enfrentan ataques, amenazas, asesinatos y otros actos de intimidación. Pero, adicionalmente, han sido víctimas de brutales actos de violencia.
En los pueblos y las zonas rurales, las colombianas sufren anónimamente violaciones, mutilación y esclavitud sexual. Todos los grupos armados –las fuerzas militares, los de extrema derecha y las guerrillas de izquierda– han abusado y explotado sexualmente a las civiles.
Así consta en muchas de las 600 querellas presentadas por mujeres, en condición de desplazamiento, ante la Corte Constitucional, como parte del seguimiento a la sentencia T025/2005 de este alto Tribunal, que insta al Estado a restituir los derechos constitucionales de la población desplazada por efecto del conflicto armado.
Considero que este auto obedece a la campaña que hemos hecho para que la sociedad entienda que la violencia sexual y los delitos cometidos contra las mujeres en el marco del conflicto hacen parte de las estrategias de guerra, afirmó Patricia Buriticá, directora de Iniciativa de las Mujeres por la Paz, una coalición de 22 organizaciones, entre las cuales se destaca la federación sindical Confederación Unitaria de Trabajadores.
Los cuerpos femeninos se convirtieron en territorio en disputa por parte de los grupos en conflicto y en botín de guerra, ya que, a través de la violencia sexual se genera terror en las comunidades, lo que facilita el control militar, al tiempo que es un medio para cobrar venganza.
Adicionalmente, la violencia sexual contra las mujeres de la población civil forzó a los habitantes a abandonar sus tierras, que les fueron arrebatadas por los actores del conflicto armado. De hecho, 56 por ciento de la población desplazada son mujeres (1 millón 324 mil 600 personas, según cifras oficiales), muchas de ellas cabeza de hogar.
En Barrancabermeja y Medellín, por ejemplo, se denunció la existencia de redes de paramilitares (grupo ilegal de derecha) que obligaban a las mujeres a prostituirse. La Corte habla de esclavización sexual de mujeres civiles por cuenta tanto de las Autodefensas de Colombia (paramilitares) como de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Este tipo de actos –dice la Corte– opera como causa directa del desplazamiento forzado por el temor que, necesariamente, infunde sobre las familias y comunidades de las víctimas (…) Así mismo, la amenaza de perpetrarlos opera como causa directa del desplazamiento forzado de las mujeres.
De las 130 mil denuncias de víctimas del conflicto armado, 94 se refieren a delitos sexuales contra las mujeres. Ellas, en general, no denuncian, porque les da vergüenza, sienten temor del agresor y miedo de ser culpabilizadas socialmente.
Además, los funcionarios judiciales no tienen presente este tipo de delitos cuando hacen las indagaciones, y los criminales no los consideran delitos; por ejemplo, dicen ‘incursioné y maté’, pero no hablan de que, para lograr el control tras la incursión, esclavizaron, violaron y mutilaron a las mujeres, agregó Buriticá.
Es por ello que un auto de la Corte también insta a Acción Social, organismo del Estado, a crear 13 programas para mujeres desplazadas, los cuales tendrán que estar listos en un lapso de tres meses.
Si bien ya existen programas, no tienen una visión de género que permita atender a las mujeres con sus especificidades. Les dan un trato terrible, casi inhumano, les piden miles de papeles, les demoran el acceso a documentos necesarios para acreditarse como desplazadas o como víctimas del conflicto, aseguró Buriticá.
No tengo vivienda, ni empleo. He ido a la Gobernación y a la Alcaldía y nunca encuentro a estos funcionarios. Les rogamos honorables Magistrados nos ayuden, es un SOS, dice, en un aparte, una de las querellantes.
Esta petición de la Corte obliga al gobierno a crear y mejorar sus programas atendiendo las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la sentencia T025, en el cual participan múltiples organizaciones de derechos humanos, como de mujeres desplazadas.
El Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas aplaudió el auto de la Corte a través de su vocera Jennifer Pagonis, organismo que también apoyó las audiencias que antecedieron la promulgación de este auto. El pronunciamiento se realizó el pasado 27 de mayo en el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza.
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