La guerra global por los alimentos pone en evidencia que los planes sociales son insuficientes para paliar la pobreza y que sólo la superación del actual modelo permite disminuir la desigualdad que acecha la región, señala Raúl Zibechi, periodista uruguayo, docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de grupos sociales, en un artículo del Servicio Informativo Alai-amlatina.
En sólo seis meses, hay 10 millones de nuevos pobres en América Latina. Aunque en esta región el precio de los alimentos subió menos que en el resto del mundo (15 por ciento frente al 68 por ciento), la cantidad de pobres creció de 190 a 200 millones en sólo seis meses, según el sociólogo argentino Bernardo Kliksberg, asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pero esto es apenas el comienzo.
Según Amartya Sen, premio Nobel de Economía con quien Kliksberg acaba de publicar el libro «Primero la gente», desde hace treinta años se viene previendo que puede haber hambruna en los países productores de alimentos.
La crisis alimentaria en curso, hija directa del estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria, corta en seco cualquier análisis que pretenda eludir la responsabilidad del modelo en la generación de pobreza. Sobre todo, cuando se sabe que la región produce alimentos suficientes para atender a una población tres veces superior a la que contiene.
COMBATIR DESIGUALDAD
América Latina es la región con más desigualdad del mundo. Pese a que buena parte de los países de Sudamérica cuenta desde hace varios años con gobiernos progresistas y de izquierda, la desigualdad sigue creciendo, por lo menos en el Cono Sur.
Un reciente estudio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) de Brasil, revela que el 10 por ciento de la población concentra el 75.4 por ciento de la riqueza. Las políticas sociales del gobierno Luis Inacio Lula, que se aplican desde 2003 para aliviar la pobreza, han mejorado levemente la desigualdad, pero tan poco que apenas se nota. Lo grave es que se trata de los mismos niveles de desigualdad que existían en el siglo XVIII.
Marcio Pochman, miembro del PT y director del IPEA, afirmó que los datos demuestran «cómo a despecho de los cambios en el régimen político y en el padrón de desarrollo del país, la riqueza continúa pésimamente distribuida entre las y los brasileños».
Según Pochman, en el siglo XVIII en Río de Janeiro el 10 por ciento más rico detentaba el 68 por ciento de la riqueza, mientras hoy concentra el 63 por ciento. Sao Paulo marcha adelante de otras ciudades con el 73.4 por ciento de concentración de riqueza por el 10 por ciento más rico.
En opinión del director del IPEA, «ningún país del mundo consiguió acabar con las desigualdades sociales sin una reforma tributaria de verdad».
Explica que los impuestos indirectos como el IVA (valor agregado), predominantes en la región, castigan a los más pobres: el 10 por ciento más pobre en Brasil paga un 44.5 por ciento más que el 10 por ciento más rico, ya que la carga tributaria representa un 33 por ciento de la renta de los más pobres y sólo un 22 por ciento de la renta de los más ricos.
GOBERNABILIDAD CONSERVADORA
Un estudio del economista Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), difundido en febrero de 2008, revela que en los últimos cuatro años «de cada 100 nuevos pesos que se generaron, el 30 por ciento más rico se apropió de 62». Por eso, estima, luego de cinco años de crecimiento económico (con un PIB un 36 por ciento mayor que el de 2001), sigue habiendo un 30 por ciento de pobres.
Se trata de un modelo concentrador, al que denomina «gobernabilidad conservadora», que está comenzando a bloquear la continuidad de la expansión y que impide aprovechar las buenas oportunidades como las que existieron en los últimos cinco años.
Peor aún, porque el ciclo de crecimiento parece estar llegando a su fin, en medio de una espiral inflacionista especulativa. «La inflación actúa como mecanismo corrector y preservador de las ganancias extraordinarias del empresariado más concentrado», asegura Lozano.
A la vez, en el caso argentino es potenciada porque «los ricos consumen mucho e invierten poco y mal», dice Lozano en «Una visión sobre la coyuntura. ¿Cambio de gobierno o cambio de etapa?, publicado por el Instituto de Formación de la CTA, en mayo de 2008.
El caso uruguayo, por completar un breve panorama de tres gobiernos surgidos como consecuencia de la oleada antineoliberal, no es muy diferente. El de Tabaré Vázquez es el único gobierno que realizó una reforma tributaria importante, progresiva, que grava más a los que tienen mayores ingresos. Pero no grava al capital. Así, los datos avalan el crecimiento de la desigualdad aún en los tres años de gobierno progresista.
El índice Gini, con el que se mide la desigualdad, se viene deteriorando en Uruguay en los últimos 20 años, o sea desde la aplicación del modelo neoliberal. Y lo hace de modo consistente, en períodos de crisis y de crecimiento, bajo gobiernos de derecha y de izquierda.
En 1991 era 41.1 para pasar a 45 en 2002, en el pico de la crisis económico-financiera. En 2005, cuando asumió Tabaré Vázquez, bajó a 44.1 para situarse en 2007 en 45.7, dice el artículo «Pobreza, desigualdad y transferencias de ingresos», en la publicación Brecha, del 13 de junio de 2008.
Incluso bajo el gobierno de izquierda, y en un país que presenta el menor índice de desigualdad del continente, el 20 por ciento más rico sigue concentrando cada vez más ingresos. En 2001 captaba el 46.4 por ciento, en 2002 llegó al 50.3 por ciento y en 2007, luego de la reforma tributaria, llegó al 51.1 por ciento.
Parece evidente, como señala el citado informe de las economistas Verónica Amarante y Andrea Vogorito, que «no se puede esperar que las políticas de transferencias de ingresos solucionen por, sí solas», los problemas de pobreza e indigencia.
Se refieren a los planes sociales vigentes en Uruguay, pero también en Brasil y Argentina, que aliviaron la pobreza hasta que la especulación con los alimentos comenzó a revertir los pequeños avances del último lustro.
Parece fuera de duda que lo que está en cuestión es la continuidad del modelo neoliberal en su fase de apropiación de los bienes comunes (minería, forestación, soja, caña para agrocombustibles).
Hasta ahora, la exclusión y la pobreza que genera se venían suavizando con planes sociales, que en el caso de Brasil abarcan al 25 por ciento de la población. Pero la voracidad del capital impone un cambio de rumbo.
Las reformas en los impuestos y los planes sociales continuarán siendo instrumentos necesarios. Pero la pobreza y la desigualdad, sólo bajarán de forma significativa cuando el actual modelo de acumulación por robo y especulación sea archivado y se haga otro asentado en el crecimiento endógeno, concluye el texto de Raúl Zibechi.
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