Puebla, sin políticas sostenidas contra la mortalidad materna e infantil, es uno de los estados del sureste y centro del país donde se concentra este problema, cuyo resultado es la muerte de mil 400 mexicanas al año por problemas ligados al embarazo, parto y puerperio.
Muchas mujeres embarazadas en la entidad se enfrentan a la falta de acceso a los servicios médicos públicos. Y para aquellas que sí cuentan con seguridad social, el sistema de salud no garantiza tampoco calidad en la atención.
Los Servicios Estatales de Salud, cuestionados por esta Agencia a través de su portal de Transparencia y Acceso a la Información, informaron que el Programa Arranque Parejo en la Vida, con recursos netamente federales, es el encargado de enfrentar la problemática de la muerte materna. Es «uno de los programas sustantivos de la institución».
El gobernador del estado, Mario Marín Torres, declaró en su tercer Informe de gobierno que la salud es prioridad de su gobierno, pero en el caso de salud materna existen numerosos testimonios que lo contradicen.
A Maribel la sorprendió su embarazo. Tiene 33 años y trabaja como empleada en una escuela privada. Pidió al gerente de la escuela para que le diera el Seguro Social para garantizar la atención médica, pero pasaron meses y no la aseguró. Empezó a presentar problemas relacionados con su embarazo. La expulsión de líquido amniótico por rompimiento de membrana la obligó a acudir de emergencia a una pequeña clínica cerca de su casa. Ahí fue atendida en su sexto mes de gestación por médicos generales.
Después de más de 10 días, su estado se complicó, sus recursos económicos se agotaban y tenía que pagar más de 33 mil pesos. En la clínica le dijeron que no contaban con el equipo suficiente para atender su caso. Tenía que trasladarse al Hospital de la Mujer firmando antes su alta voluntaria, pues no se hacían responsables de ninguna complicación.
Pero Maribel no tenía Seguro y las complicaciones de salud le impidieron moverse. Un especialista le sugirió un legrado. Sin embargo, la bebé nació a través de una cesárea y tras semanas de desgaste físico, emocional y económico, la niña murió.
Otro caso es el de Abi, de 24 años. Estaba preocupada porque carecía de Seguro Social. Por un consejo decidió acudir al Hospital de la Mujer en Puebla, donde le aseguraron que los costos eran muy accesibles, algo que, en cierta medida es cierto.
Abi dio a luz a una niña por vía natural. Al parecer todo había salido bien, pues el mismo día fueron dadas de alta. Pero las cosas se complicaron y ella empezó a experimentar dolores de cabeza y altas temperaturas. Se alarmó y su familia la llevó de nuevo al mismo hospital.
Los médicos decidieron intervenir de inmediato pues el diagnóstico fue infección por restos placentarios. Gracias a que sus familiares actuaron rápidamente Abi no perdió la vida, aunque poco le faltó. Ella, al igual que muchas mujeres no presentó quejas por negligencia médica.
POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA MM
Los Servicios Estatales de Salud son responsables de diseñar o asignar (etiquetar) recursos para acciones específicas que contribuyan a la disminución de la mortalidad materna, independientemente de nivel de compromiso que asuma el gobierno de la entidad en este tema de salud.
Servicios de Salud del Estado de Puebla, a través de su portal de Transparencia y Acceso a la Información (Solicitud de información con el folio: Pue-2008-000154), señaló que los programas de salud pública destinados específicamente al combate de la mortalidad materna es el denominado «Arranque Parejo en la Vida» (APV), pero no mencionaron el Programa de Seguro Popular, dentro del cual está incluido APV.
Sobre los recursos, el secretario de Salud, Roberto Morales Flores, declaró a los medios de comunicación que el Seguro Popular era inviable en el estado debido a la falta de recursos.
También se le cuestionó a los Servicios del Salud de la entidad cuántos recursos se le asignaban al programa APV.
Respondieron: nació por una estrategia federal, incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la pasada administración federal y por ende en el Programa Nacional de Salud, manteniéndose hasta la fecha como uno de los programas sustantivos de la institución.
«El recurso de operación (capítulos 2000, 3000 y 4000 del clasificador por objeto del gasto) que ha utilizado dicho programa es netamente federal, sin embargo, se debe aclarar que el Gobierno del estado otorga un presupuesto a la institución, pero no para todos los programas incluidos en la estructura programática de los servicios de salud, y de este presupuesto la mayor parte se gasta en el pago de salarios (…) por lo que no es posible determinar la proporción que le tocaría a este programa…».
APV es una estrategia del sexenio foxista, contemplada en el Plan Nacional de Salud 2001-2006, que buscaba disminuir las tasas de mortalidad materna e infantil. Sin embargo, las estadísticas nacionales demuestran que fue obsoleto y no logró las metas planteadas.
Se puso en marcha en 2002 como un «programa de acción», que no se publicó en el Diario Oficial de la Federación ni en los decretos de Egresos, lo que significa que carece de mecanismos para rendir cuentas y de herramientas de obligatoriedad del nivel federal hacia los estados.
APV contempla su principal capacidad de acción en las propias mujeres, quienes solicitarían los servicios médicos y ampliarían su acceso a la información sobre salud reproductiva y del recién nacido.
También contempla su derecho a servicios médicos comprensibles y de calidad, así como la «erradicación» de barreras económicas, sociales, culturales y geográficas en el uso oportuno de los servicios de salud, los cuales tendrían que ser con calidad, calidez y pertinencia, algo que dista mucho de cumplirse.
CALIDAD EN LOS SERVICIOS
Por las asignaciones presupuestales y las políticas de salud, en México sólo el 12 por ciento del personal de salud conoce las medidas específicas para atender urgencias obstétricas y eso se manifiesta en la calidad de la atención que reciben las mujeres en Puebla.
Además hay insuficiente infraestructura, falta de mantenimiento en las instalaciones, insalubridad y mal manejo de los residuos biológicos infecciosos en hospitales y clínicas del sector público.
En Puebla, ante la falta de acceso a servicios de salud públicos, proliferan las llamadas clínicas de maternidad, que por 2 mil hasta 7 mil pesos ofrecen paquetes «completos» que no garantizan en muchas ocasiones atención adecuada.
La dirección de Regulación y Fomento Sanitario de SSEP informó que las faltas más graves se presentan en clínica privadas, aunque también en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La Comisión de Arbitraje Médico en el estado notificó a este medio que en 2006, de 893 inconformidades, la especialidad que generó más quejas entre los pacientes fue la de Ginecobstetricia, mientras que en el 2007, de un total de 707 quejas, esta misma especialidad ocupó el segundo lugar.
El 70 por ciento de la procedencia de inconformidades proviene del sector institucional, como IMSS, Secretaría de Salud, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP).
La mayoría de las quejas se resolvieron a través de gestión inmediata y muy pocas veces se registran sanciones severas contra los médicos.
El secretario de Salud, Roberto Morales, aceptó ante los medios que el mayor número de mujeres que mueren por complicaciones en el embarazo son las que están afiliadas al IMSS-Oportunidades.
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