Las y los campesinos del ejido Huizopa, municipio de Madera, en el norteño estado de Chihuahua, denunciaron ayer que la minera canadiense Minefinders, quien había aceptado medir las tierras ejidales que indebidamente ocupa, a cambio de que les permitieran el acceso a la entrada de la mina, no cumplió su compromiso.
En conferencia de prensa, realizada en el Congreso del estado, las y los ejidatarios, acompañados por un diputado local y otro federal, y por organizaciones, recordaron que la minera se apoderó ilegalmente de más terreno y hoy cuentan con 3 mil 498 hectáreas para su operación minera, con la intención de mover el centro de población, sin autorización de la Asamblea General de ejidatarias y ejidatarios.
La minera se estableció en 1994 en terrenos ejidales del núcleo agrario de Huizopa, amparada con títulos de concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía del gobierno federal, sin que los ejidatarios hayan sido tomados en cuenta.
Señalaron también que la actividad de Minefinders lesiona el medio ambiente, pues utiliza químicos, como el cianuro. Y pone en riesgo la subsistencia de la comunidad, ya que la minería no es una actividad sustentable y puede ocurrir que la empresa se retire, afectando de cualquier forman la economía de sus habitantes.
Por esas razones, la Asamblea Permanente de Ejidatarios, demandó un diálogo con Minefinders para construir una relación justa y equitativa. Durante dos años se negaron a ello, por lo cual en mayo pasado la comunidad se vio obligada a cerrar la entrada de la mina.
El pasado 4 de junio, con intermediación del Gobierno local, iniciaron las pláticas, pero hasta hoy la empresa no cumple ninguno de los acuerdos para que la negociación prospere. E inició una campaña en los medios de comunicación para dar a conocer su postura, lo cual no puede hacer el campesinado por falta de recursos económicos.
Por eso, la Asamblea Permanente de las y los ejidatarios pidieron ayer al Gobierno de Chihuahua que, en su función de mediador, garantice el cumplimiento de los acuerdos suscritos y además cumpla con su papel regulador entre un poder económico como lo es la empresa minera Minefinders Corporation y las y los ejidatarios de Huizopa.
DEMANDAS
Las demandas incluyen la integración de una comisión mixta que vigile el cuidado al medio ambiente, compuesta por autoridades federales y estatales en la materia, el ejido y la misma empresa, para evaluar las medidas ambientales que ha tomado la minera y sobre el riesgo por el uso de químicos como el cianuro.
También la financiación de un plan de desarrollo comunitario que permita impulsar proyectos productivos que posibiliten el desarrollo sustentable, sostenible y autogestivo del pueblo de Huizopa y, sobre todo, eviten la generación de un círculo de dependencia económica de la comunidad hacia la empresa que los ponga en riesgo frente al retiro de la minera, ya que esta actividad no resulta sustentable.
Y un plan de desarrollo económico que incluya el pago justo de una renta anual por las tierras ocupadas y destruidas a causa de la minería y la realización de un sistema de participación de las y los campesinos en las utilidades líquidas de Minefinders.
LA MINERA
Minefinders, a través de su subsidiaria en propiedad Compañía Minera Dolores SA de CV, se estableció en 1994 en el ejido Huizopa y gradualmente se apoderó de cientos de hectáreas de tierras ejidales.
En el año 2006, firmaron un contrato de usufructo por mil 200 hectáreas que, señalan las y los ejidatarios, resulta inequitativo pues establece sólo obligaciones para ellos y derechos exclusivamente para la empresa.
Además, las contraprestaciones económicas que se asientan en el contrato no tienen correspondencia con las ganancias que la empresa minera obtendrá, ya que Minefinders se comprometió a entregar 39 millones de pesos como única exhibición económica durante los 16 años de su explotación minera, en tanto que las ganancias estimadas por la empresa ascienden a más de 3 mil millones de dólares debido al alza de los metales preciosos en el mercado internacional.
Por tanto, las y los ejidatarios del núcleo agrario de Huizopa, acompañados por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) y otras organizaciones, han iniciado una campaña de cartas y reitera su disposición de diálogo responsable y transparente, antes de que se genere mayor polarización.
Acompañaron a las y los ejidatarios el diputado local Víctor Quintana; el diputado federal José Guadalupe Rivera Rivera, e integrantes de Prodesc.
08/GG/CV
