En un recuento de su lucha en pro de las radios comunitarias, Aleida Callejas, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), recuerda que luego de vivir en las comunidades indígenas y conocer la forma como operan las radiodifusoras que dirigen conoció «otro mundo».
A través de la costumbre e imaginario indígena entendió que el manejo de la información es muy perverso por parte de los «mestizos» quienes como dueños de las empresas de comunicación no permiten que puedan participar las mujeres y hombres líderes indígenas.
En entrevista con Cimacnoticias habla de esta experiencia y de cómo fue señalada como «enemiga del Estado» por Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), en una reunión durante la reciente visita de la Misión Internacional, integrada por organizaciones comprometidas por la lucha de la libertad de expresión y la integridad de los periodistas en el mundo.
Posteriormente, la Misión envió una carta a la Presidencia de la República para denunciar la acusación hacia Aleida Calleja y el trato contra ella de parte del Subprocurador, hasta ahora no han obtenido una respuesta.
Al concluir la entrevista, Aleida Callejas advirtió sobre la criminalización del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México.
«Se viene un momento de endurecimiento en el que el tema de la libertad de expresión está en riesgo, y el tema del derecho a decir, a opinar, a expresar y a debatir está en peligro», subrayó.
RADIO COMUNITARIAS, SU PROCESO
— ¿Cómo iniciaste tu trabajo en este tema?
— Mi primera experiencia fue como directora de la radio comunitaria en Cuetzalan, Puebla, donde tuve que enfrentarme a ser aceptada, que mis decisiones fueran tomadas en cuenta y respetadas, por el simple hecho de ser joven y mujer.
«Luego me fui a trabajar con las refugiadas guatemaltecas en Chiapas, involucrándome con las bases zapatistas y corroborar que los medios en estos lugares carecían de ética.
— ¿Cómo es la participación de las mujeres en las radios comunitarias?
— En México existe una red de mujeres de las radios comunitarias, no obstante su presencia y participación de ellas es muy baja, tanto en los ámbitos urbanos, campesinos e indígenas. Hay mujeres indígenas directoras de radios comunitarias, representantes legales, pero hay que traspasar los usos y costumbres de la comunidad, lo cual no es nada fácil.
«Conocí en 1992 en la Amarc en la Asamblea Mundial en Oaxtepec, ahí vi las experiencias de las radios comunitarias de Australia, Asia, África, Canadá, América Latina entre otras y a partir de ahí empecé a involucrarme más en el tema.
«Para el 2002, en el primer proceso democrático de Amarc, por primera vez fui elegida la representante de esta asociación en América Latina por medio de votación y me convertí en la Vicepresidenta, dando comienzo a una lucha por la legitimización de las radios comunitarias en México».
— ¿Que procesos han pasado las radios comunitarias a partir de ser la vicepresidenta de Amarc?
– En el 2002, con el festival de los medios comunitarios y ciudadanos que hizo Amarc nuestro objetivo fue salir de la marginalidad, ponernos de cara a la sociedad y exigir una ley que nos reconociera. No era que las radios comunitarias fueran ilegales sino que el Estado no nos dejaba ser legales.
— ¿Cuáles fueron las primeras luchas ganadas?
— Se pusieron sobre la mesa puntos interesantes. El primero fue el tema de los medios de comunicación en el ámbito de los derechos humanos, que nadie lo veía así. El otro fue seguir una estrategia jurídica de principio a fin, obligando por primera vez a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a definir criterios, lo cual nos llevó a ganar varios permisos para las radios comunitarias.
— ¿Qué permitió esto?
— Que las comunidades indígenas, por primera vez en la historia del país, fueran dueñas de sus propios medios de comunicación y no sólo a través del Instituto Nacional Indigenista, donde el permisionario es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y no la comunidad».
Al preguntarle acerca del número de radios comunitarias que hay actualmente en el país, responde entre risas «es la pregunta del millón, en realidad es imposible saber cuántas hay en el país».
Y agrega, «permisionadas, que el Estado reconoce como sujetas de derechos son 13, reconocemos después unas 15 ó 20 máximo, por otro lado hay radios que son religiosas que como tal no son comunitarias, otras más son empresas familiares, hay emisoras que no tienen real claridad de a quién pertenecen, unas que son locales y nunca se han planteado si son comunitarias».
AGRESIONES
— ¿Cuántos ataques y muertes de periodistas se han registrado en las radios comunitarias?
— Sólo las dos compañeras triquis, Félicitas Martínez y Teresa Bautista, que fueron asesinadas. Desapariciones ninguna que se tenga denuncia o conocimiento, lo que si existen son varias agresiones, especialmente en Oaxaca tenemos una agresión e intento de homicidio de la autoridad municipal en contra de reporteros y un caso de tortura, también un caso de cierre de una radio comunitaria en la sierra mazateca a mano armada por grupos del PRI, y amenazas de muerte en caso de la Voladora Radio y muchas más amenazas.
— La participación de Amarc en la visita de la Misión Internacional a México ¿permitió crear estrategias para salvaguardar la vida de periodistas y su desempeño profesional?
— Este trabajo se hace desde hace algún tiempo, en especial Oaxaca que tiene una práctica política generalizada de mucha confrontación, donde tratamos que el trabajo de la radio sea un espacio de mediación, en la profesionalización del ejercicio periodístico y sobre todo meterle un peso de género.
«Porque las que resultan más heridas y más afectadas son las mujeres ya que se enfrentan a su comunidad como madres, hermanas e hijas y la protección que se les debe de proporcionar en medio del conflicto debe de ser distinta, por ahora estamos trabajando por el periodismo de paz».
— ¿Qué pasa con la libertad de expresión de las radios comunitarias?
— En las radios comunitarias que están muy cerca del crimen organizado y el narcotráfico como las radios de Michoacán, Sonora, Jalisco, que se tienen que enfrentar a un poder fáctico más fuerte que el Estado hay mucho cuidado con las líneas editoriales. Se practica mucho la autocensura, una práctica generalizada.
«Por ello, es necesario hacer más aliados, ayudar a la articulación de periodistas, que en general reconozcan a mujeres y hombres periodistas comunitarios como profesionales, generar canales de interlocución, alianza con organizaciones y redes de periodistas, involucrar a más radios comunitarias y otros tipos de pluralidades».
— ¿A que atribuyes la declaración del subprocurador Juan de Dios Castro, llamándote «enemiga del Estado»?
— Es un signo de muchas autoridades del Gobierno federal y estatal que ven a quienes somos activistas sociales como enemigos. Es una declaración severa ya que es el encargado del área de derechos humanos, la máxima instancia de justicia del país, y si él ve así al activismo social, imagina cómo lo ven los demás, por eso esta el país como está, además la terrible misoginia, porque aparte me dijo que me tiene consideración porque era mujer.
— ¿Cómo te sientes por la declaración del Subprocurador hacia tu persona?
— Me sentí amenazada, me preocupa porque es gente que tiene todo el poder y todo el aparato del Estado para hacer algo, no necesariamente pueden ir en contra de mí, sino de las radios comunitarias.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Ante el acoso a comunicadores por parte del crimen organizado y de servidores públicos, durante la mesa de análisis «Libertad de Expresión, Derechos Humanos y Ciudadanía en México 2008», organizada el pasado 6 de julio por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se hizo un llamado urgente a priorizar la agenda política y la de derechos humanos.
En su participación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, se pronunció por priorizar una agenda política nacional que garantice el ejercicio de la libertad de expresión, y porque el sistema de procuración de justicia investigue y sancione las agresiones a periodistas.
De ahí la necesidad, dijo, de establecer normas acordes para garantizar el ejercicio ciudadano a la comunicación, como el de las radios comunitarias, porque «hoy existe regulación sobre ellas, pero para obstaculizarlas».
Resaltó la lucha de la sociedad civil en el sexenio anterior para avanzar en el registro de las radios comunitarias y alertó: «En el actual sexenio se están dando claras señales de retroceso en esta materia, y eso es muy preocupante».
08/ST/CV
