Durante el Foro que realizó el Congreso local para analizar las iniciativas de Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, organismos de la sociedad civil (OSC) e instituciones coincidieron en que debe rechazarse la mediación y conciliación en casos de violencia contra las mujeres, que la alerta de género no sea una atribución del Gobierno estatal ni de los municipios y que los centros de atención a la violencia no sean responsabilidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En cambio, hubo al menos 20 propuestas distintas para favorecer las cuatro iniciativas que ahora analizan las comisiones conjuntas de Administración de Justicia y de Equidad y Género –tres de ellas presentadas por igual número de instancias del Poder Ejecutivo y una por el Partido Convergencia por la Democracia–, así como cinco modificaciones a leyes estatales específica y una petición al Gobierno federal que busca modificar la Ley Agraria y «resolver la problemática de las mujeres del campo».
Durante cinco horas, integrantes de diferentes OSC, ciudadanas independientes y representantes de los gobiernos federal, estatal y del Municipio de Oaxaca de Juárez, presentaron propuestas, tras rechazar el «formato» que el presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, el panista Alfredo Ahuja Pérez, había anunciado al señalar que no habría intervenciones verbales sino «por escrito».
Las representantes de las organizaciones señalaron que el foro había sido concebido como una forma de hacer escuchar las voces de las mujeres oaxaqueñas y demandaron ser oídas. La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Perla Woolrich, sostuvo que «las mujeres siempre entorpecen el trabajo en lugar de agilizarlo», lo que provocó el disgusto de las asistentes reunidas en la sala de exposiciones del edificio de San Raymundo Jalpan.
Ahuja Pérez rectificó y ofreció tres minutos por intervención posterior a las ponencias, lo que fue aceptado, al tiempo de que la representante del Colectivo Huaxyacac, Anabel López Sánchez, exigió a la diputada del PAN una disculpa por su dicho, al señalar que la contribución de las organizaciones ha sido para avanzar. La diputada se excusó y aseguró que había sido interpretada de manera subjetiva.
Durante el acto, «Carmen» y «Elizabeth» presentaron sus testimonios de violencia institucional. La primera demandó que esta ley sancione a los funcionarios públicos que obstruyen la justicia, luego de advertir que su cuñado Javier Jiménez Herrera, subsecretario de Gobierno, ha protegido a su agresor, por lo que pidió que la ley sea algo más que discursos políticos o partidistas. «Su decisión puede salvar muchas vidas, las leyes se pueden corregir, después de la muerte no se puede hacer nada».
Elizabeth refirió que desde hace dos años fue discriminada por carecer de cabello «y dar mal aspecto», por este hecho su jefe inmediato fue sancionado sólo por tres meses, en tanto ella sólo «labora» los jueves de 10 a 12 horas, «me congelaron cuando me considero una mujer útil, porque me preparé para trabajar, estudié una carrera», apuntó la empleada estatal, quien al igual que Carmen destacaron su temor ante posibles nuevas represalias.
LAS PROPUESTAS
Entre las propuestas presentadas destacan que los municipios reciban de la Federación el presupuesto para atender la violencia de género, la coordinación entre las organizaciones e instituciones que atienden la violencia, un registro de datos estadísticos, más recursos y facultades para las instancias que procuran justicia y, de manera específica, para la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer.
Todas coincidieron en la urgencia de armonizar los códigos Civil y Penal; una defensoría de oficio especializada o defensoría jurídica para las mujeres; refugios y apoyos, así como acciones positivas para las mujeres que tienen que recurrir a estos lugares; sancionar y al mismo tiempo dar tratamiento a los maltratadores; espacios de atención adecuada, sensibilización y capacitación a operadores jurídicos, criterios claros de evaluación de la gestión que realizan las instituciones y evaluación para conocer el impacto que esta nueva ley tendría entre las mujeres.
Entre las propuestas legislativas destacan la reforma al Artículo 404 del Código Penal que el término violencia de género no sea limitante de un espacio, accesibilidad a las mujeres al ejercicio de su derecho a la interrupción del embarazo previsto en el Código Penal en caso de violación, aumento de la edad mínima para contraer matrimonio en mujeres y hombres y que ahora es de 14 y 16 años, respectivamente.
Adición al código civil en su capítulo X, referente al divorcio para que sea exigible la indemnización justa y se reconozca el trabajo de las mujeres en el hogar y el cuidado de sus hijos, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas sea aprobada por el Congreso y no por el gobierno estatal, como señala la iniciativa del Ejecutivo.
Que la ley estatal que se expida defina la violencia feminicida remitiéndose a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia. Y que el Código Penal, en términos del Artículo 49, fracción XX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se tipifique el feminicidio como delito cuando una conducta vaya más allá de la simple privación de la vida, como sucede con el homicidio agravado.
RESPONSABILIDAD ÉTICA
En su intervención la representante del Colectivo Huaxyacac presentó la situación de violencia de género que viven las oaxaqueñas: más de 60 homicidios de mujeres por año, como los recientes asesinatos de las locutoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista, la desaparición de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez en la misma región, además de los altos índices de violencia sexual, que ubican a Oaxaca entre los primeros sitios en el ámbito nacional.
Anabel López Sánchez sostuvo que el Colectivo Huaxyacac no va a legitimar la aprobación de alguna ley, si las y los legisladores no garantizan que con ella habrá una vida libre de violencia para las mujeres. «No es posible que las mujeres sigan siendo asesinadas y que las y los diputados no asuman su responsabilidad con ética».
La titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Norma Reyes, reconoció a las y los legisladores locales que reformaron el Artículo 12 Constitucional y elevaron a ese rango el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; prohíbe la trata de personas y la posibilidad de investigar la paternidad, «un hecho que pasó inadvertido».
La funcionaria rechazó a la conciliación y mediación como forma para resolver la violencia de género, ya que restringe el derecho a la seguridad y a la igual protección ante la ley y a su derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, frente a la violación de su derecho a la integridad física y psíquica. Además de existir un desequilibrio de poder entre las partes.
Como lo habían propuesto Huaxyacac, la Fiscalía y el Instituto Municipal de las Mujeres, Reyes Terán también señaló que corresponde al gobierno federal declarar la alerta de género y rechazó ésta como atribución del gobierno estatal o municipios, pues «equivaldría a autoincriminarse» considerando que la violencia feminicida implica la inexistencia del Estado de Derecho, el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad.
El IMO propuso desde enero de 2007 la primera iniciativa para armonizar las leyes locales y crear una Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por ello apuntó: sí no quieren creer en nuestras propuestas no lo hagan, pero no dejen de estudiar la legislación internacional sobre este tema.
Reyes Terán sostuvo que «a lo largo de los años, hemos tenido que lidiar con voluntades pequeñas de personas de grandes poderes y viceversa, personas sin poder pero cargadas de voluntad. Hemos aprendido que para enfrentar este fenómeno se requiere de decisiones políticas de altura, que sólo se logran con voluntad».
RECURSOS
La fiscal para la Atención de delitos por violencia de Género contra la Mujer, Ileana Araceli Hernández Gómez, hizo hincapié en la importancia de etiquetar recursos para evitar que estos disminuyan como sucedió a nivel federal entre 2006 y 2007 y advirtió que aun cuando se considera la violencia familiar como causal de divorcio, existen obstáculos para una aplicación positiva, cuando se exige a las mujeres expresar pormenorizadamente los hechos, precisando tiempo, modo y lugar.
Nuestras consideraciones no parten del discurso sino de la práctica, pues sabemos que la realidad de cientos de mujeres supera a la ficción, sostuvo la Fiscal quien planteó estrategias integrales que modifiquen la vida de las mujeres violentadas desde su entorno básico.
La directora del Instituto Municipal de las Mujeres del gobierno capitalino, Silvia Bustamante, aseguró que Oaxaca de Juárez es el municipio de la entidad con más alto índice de violencia, lo anterior basado en los datos que arrojó un diagnóstico que señala que el 25 por ciento de las mujeres encuestadas –no dijo de cuÁntas—sufren violencia psicológica, 16 por ciento padece violencia física y 14 por ciento violencia sexual.
En ese sentido planteó la urgencia de la ley, ya que Oaxaca junto con Tabasco son los únicos estados de la región sur-sureste del país que no cuentan con una Ley para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
La regidora de Equidad y Género, Bárbara García Chávez, demandó que los municipios cuenten con instancias propias para la atención de la violencia de género y regidurías de equidad y género, rechazó que los centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar estén en manos del DIF, pues no se trata de actos asistenciales sino del ejercicio de los derechos de las mujeres, rechazó la conciliación y mediación y reformas para que la violencia intrafamiliar no se sujete a un determinado ámbito espacial.
En su momento, Zoila José Juan, representante del Centro de Derechos Humanos Naxwiin, con sede en Guichicovi, en la región del Istmo de Tehuantepec, pidió a las y los diputados «bajar de nivel» y entender lo que sucede con las mujeres violentadas en las zonas indígenas, que haya presupuestos etiquetados, traductoras en los centros de atención.
Rogelia González, del Grupo de Mujeres «8 de Marzo», de Juchitán de Zaragoza, se refirió al machismo que sigue presentándose en las instituciones de salud, educación y otras, y coincidió con Adriana Cadozo Linares, responsable del Centro de Atención a la Violencia en Tuxtepec, en que estos refugios operan pese a la falta total de apoyo del Gobierno.
En el evento estuvieron presentes seis de nueve diputadas y todas las integrantes de la Comisión de Equidad y Género, Eva Diego, Claudia Silva y Francisca Pineda, exceptuando a Sofía Castro Ríos, del PRI.
08/SJE/GG/CV
