«No somos un peligro, estamos en peligro», señala Erika Llanos Hernández al referirse a la situación en que vive un millón 931 mil 053 adolescentes y jóvenes, de entre 12 y 24 años en el Distrito Federal, cuya población llega a 8 millones 720 mil 916 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).
Erika está a cargo de la capacitación en Cauce Ciudadano, asociación civil donde trabajaba Iris Tapia Barragán, de 16 años, fallecida, junto con otros 9 jóvenes, en el operativo policíaco en la discoteca New’s Divine, en la colonia Atzacoalco, de la delegación Gustavo A. Madero (GAM), el pasado 20 de junio.
Indignada por esta pérdida y lo ocurrido en el «antro», dice que el operativo evidenció la necesidad de políticas que incluyan la perspectiva de las y los jóvenes, «que desde hace tiempo hemos pedido, pero por desgracia ¡nunca se nos ha escuchado! Hoy tenemos las consecuencias».
El caso Divine destapa el nivel de agresión que vivimos las mujeres jóvenes por parte de las autoridades y que no se había visibilizado», dijo a Cimacnoticias Perla Vázquez, de Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Lo confirma también el relato de Ale, adolescente víctima de abuso sexual a manos de los policías y publicado por el semanario Quehacer Político: «Nos dijeron: quítense sus falditas, sus shortcitos, sus blusitas, es para chequeo de rutina».
En el Sector Pradera, a donde trasladaron a adolescentes y jóvenes que estaban en la Divine, separaron a mujeres y hombres: «Varios uniformados nos ordenaron desnudarnos para que el médico legista nos revisara».
El policía Alejandro Garduño ordenó a sus subordinados que les tomaran fotografías, finalmente las marcaron. «Fue asqueroso, los hombres te acariciaban la mano mientras te pintaban un número con un plumón, luego, los ‘médicos’ nos decían: date otra vueltecita, mamacita».
Además de la humillación y vejaciones, dice Ale, «nos exigieron que les entregáramos celulares, relojes, cadenas y el poco dinero que nos quedaba». Fuimos tratadas como criminales durante el trasladado del antro al Sector Pradera, en el norte del DF.
CRIMINALIZACIÓN
A partir de la tragedia, donde murieron asfixiadas 12 personas, 9 de ellas jóvenes, «voltearon a ver a los jóvenes y sus necesidades. Antes los miraban, pero como delincuentes», dijo Erika Llanos, de Cauce Ciudadano, con 8 años de trabajo con jóvenes de la GAM.
La GAM es la segunda delegación, de las 16 que integran el DF, con mayor población de 15 a 24 años. En 2005, según el INEGI, vivían ahí, en colonias populares, 205 mil 973, donde sufren violencia policíaca, detenciones arbitrarias y revisiones, el pan de cada día», dice Llanos.
Las agresiones policíacas obedecen a «una creciente criminalización de la juventud, por su condición socioeconómica y de minoría de edad, a la que se suma la ausencia de una política integral para ella», asevera el Consejo Iberoamericano de Investigación en Juventud (CIIJ), grupo académico que analiza y propone sobre los fenómenos juveniles desde hace quince años.
Las múltiples vejaciones y la muerte de adolescentes y jóvenes en el operativo policíaco añaden al tejido social del DF una nueva cicatriz, innecesaria, dice CIIJ. «Lo sucedido atañe al ámbito local y al país en su conjunto».
LA CALLE
Con su experiencia «de calle» con adolescentes y jóvenes, Llanos asegura que las escuelas son un factor protector para este sector, pero «cuando abandonan los estudios quedan en una situación de riesgo mayor que quienes continúan su educación».
Según el INEGI (2005), del millón 505 mil 921 adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años en el DF, 753 mil 878 no asisten a la escuela y de ellos 373 mil 217 son mujeres. El 1.9 de las y los estudiantes no concluye la primaria, 10 por ciento deserta en la secundaria, 25.6 en el nivel técnico profesional y 16.2 en el bachillerato.
En la GAM 51 por ciento de adolescentes y jóvenes, de 15 a 24 años, no asiste a la escuela. Las más expuestas a la exclusión educativa son mujeres jóvenes con al menos un hijo, población que habla lenguas indígenas, mujeres económicamente activas y las y los jóvenes con alguna discapacidad.
Aún en las escuelas, adolescentes y jóvenes corren el riesgo de involucrarse o ser agredidos por asociaciones delictivas, como los «porros», estudiantes dirigidos por ex alumnos pagados por políticos o autoridades de las escuelas, que fomentan la violencia entre estudiantes, robos y consumo de alcohol y otras drogas.
La GAM, reportó el suplemento Masiosare de La Jornada (junio 6, 2004), apoyaba económicamente este tipo de organizaciones en la Preparatoria 9 y el CCH Vallejo de la UNAM.
PERSONAS PROBLEMA
«Me gustaría que el gobierno pensara más en nuestras necesidades, que hubieran más espacios culturales y deportivos», dice a Cimacnoticias Daniela, de 18 años, recién egresada de la Preparatoria 6 de la UNAM.
Los programas del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México dirigidas a jóvenes capitalinos son deficientes, sobre todo porque insisten en verlos como «personas problema», dice el Informe sobre las violaciones a derechos humanos en New’s Divine, de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Programas federales, como Escuela y Mochila Segura y el examen antidoping relacionan a esta población con «conductas asociadas a delincuencia, embarazos no deseados, consumo de drogas y deserción escolar, lo que lleva a la estigmatización de la juventud», agrega.
«Después de ahogado el niño, tapan el pozo», reclama Daniela al enterarse que continuarán las tardeadas en la Divine en las próximas semanas, sin venta de alcohol y con la supervisión de un comité, integrado por padres de familia.
Luego de la tragedia, el GDF clausuró, por considerarlos establecimientos de «alto impacto», 13 cantinas, bares, restaurantes, billares y cafeterías que no cuentan con salidas de emergencia, extintores y medidas de seguridad.
08/GCJ/GG
