La sexualidad de las mujeres, la autonomía de decisión sobre sus cuerpos, están formalmente aseguradas en Argentina dentro del conjunto de derechos humanos garantizados por los tratados incorporados a nuestra Constitución. Aunque hace años que las mujeres dejamos de formar parte –junto a menores de edad e incapaces– de los sujetos bajo tutela, en lo que respecta a nuestra sexualidad se pretende seguir manteniéndonos en una minoría de edad perpetua.
Nuestras decisiones son rechazadas o ignoradas por el sistema de atención de salud –dicho sea de paso, principalmente en manos masculinas– imponiendo sus preferencias, judicializando innecesariamente lo que debería formar parte de la responsabilidad médica, pidiendo consentimiento a los varones sobre prácticas que afectan el cuerpo de las mujeres, preservando así el sistema de control patriarcal sobre nuestra sexualidad y enajenando nuestra autonomía.
La moral dogmática, fundada en la fe y respetable como adhesión voluntaria, pretende transformarse en ley impuesta a toda ciudadana. Como parte de la maquinaria de control, desde la justicia se transforma el pecado en delito y se reprime con la fuerza pública, convirtiendo la garantía constitucional de un Estado laico en justicia teocrática.
Si desde el Estado –a pesar de la obligación de garantizar los recursos que permitan a las mujeres realizar sus propios planes de vida en lo que respecta a la reproducción– se niega acceso a la anticoncepción, nos obligan a una de tres salidas: abstinencia sexual, maternidad forzada o aborto. Las tres violan nuestra libertad, resienten nuestra salud concebida de modo integral, y una de ellas puede conducirnos a la muerte.
Cuando las feministas piden «anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir», lejos de manifestarse «a favor» del aborto, señalan el camino para evitarlo, y para detener la complicidad hipócrita con muertes evitables que castigan sistemáticamente a mujeres pobres, principalmente adolescentes o madres de varias hijas e hijos. Se trata de una consigna profundamente humanitaria.
Mantener penalizado el aborto no impide que se realice, como bien lo grita la cifra oculta de nuestro país, pero constituye una formidable amenaza que obliga a la clandestinidad. El hecho de que casi nunca sea realmente penado, muestra la inequívoca voluntad de control que alimenta su criminalización. El negocio que florece tras la clandestinidad constituye un traspaso inmoral de recursos a manos de quienes aceptan en privado lo que no admiten en público.
El derecho a la vida, en general, desde el momento de la concepción (como lo establece la Convención Americana por los Derechos Humanos) implica que el Estado debe protección y amparo desde el inicio de la vida misma. Pero no implica que deba penalizar siempre el aborto. Cuando una mujer está dispuesta a correr riesgo de muerte para interrumpir un embarazo no deseado, puede suponerse el sufrimiento insoportable que la maternidad forzada implica. En muchas de estas decisiones la mujer sabe, por experiencias anteriores, que de continuar ese embarazo, deberá enfrentar sin el amparo del Estado y muchas veces sola lo que devenga. El mismo Estado que incumple y ha violado previamente sus derechos, es el que amenaza penalizarla.
La consideración del valor moral de un embrión, siendo un problema ético de importancia, no es aquí relevante. La decisión de abortar es un obvio conflicto entre dos males, en el que las mujeres realizan un gesto desesperado de defensa de su vida y su integridad. Donde afirman para sí mismas la trascendencia como personas y la dignidad humana que la sociedad les niega. No aceptan inmolarse, y eso escandaliza. Obligar a una mujer a continuar un embarazo no deseado, pretendiendo argumentos morales, es obligarla a un acto heroico, supererogatorio, que puede ser objeto de admiración cuando alguien lo asume desde su propia decisión, pero que de ninguna manera puede ser exigido como una obligación moral.
La muerte materna, según todos los estudios y experiencias, se evita drásticamente con medidas de salud adecuadas, educación y acceso a la anticoncepción. Eso no cuesta más dinero, es una decisión política. Nuestro país está obligado a estas medidas, y las incumple. La altísima cifra de muertes constituye un femicidio silencioso por parte del Estado; que ignora además que las mujeres, lejos de ser meros lugares donde la concepción ocurre, tenemos también derecho a la vida en primera persona.
* Filósofa feminista. Diputada de Alternativa para una República de Iguales (ARI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Texto publicado por la Red Informativa de Mujeres de Argentina (RIMA) y difundido por Isis Internacional en el Paquete Informativo: Vidas Perdidas de Mayo, 2008.
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