La madrugada de hoy, aproximadamente a la 4 de la mañana, personal de la Procuraduría de Justicia de Veracruz intentó exhumar sin la presencia de testigos y familiares el cadáver de Susana Xocua Texoco, anciana nahua violada y asesinada en mayo pasado en la Sierra Zongolica, hallada en un maizal con visibles muestras de tortura y abuso sexual, pero a quien las autoridades atribuyeron una muerte «natural».
Apenas el sábado pasado, la Procuraduría estatal había informado a la familia de Susana Xocua Texoco y a la comunidad que se cancelaba la exhumación y necropsia programada para el día de hoy porque era imposible determinar las causas de la muerte de la anciana debido al avanzado estado de descomposición.
La necropsia había sido solicitada tanto familiares como la comunidad indígena de San José Providencia, debido a que no estaban conformes con lo dicho por las autoridades locales respecto a la muerte natural y a que no realizaron una autopsia al cadáver.
En la exhumación participarían observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), solicitados por familiares y habitantes del lugar, inconformes con la actuación de las autoridades.
Desconfían también porque conocen de casos similares a los de Susana Xocua, como el de la señora Ernestina Ascencio en la misma sierra de Zongolica, muerta a causa de la violación sexual cometida por soldados, pero a quien las autoridades atribuyeron una muerte por gastritis.
Otros dos casos también parecidos son la violación y homicidio de Adelaida Amayo, de San Juan Texhuacan y de Anastacia, de Cruz Verde, municipio de Los Reyes, también indígenas de edad madura, ocurridos en la misma sierra.
El subprocurador de Asuntos Indígenas, Rubén Darío Mendiola, había adelantado que de realizarse la exhumación no se permitiría ni en este u otro caso la presencia de representantes políticos, pues se trataba de una diligencia ministerial exclusivamente.
Pero el intento de exhumación perpetrado hoy en la madrugada por la Procuraduría, con lo cual pretendía reforzar su dictamen inicial, fue impedido por los pobladores de la comunidad de San José Providencia, que al percatarse de la situación no dejaron que los funcionarios y empleados llegaran al cementerio y resguardan hasta estos momentos la tumba de Susana Xocua.
No aceptan, dicen, la «profanación» de la tumba y que sin testigos se practiquen los estudios para reforzar como natural la causa de muerte, cuando hubo muestras visibles de tortura, abuso sexual y violencia en el caso de la muerte de la mujer.
NUEVA PROCURADURÍA, MISMA INTENCIÓN
El recién designado procurador de Justicia del estado, Salvador Mikel Rivera tenía el encargo del gobernador Fidel Herrera Beltrán de retomar el caso de Susana Xocua, la cual, de acuerdo a versiones de sus familiares y más de 250 lugareños que vieron semidesnudo el cadáver de la indígena de 64 años, presentaba rastros de violación, sangre y muestras claras de tortura.
Sin embargo, sin que se le haya practicado autopsia, las autoridades judiciales de la zona serrana fundamentaron la muerte como una causa natural, dictaminando «cistocele estrangulado y por el consumo de hierbas venenosas», lo que motivó que familiares y la comunidad indígena exigieran esclarecer la muerte de la mujer, desaparecida 24 horas antes del hallazgo de su cuerpo, el pasado 25 de mayo.
Según su historial médico del Programa Oportunidades, Susana Xocua era una mujer sana que acudía regularmente a revisiones médicas. Por eso la versión de las autoridades no los convenció, además de que fueron testigos de las condiciones en que fue hallado el cuerpo.
De ahí que las y los pobladores solicitaron, a través del secretario de Asuntos Indígenas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Carlos Mezhua Campos, la presencia de médicos legistas de la UNAM, así como de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Enterados de que este martes 15 de julio se realizaría la exhumación del cadáver para la práctica de la necrocirugía, la comunidad y los familiares se dieron a la tarea del resguardo del entorno, mientras que la PGJ de Veracruz solicitaría los permisos sanitarios y ante la PGR para la exhumación del cuerpo. Incluso, la semana pasada, personal de la Procuraduría estatal supervisó el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la mujer.
Sin embargo, de manera sorpresiva, la Directora de Servicios Periciales de la PGJE anunció a la familia que no se exhumaría el cuerpo, pues aseguró que técnicamente sería difícil determinar las características de la muerte de Susana Xocua debido al avanzado estado de descomposición del mismo.
Y hoy por la madrugada, amparada en la oscuridad de la noche la Procuraduría de Justicia del estado intentó en vano exhumar el cadáver.
JUSTICIA A MODO
Apenas el lunes pasado, al menos 3 mil personas de las comunidades campesinas de la Sierra Zongolica y de todo el estado realizaron una movilización en la capital del estado, misma que fue replegada por granaderos de Seguridad Pública estatal fuertemente armados.
Las y los campesinos exigieron el esclarecimiento de los feminicidios ocurridos en la Sierra Zongolica, en particular los casos de violación y homicidio de las mujeres indígenas adultas y adultas mayores Ernestina Ascencio, de Atzompa; Adelaida Amayo, de San Juan Texhuacan; Susana Xocua, de Zongolica, y Anastacia, de Cruz Verde, municipio de Los Reyes.
Las y los manifestantes, quienes intentaron llegar a palacio de Gobierno para exigir un diálogo con Fidel Herrera Beltrán, expusieron a través de uno de sus dirigentes, Julio Atenco Vidal, que a pesar de que la muerte de estas cuatro mujeres se da en circunstancias muy similares, en donde el abuso sexual y la tortura estuvieron presentes, las autoridades judiciales justificaban como causa natural su muerte, lo que denota que no hubo un interés de las autoridades judiciales para esclarecer los crímenes en regiones de extrema pobreza.
Cabe destacar que suman ya 300 feminicidios en Veracruz durante este 2008, tratándose principalmente de mujeres indígenas cuyas muertes se encuentran impunes, como también se observa impunidad en los más de mil casos de violencia denunciados ante las autoridades competentes.
UN CASO DIFERENTE
Otro caso homicidio contra una mujer, pero muy diferente al de las indígenas nahuas es el de la joven Karina Reyes Luna, secuestrada el pasado 12 de junio y aparecida muerte tres días después en los límites de Puebla y Veracruz. Era hija del prominente empresario de la educación Luis Reyes Larios y sobrina del arzobispo de Xalapa Hipólito Reyes Larios.
El homicidio tuvo repercusiones incluso internacionales. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos del Vaticano se sumó, a través de un comunicado, a los prelados de México exigiendo al gobierno de Veracruz el esclarecimiento de la muerte de la joven.
La presión de la comunidad acaudalada y la falta de resultados en la investigación, obligó al Gobernador a destituir al procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, y al secretario de Seguridad Pública, Juan Manuel Orozco Méndez, porque buscaron chivos expiatorios y sembraron evidencias.
El Gobierno estatal designó un fiscal especial para el caso y ordenó un impresionante despliegue policíaco por aire y tierra con la participación de un grupo especial antisecuestros coordinado con policías ministeriales, estatales, municipales y dependencias federales, supervisados por el Secretario de Gobierno y el nuevo procurador Salvador Mikel Rivera, quienes trabajan día y noche para resolver el caso.
Sin embargo, a más de un mes de la muerte de Karina, los mínimos avances en la búsqueda de culpables le han significado también al gobierno de Veracruz una critica permanente por parte de las iglesias católica y evangélica, quienes denuncian la ola de violencia que se vive en Veracruz y la ineptitud de las corporaciones de seguridad por salvaguardar la tranquilidad de las y los veracruzanos.
08/LCM/GG/CV
