Las y los inmigrantes en Italia padecen una política de persecución y explotación propiciada por el gobierno de Silvio Berlusconi, primer ministro reelecto por cuarta ocasión. La deportación sumaria es una preocupación constante de ellas y ellos, a pesar de representar un factor económico importante en este país.
El propio gobierno italiano ha reconocido que las y los indocumentados inciden en un 6.1 por ciento en el Producto Interior Bruto (PIB), pagando alrededor de mil 870 millones de euros en impuestos.
Incluso el presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, ha reconocido la contribución decisiva de la población inmigrante aceptando que el país se paralizaría sin su presencia.
Sin embargo, nadie en el gobierno reconoce que los «sin papeles» se ocupan en los menesteres más difíciles, que se realizan a cualquier hora, con jornadas prolongadas, sin seguridad social y salarios debajo de la norma.
Las mujeres son las primeras en encontrar empleo, pero son las peor pagadas; van de puerta en puerta implorando les den trabajo y ante el fracaso son presa de mafias que las regentean.
Las inmigrantes, por su falta de preparación, están destinadas a cierto tipo de empleos: trabajo doméstico, limpieza de hoteles, meseras o afanadoras en restaurantes o realizando trabajo en la agricultura. Reciben igual o menos paga que los aprendices varones.
El promedio de su salario oscila entre los 500 a 700 euros mensuales. A ellas se les contrata más pronto que a los hombres, sobre todo si son jóvenes, porque no protestan y su trabajo es muy productivo. Si son madres solteras se les amenaza con ser echadas a la calle si empiezan a faltar por atender a sus hijas e hijos; esta es una forma de control y presión para explotarlas mejor.
En la comunidad europea el salario mínimo todavía no es uniforme, se dan casos como el español que es de 666 euros mensuales, éste representa la mitad del que se percibe en Inglaterra, Irlanda o Luxemburgo. El salario mínimo búlgaro está alrededor de los 100 euros y el rumano en poco más de 200 euros.
La inmigración italiana proviene fundamentalmente de Rumania, Marruecos, Albania y Ucrania, donde los promedios salariales son muy bajos. No hay datos precisos sobre el número de personas sin documentos que actualmente laboran en Italia, al no estar censados por obvias razones, sin embargo se calcula una cifra cercana al medio millón de personas. A ésta hay que sumarle los cerca de 4 millones de «indocumentados regulares» que ya laboran aquí.
A los indocumentados varones generalmente se les contrata en labores de construcción, la cual tiene uno de los índices más altos de accidentes de trabajo. Los ocupan en la agricultura, en las labores de servicio como recolección de basura, cargadores, en hoteles y restaurantes; también sus condiciones son miserables.
INMIGRANTES COMO DELINCUENTES
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta ahora la población indocumentada es ser considerados delincuentes por el sólo hecho de carecer de papeles migratorios.
Existe una iniciativa de ley de Berlusconi que contempla penas de 2 a 10 años de prisión a quién se atreva a cruzar las fronteras italianas sin papeles. También considera castigar a los propietarios de bienes inmuebles que den hospedaje a personas sin documentados.
La propuesta de Berlusconi no ha caído muy bien en la comunidad económica europea, y él ha expresado en su defensa que su «única pretensión» es agravar la pena carcelaria hasta una tercera parte más, sólo si el delincuente es un indocumentado.
De cualquier forma resulta vergonzosa la existencia de este tipo de propuestas que crean animadversión en contra de las y los indocumentados. Se les trata como lo peor de la sociedad. Tienen que salir de su país, las más de las veces arriesgando su vida; ahora por su sola presencia sin pasaporte o permiso de residencia se pretende considerarles como delincuentes.
Berlusconi también ha arremetido contra los gitanos instalados en Italia y ha ordenando realizar un censo de huellas dactilares por considerar que tienen relación con la delincuencia simplemente por su origen étnico. Afortunadamente, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución de condena contra esta práctica y lo ha instado a paralizar estas acciones; sin embargo sus intenciones y prácticas contra los gitanos no cesan.
La población gitana no debe ser considerada indocumentada, pero así se les trata, porque son ciudadanos italianos, y los que no tienen esa nacionalidad también son parte de la comunidad europea; la actitud contra ellas y ellos es inadmisible.
Estos son los escenarios a los que se enfrentan las y los indocumentados en Italia, que son tratados como bárbaros, delincuentes y esclavos del nuevo siglo.
* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
08/MF/CV
