El allanamiento y robo sufrido este fin de semana en las instalaciones de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) es un acto condenable y representa un atentado a la labor de difusión e investigación a los derechos humanos de las mujeres que realiza esa institución.
La sustracción furtiva no solo se limitó a equipos de cómputo, escaners, cámaras digitales, sino también de documentos internos de la institución, información de organizaciones de periodistas dedicadas a temas de género e innumerables archivos digitales de investigación que han representado muchos años de trabajo.
No fue un robo común porque los archiveros de diversas áreas dedicadas a los derechos humanos de las mujeres estaban abiertos y su contenido: papeles y expedientes estaban en el suelo en completo desorden. Los cajones de los escritorios que usan las periodistas de CIMAC estaban revueltos en su interior.
No se llevaron equipos informáticos nuevos, los dejaron a cambio de llevarse equipos más viejos, pero con información sustantiva. Hay evidencias de la revisión, realizada por los delincuentes, de la información que trabaja CIMAC porque algunos de los equipos se encontraron encendidos.
El mensaje era claro: demostrar la vulnerabilidad de CIMAC allanando sus instalaciones y demostrar la incomodidad que les produce las actividades que realiza.
Si se trató de delincuentes comunes y corrientes quienes cometieron el hurto, quiere decir que se están volviendo cultos y selectivos al realizar sus operaciones porque ahora revisan previamente el contenido de los archiveros con información de derechos humanos y al mismo tiempo analizan la información de los equipos de cómputo.
Si los sujetos buscaban información secreta, ésta no existe, porque precisamente la labor de CIMAC ha sido la difusión de los derechos de la mujer en todos los ámbitos. Se llevaron, en todo caso, información sistematizada, que ahora les costará menos trabajo encontrar. Bastaba que acudieran al Centro de Documentación que está abierto para todos los interesados en los temas de la mujer.
La denuncia que ahora conoce la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en el expediente FCH7CUH.6/T2/1195/08-07 tiene la responsabilidad de encontrar a los culpables y ello debe darse en el corto plazo.
No es admisible que haya impunidad en este tipo de acciones se trate de quien se trate. Peritos, Policía Judicial y Ministerio Público de la sexta agencia investigadora del Distrito Federal que conocen del caso y que acudieron a las instalaciones de CIMAC han recabado indicios y deben lograr un resultado positivo. No debe repetirse la historia de expedientes archivados por falta de elementos de prueba.
Es difícil que este tipo de actos intimiden a quienes laboran en CIMAC. El día del robo en cuanto el Ministerio Público permitió el acceso al lugar, las periodistas de la institución de inmediato empezaron a ordenar sus lugares de trabajo e iniciaron labores en los pocos equipos de cómputo existentes. La sorpresa inicial de la noticia del hurto y allanamiento de las instalaciones se convirtió en coraje y mucha fuerza para seguir adelante fortaleciendo el proyecto.
La solidaridad y la respuesta de amigos y organizaciones fue inmediata en cuanto supieron del robo. Los telefonemas de solidaridad y condena no cesaban. Quienes se enteraban de lo sucedido manifestaban que hechos como estos son reprobables y no deben repetirse de ninguna manera.
La impunidad es un llamado a quienes se atreven a cometer este tipo de actos a que sigan ocurriendo. Por ello las autoridades deben tomar acciones para que estos hechos sean debidamente aclarados.
La labor de investigación y de denuncia periodística que realiza CIMAC son actividades que garantiza la Constitución y forman parte de un ejercicio responsable de la libertad de prensa en este país. Son patrimonio de la sociedad entera y ningún sujeto que se esconda en la sombra de la impunidad puede detener estos compromisos.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
08/MFM/GG