El 90 por ciento de las embarazadas en situación de calle no recibe atención médica. «Los servicios de salud del Gobierno no les dan el servicio por su condición. Cuando hay un accidente de una chica embarazada, les da terror a los paramédicos atenderla», afirmó Alejandro Estévez Compean, director de la Fundación Dar y Amor, informó la Agencia NotieSe.
Se les niega el derecho a la salud, a pesar de que llevan un embarazo de alto riesgo por ser menores de edad, consumen frecuentemente estupefacientes y carecen de una higiene adecuada, añadió.
Dijo lo anterior en el foro Salud sexual y reproductiva en poblaciones callejeras: VIH, discriminación y maternidad, llevado a cabo el pasado lunes en la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal, donde especialistas señalaron que este sector de la población mexicana carece de personalidad jurídica; vive apartado de las instituciones; no está reconocido ante el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y experimenta violaciones a sus derechos humanos.
La población callejera está «invisible» para las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva, reconocieron integrantes de organizaciones civiles y funcionarios del Gobierno federal.
Según Alejandro Rodríguez, director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), hasta la fecha hay un registro «muy pobre y poco confiable» acerca de las personas seropositivas en situación de calle.
Se les brinda atención pero no hay cifras concretas debido a que, cuando llega un caso a los servicios de salud, se necesita un domicilio por cuestiones epidemiológicas, de tal manera que se registra la dirección de un albergue o casas de familiares, ejemplificó.
Por su parte, Alejandro Becerra, director de Vinculación, Asuntos Internos y Programas Compensatorios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), aseveró que la situación de las personas que viven en la calle pone de manifiesto la falta de conocimiento que tiene México sobre su población. «Una de las preguntas básicas del censo es ubicar una casa habitación, y cuando no existe, no se puede generar la información correspondiente».
A su vez, Javier Martínez Badillo, en representación de la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH/SIDA, mencionó que la población callejera se enfrenta a la violación sexual, al comercio del cuerpo para obtener satisfactores y al consumo de drogas.
En este contexto, hay nula percepción del riesgo. «Empiezo a tener relaciones sexuales sin protección. Si en la calle difícilmente tenemos algo para comer, difícilmente vamos a tener acceso a condones femeninos y masculinos», expresó.
En entrevista para NotieSe, Juan Martín Pérez García, director de la organización civil El Caracol, dijo que es necesario que el INEGI y el CONAPO reconozcan la realidad de las personas en situación de calle, de tal manera que la incluyan en los censos y estudios sobre la población mexicana, pues derivará en políticas públicas acordes con la problemática.
Este sector socialmente marginado necesita el reconocimiento pleno de su ciudadanía; además de su incorporación en programas gubernamentales. «No hay que esperar a que la población callejera se acerque a los sistemas y diseños institucionales. Hay que modificar los esquemas. Ahora se trata de aproximarse a ellos», consideró.
08/GG
