Aún cuando el Gobierno mexicano ha «privilegiado» la atención de la violencia familiar, en México las mujeres que la padecen no tienen acceso a la justicia ni hay garantías de que contarán con mecanismos de protección expeditos e inmediatos para obtener justicia, señaló Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) sección México.
Al término de la presentación del informe La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia, Violencia familiar en México, el representante de AI insistió en que hay toda una serie de obstáculos para que las mujeres accedan al sistema de administración y procuración de justicia, por lo que hizo un llamado al Estado mexicano a concretar un compromiso público y contundente con el tema más allá del discurso y a asignarle recursos necesarios en los presupuestos de egresos.
Entre los obstáculos, Herrera Aragón señaló la poca seriedad que tanto los Ministerios Públicos como los jueces le dan al tema de la violencia familiar ya que aún continúa considerándose un asunto «privado», lo que disuade a las mujeres de denunciar.
Datos proporcionados por AI, procedentes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), indican que una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física por parte de su pareja y el 82 por ciento de mujeres no denuncia.
«Hay un clima cultural que fomenta la violencia contra las mujeres y cuando esto se refuerza por la impunidad y fallas estructurales en los sistemas de impartición de justicia éste encuentra campo fértil para continuar reproduciéndose», dijo Herrera.
Por ello, hizo un llamado al Estado mexicano a concretar un compromiso público y contundente con el tema más allá del discurso y a asignarle recursos necesarios en los presupuestos de egresos.
LEY GENERAL, INOPERANTE
En opinión de Herrera Aragón, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, es muy amplia y precisa en los tipos y modalidades de violencia, no obstante también se necesitan recursos y medidas para ejecutar la legislación en el nivel federal, que los estados adopten sus propias leyes, que se publiquen los reglamentos y que se armonice la legislación.
En tanto no se haga esto, dijo, continuaremos teniendo una legislación que funciona como una especie de parche, necesitamos que ésta penetre en todo el cuerpo normativo, en códigos penales, civiles y a nivel administrativo, afirmó.
A la fecha, dijo, 10 entidades federativas no cuentan con una Ley de Acceso…, como el Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas, Coahuila, Nayarit y Querétaro. Y únicamente tres tienen Reglamento, lo que dificulta la operación de la ley.
Herrera Aragón consideró que hace falta hacer un trabajo «muy intenso» con Ministerios Públicos y el Poder Judicial, no sólo de sensibilización, sino para que comprendan que es su obligación y responsabilidad la protección de las mujeres y que tengan acceso a la justicia.
Respecto a la no aplicación de la Ley General, el directivo de AI dijo que «es una ley que corre el riesgo de ser letra muerta», por lo que insistió en que tiene que ser utilizada por las autoridades como «el mejor referente» para empezar medidas de realización y por la sociedad civil para comenzar a exigir los derechos de las mujeres.
En este sentido dijo que AI trabajará desde sus diferentes países «para recordarle al Gobierno federal» y a los estatales, que la Ley General tiene que llegar a la vida ordinaria de las mujeres.
EL INFORME
En el documento de 64 páginas, AI destaca que pese a los avances en el ámbito internacional por los compromisos que México ha signado para erradicar la violencia de género, los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente elevados y el impacto real de las iniciativas oficiales aún no es visible.
Señala que una de las causas por las que el problema de la violencia familiar no se aborda «adecuadamente», es porque se considera que es «un asunto privado que debe resolverse en familia» sin que medie la acción del Estado.
Pero para AI, la violencia familiar es una violación a los derechos humanos y el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos de éstas.
El informe es una investigación y entrevistas realizadas entre 2006 y 2007 por las delegaciones de AI en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos y Sonora.
Se hicieron entrevistas a sobrevivientes de más de 20 casos de violencia familiar y a sus familiares y se hicieron entrevistas con personal de los refugios para mujeres.
Cabe recordar que actualmente de los 86 refugios que existen en el país, 36 son operados por la sociedad civil.
La Red Nacional de Refugios, presidida por Margarita Guille Tamayo, denunció en semanas anteriores que los recursos destinados a los refugios en el presupuesto de la Secretaría de Salud sufrieron un recorte por poco más de 50 millones de pesos y, a la fecha, los refugios que atienden a las mujeres que sufren violencia junto con sus hijos no han recibido el dinero para ejercer sus funciones para este año.
087LGL/GG
