A un año de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó su Informe sobre Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) en la Ciudad de México, aún continúa esta práctica tanto en la capital como en el resto del país, afirmó Emilio Álvarez Icaza Longoria, presidente del organismo, por lo que «valorará» iniciar una queja de oficio contra la Procuraduría capitalina por su ineficiente labor en esta materia.
Durante una conferencia de prensa convocada ayer para dar a conocer una iniciativa que reformaría el Código Penal del DF y tipificaría como delito «el consumo de prostitución infantil», el Ombudsman recordó que la cadena de tráfico de inmigrantes y trata de personas, incluida la ESCI, es el tercer negocio más rentable de la cadena del delito, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas.
Álvarez Icaza manifestó su apoyo a la iniciativa, presentada por el diputado local Agustín Castilla Marroquín, y se congratuló porque el tema de la ESCI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) supere las fobias partidarias y obligue a que ocurran más acciones de procuración de justicia.
La iniciativa de Castilla Marroquín, diputado panista, señala que el Código Penal del DF tipifica como delitos prácticamente todas las modalidades de la ESCI, pero existe un vacío legal con respecto a la llamada «prostitución infantil», lo cual ha permitido que los pederastas actúen impunemente y haya un crecimiento en esta deplorable actividad, por lo cual propone que sea delito «el consumo de prostitución infantil».
La ESCI, denunció Castilla, se ha ido incrementando en la Ciudad de México, como han señalado la CDHDF, organizaciones sociales, especialistas e incluso la Oficina de Monitoreo y Combate al Tráfico de Personas del Gobierno del Estado Unidos.
No basta, dijo con perseguir y castigar a aquellos que obliguen o induzcan a una persona menor de edad, por lo cual en la iniciativa pide castigo de 8 a 15 años de prisión a pederastas y sancionar con una multa de hasta 260 mil pesos a quien contrate o solicite servicios sexuales de una persona menor de edad.
Actualmente, resaltó Castilla Marroquín, las personas entre 13 y 18 años en la Ciudad de México se encuentran desprotegidas, ya que solo se castiga a quien realice actos sexuales con un menor de 12 años y se deja a interpretación de las autoridades determinar la posible inducción.
Consideró Icaza que se ha comprobado en muchos casos la complicidad de los propios servidores públicos, por lo que la aplicación de la justicia tiene que ser una prioridad para la autoridad.
Señaló que, de acuerdo con estudios, en 2007 se estimaba para México la existencia de cerca de 60 mil menores de edad y jóvenes que eran víctimas de la ESCI, mientras que otras investigaciones señalan siete mil casos detectados en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
La Iniciativa, informó la oficina de comunicación social de ALDF, pasará a Comisión de Gobierno, para posteriormente subirla a las comisiones responsables para su dictamen y mandarla al pleno para su aprobación o, en su caso, ser desechada.
08/STP/GG
