Para reducir la exposición al VIH, se requiere que quienes hacen las leyes e imparten justicia en este y otros países respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, señaló Elena Reynaga, fundadora y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR).
Reynaga participó ayer en la sesión plenaria «Trabajo Sexual y Derechos Humanos» durante la XVII Conferencia Internacional sobre SIDA, donde expuso que el ser relegadas en una zona de tolerancia son víctimas de la discriminación no solo social, sino legal.
«No tenemos porque estar dentro de un ghetto trabajando, dijo, queremos ser libres y queremos trabajar en la esquina que nos parezca, porque la esquina me pertenece, yo pago impuestos. Entonces el espacio público también es nuestro».
El trabajo sexual es una contravención a la ley y mientras se le siga criminalizando no hay avance en el tema, advirtió Reynaga.
Criticó que los legisladores de su país y otras naciones no hayan tenido la madurez suficiente para «discriminalizar» el trabajo sexual y erradicar el carnet sanitario.
Apuntó que quienes hacen las leyes pertenecen al sexo masculino, quienes gobiernan e imparten justicia son los hombres y quienes son discriminadas son las mujeres.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha tomado en cuenta desde hace mucho a las trabajadoras sexuales como tales y no simplemente como personas que ejercen la prostitución, recordó la activista.
Sin embargo, lo anterior no ha sido suficiente para que los gobiernos tomen en cuenta este criterio y dejen de violentar sus derechos humanos y garantías individuales, al enviarlas a una zona de tolerancia y exigirles una prueba del VIH.
Destacó la activistas que a raíz de tener organizaciones fuertes y de base de trabajadoras sexuales, la prevalencia de VIH en esta población en América Latina va a la baja. «Pero no nos están regalando nada, porque con pocos recursos hemos labrado para empoderar a la gente y lograr que en países como en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, las trabajadoras sexuales tengan voz en los congresos, para que los legisladores hagan algo por nosotras».
En los países de Centroamérica no hay presupuesto ni para condones, ni para medicamentos retrovirales, de ahí la importancia de que las mujeres dedicadas a este oficio estén unidas frente al VIH.
Parece, finalizó, que todavía no somos personas, somos objetos de investigación y no se puede hacer prevención, si uno no habla de derechos humanos, queremos tener los mismos derechos de toda la ciudadanía y la clase trabajadora.
08/SN/GG
