El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), encargado de proporcionar cuidados de salud a las y los migrantes detenidos, no asegura servicios oportunos de prevención y tratamiento del VIH.
Esto expone a muchas personas al riesgo de adquirir la infección, de crear resistencia al tratamiento e incluso de morir, denunció Human Rights Watch (HRW) ayer en la Conferencia Internacional sobre SIDA 2008 que se celebra en la Ciudad de México.
La atención médica de calidad inferior para personas inmigrantes detenidas que viven con el VIH amenaza su salud y finalmente sus vidas: «Es tan deficiente e inadecuada dicha atención que pone en peligro la salud y las vidas de muchas de ellas», dijo Megan McLemore, del Programa de Salud y Derechos Humanos de HRW.
«A menos que el Departamento de Seguridad Nacional reforme sus sistemas de tratamiento, más inmigrantes morirán o se enfermarán sin justificación alguna», agregó.
En un informe de 79 páginas publicado en diciembre del 2007, denominado «Indiferencia crónica: Servicios de VIH/SIDA para personas inmigrantes detenidas por Estados Unidos», HRW documentó las dificultades que enfrentan las personas detenidas que viven con VIH y SIDA cuando intentan obtener servicios médicos esenciales.
La investigación incluyó entrevistas a personas detenidas en la actualidad y en el pasado, a funcionarios del DHS y de los centros de detención, así como una revisión medica independiente del tratamiento brindado.
El estudio determinó que el Departamento de Seguridad Nacional no recaba información vital sobre la cantidad de personas detenidas que viven con VIH ni supervisa adecuadamente el tratamiento que se les proporciona. Las normas de detención referidas a la atención médica no cumplen las directrices internacionales o nacionales aplicables a servicios y tratamiento apropiados para el VIH.
VICTORIA
En un caso de julio de 2007, Victoria Arellano, una mujer inmigrante transgénero de 23 años de edad procedente de México, murió a causa de meningitis relacionada con el SIDA cuando se encontraba detenida en el Centro Federal de Internamiento de San Pedro, en California.
A ella se le negó el tratamiento necesario, por lo que enfermó de gravedad. Los detenidos en su unidad habitacional informaron en repetidas ocasiones a los guardias que ella necesitaba atención médica, pero la dejaron sufriendo en su litera a pesar de que su condición empeoraba.
Cuando finalmente la llevaron a la clínica del centro, el personal la sometió a hostigamiento y ridiculización.
Mas adelante, una revisión interna del personal determinó que los medicamentos administrados a Arellano fueron «por completo inútiles» y que la política de demorar las pruebas clínicas de las personas detenidas era «particularmente peligrosa en muchos casos de atención a enfermedades crónicas y en especial para pacientes con VIH/SIDA».
LEGISLACIÓN PENDIENTE
Human Rights Watch, junto con una coalición nacional de defensores de inmigrantes, ha exhortado repetidamente al Departamento de Seguridad Nacional para que mejore sus estándares de detención, de modo que cumplan las directrices nacionales e internacionales; formalice las normas voluntarias para que puedan ser cumplidas y mejore la supervisión de la atención médica en todos sus centenares de establecimientos.
El Congreso de Estados Unidos ha realizado audiencias en torno a las más de 80 muertes ocurridas bajo detención inmigratoria desde 2002; también está pendiente una legislación que establecería un marco mínimo para la atención médica de inmigrantes.
El DHS ha emprendido una extensa revisión interna de los estándares de detención, pero se ha resistido a formalizar cualquier norma y sostiene que sus programas actuales de inspección son adecuados.
«El Departamento de Seguridad Nacional afirma que gasta millones para cumplir su obligación legal de proveer cuidados a inmigrantes bajo detención», dijo McLemore.
Sin embargo, agregó, mientras no se adopten medidas reales a fin de asegurar que las personas detenidas que viven con el VIH reciban una atención adecuada, las más vulnerables se enfrentaran a enfermedades innecesarias e incluso a una muerte prematura. Y, «en tanto no establezca normas que puedan ser cumplidas, el Departamento de Seguridad Nacional no puede garantizar una atención apropiada».
08/LPB/GG/CV
