Integrantes del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, conformado por varias organizaciones civiles mexicanas, alertaron acerca de la forma cómo se están manejando los recursos para aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en las entidades federativas de la República Mexicana.
En entrevista con Cimacnoticias, María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio y también directora del área de jóvenes de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (ONG que forma parte del Observatorio), señaló lo anterior e informó que el gobierno federal está asignando recursos a «proyectos» de homologación y armonización de la legislación y no a las entidades federativas que ya cuenten con una Ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
De acuerdo con Información que el Observatorio obtuvo a través del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), para conocer cuánto se ha asignado por entidad federativa para hacer concordar la Ley conforme a lo asignado en el Presupuesto de Egresos para 2008, se destinó un total de 112 millones 300 mil pesos para tal fin, de los cuales, un siete por ciento se asignó para operarla.
La asignación se hizo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para el programa de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en las entidades federativas y en el Distrito Federal.
De acuerdo a la respuesta del IFAI (de la que Cimacnoticias tiene copia) dichos recursos se ejercen a través del Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas, para la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género.
De tal forma que por entidad federativa se han asignado tres millones 263 mil 718 pesos.
«Nosotras, en este proceso de ver cómo se asignan los recursos, pensamos que uno de los criterios para destinar el dinero es que tuviera Ley y no es así, solamente es que cualquiera en el estado, el Instituto del estado de Guanajuato, por ejemplo, presente un proyecto de homologación y armonización y con eso les dan el dinero», aseveró María de la Luz Estrada.
Insistió en que un requisito «básico» para dar los recursos a las entidades federativas es que ya tuvieran su Ley, como una forma de presionar a los estados para que la armonicen, «pero eso no pasó», lamentó.
LEGISLACIÓN AL VAPOR
Actualmente de las 32 entidades federativas, únicamente 22 entidades han realizado su propia Ley y únicamente tres cuentan con Reglamento.
María de la Luz Estrada consideró que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es «una ley muerta» porque no se está aplicando, los estados de la República aprobaron legislaciones que ni siquiera fueron revisadas, hay muchas inconsistencias en los mismos conceptos, por lo que queda a criterio de la autoridad definirlos, «ese es el gran problema» dijo la activista.
Por lo pronto, dijo, «urge» que las entidades federativas que ya aprobaron su ley la armonicen, pero principalmente la reglamenten para que entonces pueda aplicarse y exigir a los congresos estatales se comprometan con una agenda legislativa para que el tema sea una prioridad, concluyó Estrada.
08/LGL/GG
