En Oaxaca, la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec y las asociaciones civiles Tequio Jurídico y Transparencia para el Desarrollo Local denunciaron el asesinato perpetrado por militares del Ejército Mexicano el pasado 5 de agosto contra Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila, autoridad municipal y comunero zapotecos, respectivamente, de Santiago Lachivía, Yautepec.
Las organizaciones llamaron a realizar una acción urgente de denuncia y difusión por este hecho, resultado del incremento de la presencia militar en la región, por lo que demandan a las autoridades federales, estatales y municipales la salida inmediata del Ejército de su territorio, de acuerdo con un comunicado difundido ayer por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Al mediodía del pasado 5 de agosto, aproximadamente 120 ciudadanas y ciudadanos de la comunidad de Santiago Lachivía, municipio de San Carlos Yautepec, se encontraban limpiando su milpa en diversos puntos de la parcela comunal ubicada en el paraje denominado Tanilovia, cuando fueron rodeados y sorprendidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes disparando al aire les ordenaron no moverse, identificándose como integrantes de las fuerzas armadas del país.
Los campesinos que trabajaban lejos del lugar donde incursionaron los militares se alarmaron al escuchar los disparos y corrieron en diversos sentidos para protegerse. Los militares, al percatarse de la huída de los campesinos, dispararon hacia ellos hiriendo de muerte al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel, quien falleció mientras era trasladado a su comunidad para ser atendido, y asesinando al comunero Venancio Olivera Ávila.
Aurelio Ortega Pacheco fue herido de gravedad y se encuentra internado en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, en la ciudad de Oaxaca.
Los comuneros que se quedaron en el lugar donde ingresaron los militares, sin correr y obedeciendo la orden, reconocieron que efectivamente eran elementos del Ejército Mexicano uniformados de «pinto» (camuflaje), y uno de ellos llevaba pistola en la cintura, un arma corta en la mano y una etiqueta roja en el hombro. Los demás portaban armas marcadas con número de color blanco.
El señor Evaristo Belleza Ávila, presidente del Comisariado de Bienes Comunales del lugar, afirmó que les revisaron sus morrales, redes y pertenencias buscando armas de fuego, sin conseguir nada, y que al cerciorarse los militares de la muerte de los campesinos abandonaron el lugar con rumbo a Miahuatlán de Porfirio Díaz.
A raíz de esta agresión del Ejército, se incrementó la presencia de efectivos militares en la región y se estableció un retén en el paraje «El Borracho», dentro del territorio comunal de Santiago Lachivía, muy cerca de la población donde ocurrieron los asesinatos, ocasionando un clima de tensión en la comunidad, actos de intimidación, hostigamiento y violación a los derechos humanos en la región, señalan las organizaciones.
«Tenemos información reciente de la presencia de un retén militar más, indican, ubicado a un kilómetro y medio aproximadamente sobre la carretera que comunica a la comunidad de San Baltazar Chivaguela con Santiago Lachivía».
Consideran las organizaciones que los actos denunciados constituyen serías violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Santiago Lachivía y de los habitantes de las comunidades indígenas de la región de San Carlos, Yautepec.
Por ello, condenan «enérgicamente los homicidios cometidos por elementos del Ejército Mexicano en contra de Cecilio Vásquez Miguel y Venancio Olivera Ávila y las lesiones graves que ponen en peligro la vida de Aurelio Ortega Pacheco».
Exigen al Gobierno federal la salida inmediata del Ejército Mexicano de los parajes «El Borracho», terrenos comunales de Santiago Lachivía, Yautepec, Oaxaca y en terrenos de San Baltasar Chivaguela, para evitar mayores violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias e intimidaciones en contra de los habitantes de la comunidad y soslayar confrontaciones que derive en la perdida de mas vidas humanas y militarización de la región.
También, la indemnización a familiares de los campesinos asesinados por soldados y del que fue gravemente herido. Así como fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes al comandante de la 44/a Zona Militar ubicada en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, como responsable de los miembros del Ejército Mexicano, comisionados y directos responsables de los homicidios de Vásquez Miguel y Olivera Ávila, así como las lesiones causadas por arma de fuego en contra de Ortega Pacheco.
Exigen a la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca una investigación real, exhaustiva e imparcial para ubicar, detener, procesar y sancionar penalmente a los soldados responsables de los homicidios y lesiones.
Asimismo, que designe personal suficiente y especializado para que conjuntamente con el Agente del Ministerio Público de San Carlos, Yautepec, Oaxaca, se sigan las investigaciones correspondientes en el fuero común y evitar que el caso sea turnado al fuero castrense que los convertiría en juez y parte.
Y piden a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales su apoyo para difundir los hechos, denunciar la violación a los derechos humanos y exigir a los gobiernos federal y estatal el castigo a los responsables «de tan cobardes asesinatos» de Cecilio Vásquez Miguel, Venancio Olivera Ávila y las lesiones que ponen en peligro la vida de Aurelio Ortega Pacheco.
08/GG/CV
