En todos los municipios del país, las mujeres tienen un índice de desarrollo humano menor al de los varones, desigualdad de género que ahonda la brecha entre los municipios más pobres, dejando a las mujeres en total abandono, señala un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En Cochoapa el Grande, Guerrero; Batopilas, Chihuahua; Coicoyán de las Flores, Oaxaca; Tehuipango, Veracruz y Mezquitic, Jalisco, municipios con los menores índices de desarrollo humano, esta brecha de desigualdad entre géneros es más dramática para las mujeres, sobre todo en materia de salud, por lo cual México está en riesgo de no alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el campo de la sanidad pública, especialmente en la salud perinatal, señala un comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Para el PNUD, lo que ahora explica la alarmante desigualdad es el factor salud. De acuerdo con Magdy Martínez, coordinador residente del PNUD en México, la desigualdad en materia de salud es la que está arrastrando hacia abajo los niveles extremos de la desigualdad en general.
Por tanto, México está en riesgo de no alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el campo de la sanidad pública, especialmente en la salud perinatal.
POLÍTICAS PÚBLICAS OFENSIVAS
Este análisis de la desigualdad en nuestro país, focalizado al ámbito de La Montaña, viene a confirmar una realidad que los pueblos Me’ phaa, Na savi, nahuas y amuzgos han denunciando desde hace décadas. Las políticas públicas implementadas entre la población indígena son ofensivas y denigrantes. Diseñan programas sociales para maquillar las estadísticas de la pobreza y al mismo tiempo controlar a la población pobre.
Se habla de oportunidades, cuando a la gente se le niega el derecho a desarrollar sus capacidades intelectuales, técnicas, artísticas, lingüísticas, filosóficas y culturales. Se les da un trato de parias al destinar recursos raquíticos para que puedan sobrevivir. Son objetos de asistencia social que vienen a reproducir un sistema de castas y a legalizar la discriminación y el racismo, señala Tlachinollan.
Lo patético que se vive en Guerrero, afirma la organización defensora de los derechos humanos, es que los tres años y cuatro meses de gobierno perredista no han servido para revertir los índices más bajos de desarrollo humano entre los municipios más pobres, por el contrario, seguimos en picada en los campos de la educación, la salud y el ingreso.
No sólo se ha achicado el presupuesto, sino que hay un énfasis en el desprecio hacia los pobres y una confrontación abierta contra los que luchan por sus derechos. El «engallamiento» con los de abajo contrasta con el alineamiento con las políticas privatizadoras impuestas por los grandes consorcios financieros, señala Tlachinollan.
LA MONTAÑA
Los saldos sociales son catastróficos en La Montaña: el analfabetismo sigue oscilando entre el 65 y 70 por ciento en los municipios más pobres de la región; la deserción escolar se ha generalizado en todos los municipios por la necesidad imperiosa de buscar trabajo fuera del estado. Las mujeres indígenas son mayoritariamente monolingües y tienen menores oportunidades para asistir a la escuela.
En Cochoapa el Grande hay 108 comunidades mixtecas que se encuentran dispersas e incomunicadas. No cuentan con caminos, agua potable, servicios médicos, maestros y empleos. Más de 15 mil habitantes experimentan el total abandono de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Además, dice Tlachinollan, el presidente municipal es el fiel reflejo de la disputa política que se libra al interior del PRD en el plano estatal. Sólo atiende a los que son de su corriente política y lo hace de manera esporádica, porque ya es una costumbre impuesta por los políticos, que los presidentes de La Montaña alta despachen en Tlapa o en Chilpancingo.
El nuevo Palacio de Gobierno de Cochoapa, considera Tlachinollan, es «un monumento a la insensatez». Tuvo un costo de 16 millones de pesos. Además de ser un lugar lúgubre no tiene utilidad, es una ofensa para la población que enfrenta severa desnutrición y carece de alimentos para el sustento diario.
Para las y los mixtecos que viven en las comunidades de Río Olor o Itia Tioo (Río del Cangrejo), que tienen que caminar entre 10 a 12 horas para llegar a la cabecera municipal, la autoridad ya no se merece el respeto que siempre le han guardado, porque no los atiende, los deja plantados y no cumple con los compromisos contraídos, detalla el comunicado.
Hasta la fecha no han podido arrancar algún recurso para construir su brecha que acorte la distancia y les brinde la oportunidad de llegar a su pueblo en alguna camioneta ¿Cómo sortean su vida estas comunidades que son ignoradas por los tres niveles de gobierno y que no cuentan con actas de nacimiento, para que por lo menos sean considerados como ciudadanos mexicanos?, se pregunta el organismo.
Muchas personas adultas, a causa de la miseria no tienen el privilegio de contar con una identidad oficialmente reconocida, que les otorgue el derecho de ser beneficiario de algún programa gubernamental.
MUJERES, SIN «OPORTUNIDADES»
La población migrante, que es la mayoría de familias del municipio de Cochoapa, pierden el apoyo que les brinda el programa Oportunidades por no cumplir con las normas de operación, y porque en la práctica las mujeres indígenas, que son las titulares de este programa, son discriminadas en los campos agrícolas y no hay personal que se ocupe de ellas para garantizarles la continuidad de este apoyo fuera de su estado.
Existe en la cabecera municipal una escuela primaria con dos turnos donde asisten alrededor de 700 niños. En todo el municipio hay una secundaria que atiende alrededor de 90 alumnos, y recientemente cuenta con una preparatoria particular que trabaja con 16 estudiantes. Estos datos, señala el texto, nos hablan de cómo los pueblos indígenas siguen sin encontrar en la escuela un espacio para poder mejorar la calidad de vida.
Por el contrario, el modelo de la escuela pública que impone programas educativos desde el centro mestizo, se encargan de des-etnizar a la niñez indígena. Remarca más la estigmatización de su identidad y sigue siendo una carga onerosa para las familias que no tienen ingresos económicos. Los padres prefieren que sus hijas e hijos realicen actividades agrícolas o aprendan a cuidar los escasos chivos que tienen y que funcionan como un fondo para la salud y la alimentación.
Las y los niños aprenden más en el campo que en la escuela, considera Tlachinollan. Su socialización es menos traumatizante y más creativa en el trabajo cotidiano que realizan con sus hermanas, hermanos, sus madres y padres. En la escuela sólo experimentan el sentimiento de inferioridad e interiorizan los conocimientos colonialistas que los hacen sentir como extranjeros en su propio país.
Hace falta evaluar los resultados de este modelo educativo que en lugar de abatir el analfabetismo, lo acrecienta porque no valora la lengua y la cultura local y no respeta las formas de aprendizaje comunitario basadas en la cultura oral y en las prácticas agrícolas.
Son contados los profesionistas originarios de Cochoapa, la mayoría de ellos ya no regresan a su pueblo y más bien tratan de negar su origen, para evitar ser discriminados y maltratados. Los contados profesionistas que están en Cochoapa se han enrolado en la disputa por el poder municipal y han reproducido las prácticas de los políticos corruptos.
SIN MÉDICOS
Sólo dos médicos que radican en la cabecera municipal son los que atienden a toda la población de Cochoapa el Grande, relata Tlachinollan. Para las autoridades de salud este municipio no es problemático porque la gente no reclama, ni se organiza para exigir más médicos. Y para la burocracia gubernamental, este tipo de comunidades silentes y dóciles son las que les permiten disfrutar su cargo y mantener sin preocupación el índice más bajo de desarrollo humano.
Afirma Tlachinollan que en «estos tiempos de gobierno perredista», la población más pobre no puede esperar a que le hagan el milagrito de que llegue algún médico a su comunidad, porque los de arriba dicen que no hay presupuesto y porque su obediencia ciega a la norma oficial se los impide. El derecho a la salud en términos prácticos se traduce para las y los indígenas de Cochoapa en una fatalidad porque para el Gobierno de Guerrero la pobreza no es ninguna novedad.
En contrapartida, para los pueblos indígenas, el desprecio y la discriminación de las autoridades estatales tampoco es novedad, es más bien la continuación de las políticas etnocidas, la prolongación de un sistema que profundiza la desigualdad social y que abandona a su suerte a la población más vulnerable del estado, dice.
Con el empecinamiento de las autoridades estatales de no invertir más recursos para la educación y la salud entre los pueblos indígenas, no sólo se violenta el Estado de derecho, sino que sigue hacia la debacle.
El caso de Mini Numa es una demostración de la capacidad política y jurídica de una comunidad hundida en la extrema pobreza, que supo levantarse con dignidad y dictar cátedra a las autoridades de salud para que aprendieran la lección de que con los derechos humanos de los indígenas no se juega. Con este esfuerzo empiezan a revertir los alarmantes índices de desarrollo humano.
Es claro, concluye el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, que son los pueblos y la ciudadanía organizada quienes transformarán esta situación injusta y no el Gobierno perredista de Guerrero, porque la pobreza ya no es ninguna novedad. «La novedad serán los nuevos ungidos del 5 de octubre que entrarán a la casta de los privilegiados».
08/GG
