Por primera vez, un juzgado en el país reconoció el interés jurídico de las viudas y familias de los 65 mineros caídos el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila, para acceder y aportar elementos a la investigación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre la viabilidad del rescate de los 63 cuerpos que aún permanecen sepultados en la mina.
Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien defina si es constitucional o no la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual desconoce el interés jurídico de las viudas para acceder al expediente y exigir que se finquen responsabilidades por omisión en contra de funcionarios e inspectores de la STPS, quienes omitieron información sobre condiciones de la mina que podrían revelar la posibilidad de rescatar los cuerpos.
Sin embargo, desconfiada por la respuesta que dará la SCJN, Elvira Martínez Espinoza, viuda del minero Jorge Vladimir Muñoz, asegura que no descartan la posibilidad de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si la Suprema Corte declara constitucional la Ley Federal de Responsabilidades, la organización civil Familia Pasta de Conchos, conformada por viudas y familiares de los mineros fallecidos, llevará el caso al máximo tribunal internacional de justicia en materia de derechos humanos, manifestó Elvira Martínez.
De acuerdo con Manuel Fuentes Muñiz, representante legal de dicha organización, la resolución de la SCJN podría llevar de 2 a 3 meses.
Recordó el abogado laboral que fue el 26 de diciembre de 2006 cuando las viudas presentaron una queja contra la Contraloría Interna del Distrito Federal porque no les reconocía el interés jurídico para poder tener acceso al expediente de la investigación realizada por la STPS.
La juez quinta de Distrito, Rafaela Franco, emitió una sentencia el 5 de marzo de 2008, en la que confirmó la posición de la Contraloría Interna y, en consecuencia, el caso se cerró por «sobreseimiento», es decir, ya no se puede «investigar a fondo», refirió Manuel Fuentes, vía telefónica.
Frente a esta situación las viudas Elvira Martínez Espinoza, María de Lourdes Zapata, Claudia Escobar y Rosa Riojas Hernández, presentaron un recurso de revisión ante el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado, el pasado 24 de marzo.
Para el 14 de julio de 2008 dicho Tribunal, integrado por las y los magistrados Rosa Elena González, Norma Lucía Piña y Salvador Mondragón, revocó la sentencia de la Jueza Quinta de Distrito.
«El Tribunal indicó que la Juez estaba equivocada y que era evidente el interés jurídico de las señoras», manifestó Fuentes Muñiz.
Para Manuel Fuentes, especialista en justicia laboral, este es «un precedente importante», por lo que considera que antes de llegar a la CIDH agotarán las instancias nacionales.
En su opinión el reconocimiento del interés jurídico de las viudas «abre la posibilidad de presentar este criterio ante otras instancias que les han negado el interés jurídico a las viudas, como la Secretaría de Economía (SE) respecto a la cancelación de la concesión de Industrial Minera México (IMM)».
Sin embargo, señaló que aunque la sentencia de la Suprema Corte sea negativa para las viudas, éste será un ejemplo de la aplicación de justicia en el país y un dato más a incluir en el documento que ya se elabora para llevarse ante la Comisión Interamericana.
QUEJA ANTE LA CNDH
Mañana 20 de agosto, Familia Pasta de Conchos presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el papel que ha desempeñado la Secretaría de Gobernación (Segob)en la atención al caso de los 65 mineros fallecidos en el siniestro registrado hace 30 meses.
Según la Ley General de Protección Civil la Segob tiene atribuciones legales para intervenir en la coordinación del rescate de los restos de los mineros, en su carácter de Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil y en su obligación conjunta con las distintas dependencias de Gobierno en materia de Protección Civil.
08/GCJ/GG
