Ante los ataques contra ejidatarias y ejidatarios de Huizopa, del Mineral de Dolores, municipio de Madera, Chihuahua, donde la Policía Federal Preventiva (PFP) se ha hecho presente, Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el riesgo de nuevos ataques contra esa población, que defiende su derecho a la tierra ante la minera canadiense Dolores, perteneciente a la empresa Minefinders Corporation.
En un comunicado, AI llamó a las autoridades para que aseguren que la comunidad de Huizopa pueda ejercer su derecho a protestar pacíficamente en condiciones de seguridad y para que se investiguen las agresiones de las que fue víctima Dante Valdez, líder de las protestas que realizan en defensa de su derecho a la tierra, recursos naturales y desarrollo frente a una explotación de la Minera Dolores y la Minera Sol de Oro, ambas canadienses.
Ya antes, en mayo pasado, la población fue reprimida por elementos de la PFP y del ejército, dejando heridas a dos mujeres.
AI denunció que el pasado 13 de agosto un grupo de aproximadamente 30 personas agredieron física y verbalmente al maestro de primaria Dante Valdez, en una escuela local de Madera, Chihuahua, donde se encontraba dando un curso de actualización.
Los atacantes, la mayoría de los cuales trabajan para una minera local, lo empujaron y patearon, y le dijeron que se mantuvieran «fuera de sus asuntos». Dante Valdez denunció el ataque ante la Procuraduría de Justicia del estado, pero ninguna investigación se ha iniciado sobre el ataque.
AI teme que otras y otros ejidatarios de Huizopa estén en riesgo de ataques como el que sufrió Valdez con el objeto de que dejen de protestar a favor de sus derechos, por lo que pide a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que envíen comunicados a las autoridades mexicanas lo antes posible para exigir que se investigue el ataque y castigue a los responsables.
RESISTENCIA POR EL DERECHO A LA TIERRA
El 24 de mayo pasado y hasta hoy, ejidatarias y ejidatarios de Huizopa, realizan un plantón pacífico frente a las instalaciones de la Minera Dolores y la Minera Sol de Oro, ambas canadienses, en demanda de respeto a su territorio, sus riquezas naturales y a la conservación de sus bosques y aguas, pues las empresas están explotando a cielo abierto mediante la lixiviación con residuos peligrosos y explorando respectivamente el mineral que contiene su territorio ejidal.
Según información de wikipedia, la lixiviación produce el desplazamiento de sustancias solubles o dispersables (arcilla, sales, hierro, humus), lo que provoca que los horizontes (niveles) superiores del suelo pierdan sus compuestos nutritivos, arrastrados por el agua y se vuelvan más ácidos, ya que quedan compuestos insolubles y a veces, también se origine toxicidad. También se pierden grandes cantidades de fertilizantes, al igual que los compuesto nutritivos.
Afirman las y los ejidatarios que el plantón es para defender «nuestro derecho a la tierra, territorio, recursos naturales y desarrollo frente a una explotación minera que no nos ha respetado como legítimos dueños de la tierra y que ha generado severos daños sociales, culturales y ambientales a nuestra comunidad».
El 14 de agosto pasado, la Asamblea Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a las autoridades a resolver esta problemática mediante el diálogo y a no hacer uso de la fuerza, a garantizar la vigencia de los derechos humanos de la población del lugar y a informar sobre la presencia y labores de elementos del Ejército en la zona.
Se ha documentado la movilización de elementos militares hacia el plantón de ejidatarias y ejidatarios en la mina y por lo menos 36 elementos del Ejército Mexicano se encuentran de forma permanente a 30 metros de la comunidad.
PROGRESO EN TIERRAS AJENAS
La empresa Minefinders ha establecido que trajo progreso a la comunidad mediante la construcción de viviendas, escuela y área recreativa. Sin embargo, no dice que todo esto está construido en tierras de ejidatarios a quienes se les está rentando y que no dieron su anuencia para dichas construcciones y que por lo tanto reclaman el regreso de sus tierras, señala el Ejido Huizopa en un comunicado.
Además, denuncian las y los ejidatarios, la empresa busca remover su centro de población, sin que hayan dado aprobación. Pretende que de 788 hectáreas con las que cuentan, se reduzcan a 4, quitando elementos históricos «de nuestra conformación social como la parcela comunitaria». Y cuestionan el pretendido derecho de la empresa a remover a la gente de su casa prometiéndole un hogar en un terreno rentado por 15 años.
No es ésta la primera vez que las y los ejidatarios son reprimidos, pues el pasado 27 de mayo, en helicópteros y en camionetas propiedad de la Minera Dolores, llegaron al plantón pacifico 50 elementos de la PFP y varios vehículos de militares al territorio del ejido Huizopa.
Violentamente trataron de desalojar a la población campesina de sus propias tierras y secuestraron a sus dirigentes, Enrique Torres González y José Armando González Banda, presidente y secretario del Ejido, respectivamente.
La represión, dejó dos mujeres heridas por los militares y PFP, como lo informaron medios de comunicación locales y el Servicio de Noticias ISA.
08/GT/GG/CV
