Ayer, frente a la embajada de Colombia en México, organizaciones de la sociedad civil, familiares, amistades, compañeras y compañeros de Lucía Morett y de los cuatro estudiantes mexicanos asesinados hace seis meses por el Ejército colombiano en territorio de Ecuador, iniciaron la campaña «Cada Uno por la Justicia».
Morett resultó herida el 1 de marzo de 2008, en el ataque que el Ejército de Colombia lanzó contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Sucumbíos, Ecuador. Murieron 23 personas, entre ellas varias mexicanas, estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala un comunicado de prensa de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
Sin embargo, la estudiante mexicana permanece en Nicaragua como asilada política, debido a una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se le acusa de terrorismo y de ser la representante de las FARC en México.
La joven ha negado en reiteradas ocasiones dichas acusaciones y señala que tanto ella como los mexicanos asesinados no eran miembros de las FARC, sino que se encontraban circunstancialmente en el campamento bombardeado.
Por eso ayer frente a la Embajada colombiana en la Ciudad de México las OSC y familiares –como sucedió también de forma simultánea manifestantes frente a las embajadas colombianas en Madrid e Italia y ante el consulado de Colombia en Barcelona y España—exigieron castigo al Gobierno de Álvaro Uribe y la cancelación de la denuncia judicial contra Lucía Morett.
Asimismo, pidieron poner fin a la criminalización de las víctimas del ataque, así como declarar persona non grata al embajador colombiano en México, Camilo Osorio, por su vínculo con el paramilitarismo.
Se llamó también a las y los participantes en las manifestaciones a protestar cada primer día del mes frente a los consulados colombianos en varios países, para dar a conocer los avances en la lucha contra la impunidad, y manifestar apoyo al pueblo colombiano.
María de Jesús Álvarez Moctezuma y Jorge Luis Morett Sánchez, madre y padre de Lucía, exigieron que se retire la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra su hija, quien se encuentra en Nicaragua en calidad de asilada política.
En tanto las y los manifestantes señalaron: «Queremos a Lucía en su país y con garantías, el cese a la criminalización de las y los jóvenes y estudiantes, así como el desistimiento de la acción penal ante la PGR por las falsas acusaciones en contra de Lucía y los demás jóvenes de la Coordinadora Continental Bolivariana»
EL CASO DE LUCÍA
El doctor Adrián Ramírez López, presidente de la Limeddh, y quien encabeza la defensa de las víctimas mexicanas de Sucumbíos, señala que Morett salió de Ecuador por las presiones, ya que hay una denuncia en Sucumbíos que la investiga por delitos en el territorio ecuatoriano, aunque ella estaba ahí en calidad de «huésped distinguido».
En una entrevista para el colectivo Kaos en la Red, el abogado informa que ahora en Nicaragua, donde se encuentra Lucía en calidad de refugiada, el Gobierno de Daniel Ortega es presionado desde dentro y desde fuera.
«Colombia, Estados Unidos y sus aliados están presionando a Nicaragua para desacreditarlo, argumentando que esto llevará a una desestabilización regional», afirma Ramírez López.
Puntualiza que el riego de que Lucía regrese a México es grave, ya que no existen las condiciones para su retorno ante la denuncia en la PGR, ante las presiones que se están ejerciendo sobre Nicaragua y por las denuncias que se han venido perfeccionando.
Se están fabricando una serie de evidencias y pruebas, explicó, por lo que de regresar a su país el riesgo para su seguridad es alto, lo mismo para todos los integrantes de la Coordinadora Continental Bolivariana.
Ramírez López, señala que para que Lucía, regrese a México hay que esperar ciertas señales: la primera es la expulsión del embajador de Colombia en México, Camilo Osorio, y la segunda sería la querella del Gobierno de México en contra del Gobierno de Colombia. «Con eso casi se tendría garantizado el retorno».
Pero en estas condiciones, Lucía podrías ser detenida o extraditada a Colombia o a Estados Unidos, al igual que los jóvenes que participan dentro de la Coordinadora Bolivariana.
Ramírez López precisa que «no hay país seguro, por ejemplo Canadá que da siempre acogida, un país bastante importante para el refugio internacional se ve limitado porque las FARC son consideradas como grupo terrorista. Incluso existe el problema de que hay paramilitares refugiados por Canadá aduciendo amenazas de organizaciones en Colombia».
«El tema no es Lucía, dijo el abogado a Kaos en la red, el tema no son los mexicanos muertos, el tema implica la geopolítica regional, es el plan Colombia, un plan de desestabilización de la región para favorecer los intereses de Estados Unidos y el militarismo que priva en la región. Ese es el fondo».
08/GT/GG
