El Grupo de Mujeres 11 de agosto de Pujiltic, municipio Venustiano Carranza, Chiapas, denunciaron que el pasado 28 de agosto, aproximadamente a las 15:00 horas, fueron reprimidas y desalojadas violentamente «junto con nuestros pequeños hijos y mujeres ancianas», por un grupo alrededor de 600 obreros del Ingenio Pujiltic agremiados en la Sección 42 del Sindicato Azucarero, quienes advirtieron con realizar otra acción similar.
La agresión sucedió cuando ellas vendían sus productos, un día después de que se había realizado una mesa de trabajo con el Sindicato Azucarero, donde el acuerdo principal fue que ese organismo gremial respetaría su área de venta.
Así lo informan en un comunicado enviado a las Juntas de Buen Gobierno, a la Comisión Sexta Internacional, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, a la Liga Mexicana de Derechos Humanos, a las Organizaciones no gubernamentales adherentes a La Otra Campaña y a los medios alternativos.
El Grupo de Mujeres 11 de agosto de Pujiltic, Chiapas, está integrado por viudas, madres solteras y ancianas esposas de pensionados, que «ante la necesidad de sostener a nuestros hijos» decidimos organizarnos para hacer valer el derecho al trabajo digno y no dejar morir de hambre a nuestros pequeños, señalan.
Los obreros que participaron en la agresión fueron amenazados con ser suspendidos de su trabajo por cuarenta días consecutivos si no participaban en el desalojo, que fue encabezado por los líderes del sindicato azucarero Abel Morales Arguello, secretario general, y Manuel Lievano, secretario de Organización.
El desalojo ocurrió, dicen las mujeres, con la presencia de la Policía Estatal Preventiva (PFP), quien protegió a los agresores, además de que estuvo presente supervisando directamente la represión Limber Capito Juárez, delegado regional de Gobierno, y otros funcionarios de la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza.
El agente municipal de la Colonia Obrera de Pujiltic, Juan Martínez Gutiérrez, llegó al sitio donde estaba el grupo de mujeres lanzando gas lacrimógeno y actuando como la autoridad responsable de la agresión.
Martínez Gutiérrez levantó y aventó «como si fuera un bulto» al niño Jesús Abraham Orantes Alvarado, de un año ocho meses de edad, y agredió a Agustina Vázquez Ramírez, quien estuvo a punto de ser golpeada en la cabeza con un pedazo de poste de cemento, pero fue salvada por otra de sus compañeras, señala el comunicado.
De igual forma, Rogelia Victoria Gómez fue agredida directamente y destrozadas sus ropas. De todas estas agresiones, señala la organización de mujeres comerciantes, tenemos evidencias fotográficas y de video.
Estuvieron también en el desalojo Rubén Darío Álvarez, secretario de Infraestructura; Guadalupe Gómez Cruz, delegado municipal de Chiapas Solidario, y el delegado regional de Gobierno, Limberg Capito Juárez, quien recibió instrucciones directas del Subsecretario de Operación de la Región Centro y del Subsecretario de Gobierno, así como el aval del presidente municipal, Amin Omar Coutiño Villanueva.
Señala la organización de mujeres que cuentan con la autorización de las autoridades ejidales de Soyatitán, comunidad de este municipio, para trabajar estableciendo puestos para venta a partir del 11 de agosto de este año en una franja que está a la orilla de la carretera internacional Pujiltic-Comitán y colindante con el campo de futbol y beisbol, sitio que durante largos años fue un basurero y que ellas arreglaron para trabajar.
TEMOR ANTE OTRO DESALOJO
El grupo de mujeres, que permanecen con sus hijas e hijos en una de las galeras que funcionan como local para sus asambleas y que los agresores no destruyeron, relatan que en la acción represiva los obreros incendiaron y destruyeron las demás galeras y que su dinero, aproximadamente 15 mil pesos, producto de sus ventas fue echado al fuego.
En la galera, dicen, resistiremos con el apoyo de las organizaciones de la región «y con el pueblo», hasta que se respete su derecho a trabajar dignamente.
Advierten, sin embargo, que los agresores amenazaron con regresar con maquinaria para lograr un desalojo completo, por lo que temen por su seguridad y la de sus hijas e hijos que están con ellas.
Solicitan, por ello, la intervención ante las altas autoridades y funcionarios de Gobierno, para que cese toda acción represiva y «se deje de enfrentar a los obreros del ingenio contra nosotras», pues al igual que ellos lo único que hacen es buscar la sobrevivencia de sus familias.
08/GG/CV
