Los porcentajes obligatorios equilibrados para uno y otro sexo en los puestos de elección popular no son un regalo para las mujeres, sino una reivindicación, según las integrantas de Convergencia Cívico Política y Ciudadana de Mujeres.
De acuerdo con un comunicado de la entidad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, esta fecha es muy significativa ya que reconoce que la población femenina debe conocer y practicar todos los derechos humanos, incluidos los políticos.
Según Convergencia, todas las guatemaltecas poseen la garantía de estar inscritas en el Registro Nacional de Personas y Registro de Ciudadanos, contar con documento de identidad y estar empadronadas, además de votar en las elecciones y ser electas para cargos de elección popular en igualdad de condiciones con los hombres.
En la actualidad, la gran mayoría de mujeres, quienes constituyen más de la mitad de la población en Guatemala, han estado excluidas, por diversas causas, del ejercicio de muchos derechos ciudadanos.
Finalmente, la entidad enfatizó la necesidad y urgencia de que el Congreso de la República reforme el Artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el objetivo de hacer viables las candidaturas de las mujeres a puestos de elección popular en igualdad de condiciones y de forma democrática.
La Declaración Universal de Derechos Humanos enfatiza en su Artículo 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno del país y en las funciones públicas en igualdad de condiciones.
INOPERANCIA DE INSTITUCIONES
Por otra parte, delegadas de Chimaltenango, Quiché y Sololá que asistieron al Pre-Foro realizado en Sololá se quejaron de que las dependencias y programas del Gobierno dirigidos a ellas carezcan de financiamiento y presencia en los departamentos y en las áreas rurales.
De acuerdo con Marta Callejas, del Comité de Mujeres Semillas de Mostaza de Chimaltenango, las participantes coincidieron en que las oficinas de atención a la población femenina son inoperantes, están centralizadas y cuando tienen presencia en los departamentos no funcionan como debería ser.
En dicha actividad las lideresas acordaron exigir a las autoridades de gobierno establecer atención integral a las mujeres a través de la Defensoría de la mujer Indígena (Demi) y la Secretaría Presidencial de la Mujer, entre otras dependencias que les garanticen una vida sin violencia y beneficios económicos y sociales como cualquier ciudadano.
Las delegadas también discutieron sobre el derecho a la vida, a la libertad de emisión del pensamiento, a la participación ciudadana y política, a la herencia legal, el acceso a la tierra y a la salud sexual y reproductiva, derechos que les son negados debido al machismo que existe en la sociedad guatemalteca.
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