Mujeres jornaleras de Baja California Sur son víctimas de violencia doméstica y carecen de información sobre los derechos que les corresponden o sobre los programas públicos que pueden brindarles asesoría, además de que hay una escasa atención de las instituciones públicas ante esta problemática, afirma Mónica Jasis Silberg, directora de Investigación e Incidencia en Políticas Públicas del Centro Mujeres AC, en La Paz, capital de la entidad.
Mónica Jasis concluye lo anterior a partir de un estudio que llevó a cabo en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California Sur y donde recaba testimonios de 55 mujeres jornaleras, con un promedio de 29 años de edad, cuyos resultados fueron publicados en el número 1 de la Revista de Investigación y Divulgación sobre Estudios de Género, editada por la Asociación Colimense de Universitarias AC y el Programa de Estudios de Género del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima.
La investigación demuestra que la mayoría de las mujeres emigran de sus estados natales por razones laborales y acompañadas de su pareja. Sin embargo, aunque son víctimas de abusos y condiciones de violencia, principalmente por sus propias parejas, no cuentan con los recursos ni con la información necesaria para denunciarlos.
Mónica Jasis Silberg argumenta que este problema responde a la falta de medidas tomadas al interior de las parejas o familias, así como a la escasa atención de las instituciones públicas y a la falta de confianza entre las mismas mujeres para compartir sus problemas con otras.
Las formas de agresión hacía las jornaleras incluyen las psicológicas, como gritos, amenazas, groserías, hasta el maltrato físico y abuso sexual, afirma Jasis Silberg. Sin embargo, los testimonios muestran que la mayoría de ellas suelen quedarse calladas durante el episodio violento por temor a que la violencia aumente.
El artículo señala que el estado no dispone de recursos institucionales que frenen esta situación y los programas dedicados a trabajar con esta población tienen poca incidencia respecto a la violencia, como ocurre con la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y al Menor (SAMM), pues pese a que ha tenido injerencia en algunos casos de violencia, ninguna de las entrevistadas tenía referencia sobre las acciones de dicha institución.
Los factores mencionados, afirma el artículo, parecen estar agravados por la condición de migración de las comunidades, así como por la mezcla de población proveniente de diversos estados, con distintas costumbres y diferencias étnicas que conllevan al aislamiento de las mujeres jornaleras.
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