La asesora de Naciones Unidas en materia de seguridad, Ximena Jiménez, dijo recientemente que el 90 por ciento de las víctimas en conflictos internos en América Latina son mujeres.
Esta es una declaración temeraria en México, donde se libra una guerra contra enemigos poco claros y en los que ya ahora se cobran vidas civiles, donde muchas mujeres no sólo son asesinadas, como en Michoacán, sino que sufren de toda clase de abusos sexuales y a su integridad y dignidad.
Desconocer estos hechos, banalizarlos, confundiendo el dato en la estadística de victimas civiles, sin sexo, preocupa, porque se afecta a las mujeres de manera distinta que a los hombres.
Es evidente que Ximena Jiménez se refirió lo mismo a conflictos con la guerrilla y el narcotráfico, en el caso de Colombia y a la guerra que la administración de Felipe Calderón ha desatado en México contra lo que él llama «enemigos», tanto de la delincuencia, la protesta social, como del narcotráfico.
Aunque no conocemos la estadística oficial, la muerte numerosa de civiles, en zonas muy diversas del país, está generado un miedo creciente, que ha empezado a cercenar los deseos de libertad de miles de mujeres que apenas se asomaban a la vida pública, así no sean directamente heridas, asesinadas o violadas.
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Yo me pregunto cuál será el efecto de las acciones castrenses y las que suscitaron la aparición de mantas amenazantes en estados tan lejanos como Tamaulipas y Oaxaca, apenas este sábado; las que aparecieron hace unas semanas Sinaloa o los «narco-recados» al lado de las decapitaciones.
Por ello Ximena Jiménez, en una reunión sobre Mujer, Paz y Seguridad, celebrada en San Diego, a la que asistió la compañera periodista Soledad Jarquín, llamó a los gobiernos, como el de México, a firmar la Resolución 1325de la ONU, referida a dar capacidad a las mujeres para intervenir directamente en los procesos de toma de decisiones, donde se lanza a los grupos policíacos o militares, a «poner orden» o a pelear contra «enemigos» quienes en sus acciones violan los derechos humanos de las mujeres y con frecuencia las abusan sexualmente, las maltratan y actúan como una síntesis del autoritarismo y del patriarcado.
El llamado de la experta para actuar, como mujeres organizadas, a pedir cuentas al gobierno, a quien lo administra, es decir a Felipe Calderón, no debía esperar. Los estragos simbólicos y físicos constituyen una contradicción con las dizque políticas de equidad que pregona por todo el país las instituciones bajo la férula de Calderón.
Y esto es importante porque los datos de la experta señalan que durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, las víctimas civiles pasaron del 15 al 65 por ciento como resultado de los bombardeos indiscriminados sobre las ciudades europeas.
Lo grave es que lo que sucede en América Latina, con la aparición de los conflictos internos en un mismo país, se incrementó hasta un 90 por ciento.
Hoy la ONU lanzó las resoluciones 1325 y 1820 que son herramientas legales para sus Estados miembros, mandatados a cumplir; son además una plataforma para que la sociedad civil reclame mayor responsabilidad de los gobiernos y plantee la problemática de violencia sexual durante los conflictos, desde una acción pública y político.
La Resolución 1325 sobre la Mujer, Paz y Seguridad fue aprobada por la ONU desde el año dos mil, con lo que reconoce que la violencia contra civiles como efecto del combate al crimen organizado, al narcotráfico, incluso al feminicidio, debe contar con una reacción de rechazo y activismo, pero sobre todo de conocimiento.
Lo más grave es que a ocho años de aprobada la resolución, por todos los integrantes del consejo de seguridad, solamente 10 países la han adoptado y han impulsado un plan de acción nacional (Canadá, Finlandia, Austria, Sudáfrica, España, Noruega, Dinamarca, Suecia, Suiza e Islandia), México es una de las naciones que aún no la adopta.
Pero en México, el tema de las víctimas civiles hasta ahora ha pasado inadvertido, tanto como el maltrato al cuerpo de las mujeres. Lamentablemente esta guerra de Calderón, contra lo que llama sus «enemigos», también se extiende a la protesta social.
No se pude obviar, sobre todo ante la cercanía del aniversario número 60 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muchas personas siguen siendo víctimas de la falta de justicia, de probidad y de capacidad de Estados, donde lo que menos importa son las personas.
Saber que las víctimas civiles son en 90 por ciento mujeres, estremece. ¿Quién toma primero la palabra? No es una cuestión de política caprichosa, ni de ocurrencia de las feministas, sino de conservar la paz y la vida.
La resolución 1325 ha sido enarbolada por Mujeres de Paz a través del mundo, por el Consejo de Europa, por miles de organismos de derechos humanos que están señalando que hoy no hay dictaduras en ejercicio en América Latina, pero que los Estados, aparentemente democráticos, siguen haciendo estragos contra la vida y la libertad de las mujeres.
No considerar esta situación, no reconocerla, es francamente no sólo un retroceso, sino un crimen de lesa humanidad. ¿Quién los justifica? ¿Quién puede ahora mismo aplaudir medidas no reflexionadas?, como lo es la militarización en México y el poder, casi en cheque en blanco a los grupos policíacos por todo México.
* Periodista mexicana. Cumplirá 40 años de vida profesional en 2008. Es integrante del Consejo Directivo de CIMAC, corresponsal de Semlac en México, integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal y todos los lunes forma parte de la Mesa Periodistas del Canal 21, el Canal de la Ciudad de México en TV por Internet.
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