En la presentación del Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos por Orientación o Preferencia Sexual o por Identidad o Expresión de Género, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, condenó la discriminación por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género que viven las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex (LGBTTTI), informó en un comunicado la CDHDF.
Álvarez Icaza se sumó así a las voces que exigen el reconocimiento institucional de la diversidad sexual, así como a establecer los medios jurídicos necesarios que les garanticen protección y acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
«Cuando se niega la posibilidad de donar sangre, de adoptar niñas o niños; de realizar un proyecto conyugal, cuando no se puede conseguir un empleo por la apariencia, o cuando se persigue y se juzga a las personas argumentando daños a las buenas costumbres o a la moral pública, se les discrimina», dijo el Ombudsman.
Lo mismo ocurre, agregó, «cuando algunos servidores públicos hostigan, maltratan y detienen arbitrariamente a las personas de la comunidad LGBTTTI o cuando no se investiga algún crimen, por considerarlo crimen pasional».
Por ello, consideró necesario no permitir que, a pesar de la existencia de un marco legal local, federal e internacional para prevenir, eliminar y sancionar actos como ésos, se continúen dando prácticas tan deleznables como cotidianas e impunes, incluyendo las que ejercen algunas servidoras y servidores públicos.
EL INFORME
El Informe Especial destaca que históricamente las personas homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas y todas y todos quienes expresen una sexualidad o género que cuestione los convencionalismos sociales, han sido sancionadas en los ámbitos culturales, religiosos, legales y políticos.
México no es la excepción, advierte, aunque las orientaciones e identidades sexuales diferentes a la heterosexual no están consideradas como delitos, constantemente se registran acciones de discriminación y violencia.
No obstante, el movimiento a favor de la diversidad sexual se ha convertido en las últimas décadas en un actor político fundamental para la promoción de una sociedad igualitaria; gracias a su activismo, la legislación y la jurisprudencia internacional han comenzado a reconocer los derechos humanos de la Comunidad LGBTTTI.
El Informe Especial consta de cinco capítulos: el Derecho a la No Discriminación; el Derecho a la identidad; a la Seguridad jurídica (el derecho a la libertad y a la seguridad personal); el Acceso a la justicia; y el Derecho al más alto nivel de salud física y mental.
Entre las recomendaciones, la CDHDF menciona que es fundamental que todas las autoridades condenen públicamente los actos de discriminación, violencia, exclusión, abusos y malos tratos y dejar claro que no los tolerará, sea quien sea la víctima.
Las reformas al marco jurídico para hacer efectiva la protección de las personas, incluyendo conceptos tales como orientación o preferencia sexual e identidad o expresión de género, con el fin de establecer un piso común en las denuncias.
INCIDIR EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Tras reiterar que la discriminación es una práctica tan extendida, tanto en la escuela, como en el trabajo y aún dentro de las propias familias, el Ombudsman capitalino insistió en que es indispensable que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del movimiento de la diversidad sexual se sumen a los trabajos de formulación del Programa de Derechos Humanos para el Distrito Federal.
«La Comunidad LGBTTTI debe plantearse incidir en políticas públicas, compromisos, acciones y propuestas encaminadas a superar los obstáculos que impiden a las personas el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos», exhortó.
En el Museo que lleva su nombre, el pintor y escultor José Luis Cuevas narró parte de su historia personal, cuando una de sus tres hijas le confesó que, al igual que a él, le gustan las mujeres: «No lo vi como algo verdaderamente terrible. Le dije que lo que me importaba es que fuera una persona muy inteligente, que contaría con todo mi apoyo».
Dijo que en nada se afectó su relación, en nada disminuyó su afecto por ella: «Me gustó la valentía, la manera en que mi hija me hizo esa confesión. Aplaudo la valentía con que ella lo ha dicho públicamente».
ACCIONES DEL GDF EN MATERIA DE DIVERSIDAD
En su intervención, el subsecretario de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Juan José García Ochoa, destacó las acciones que en materia de diversidad impulsa la actual administración. Indicó que entre los 50 compromisos de campaña del Jefe de Gobierno están el reforzamiento de la atención a personas con VHI/SIDA y la creación de la nueva Constitución de la Ciudad de México, donde queden plasmados y reconocidos los derechos de la Comunidad LGBTTTI.
Sostuvo que en la Clínica Condesa se han registrado 8 mil 871 ingresos; 261 mil 018 personas fueron atendidas a través de consultas; fueron surtidas 445 mil 782 recetas médicas y se invirtieron 20 millones de pesos en su remodelación. El presupuesto anual para la Clínica Condesa, subrayó, fue de 110 millones de pesos.
Con el propósito de inhibir actos de discriminación, señaló, el GDF inició con el apoyo de OSC un proceso de capacitación entre servidoras y servidores públicos encargados de hacer cumplir la Ley de Sociedades en Convivencia. Hasta el momento, apuntó, se han registrado 300 sociedades de convivencia en el Distrito Federal.
García Ochoa expuso que en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal se incluyó un capítulo sobre la situación de la Comunidad LGBTTTI, documento oficial que compromete a la administración capitalina a realizar un plan de acción emergente sobre dos principales temas: el acceso a la justicia y la discriminación.
CRÍMENES DE ODIO
El escritor Carlos Monsiváis se pronunció por la incorporación de la figura de «crimen de odio» en el Código Penal para el Distrito Federal porque no sólo se legisla para saber cuál es el delito que se comete en específico, sino para que la sociedad advierta todo el prejuicio que lo rodea.
«Los crímenes de odio no son cometidos por las relaciones personales o pasionales, sino por la necesidad de sentirse superior y de extirpar a un miembro de una especie denigrante», apuntó.
Monsiváis subrayó que no se deben desaprovechar los adelantos jurídicos en la materia, como el de Estado Unidos, en donde a raíz del Caso Matthew Shepard se tipificaron los crímenes de odio.
El ex Consejero de la CDHDF aseveró el problema del VHI/SIDA no se denuncia por miedo al repudio social, por temor a delatarse a sí mismo. «Es una expresión de autodefensa», señaló.
En su intervención, el Director de Letra S, Alejandro Brito Lemus, señaló que, de acuerdo con una investigación de la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH), de 1995 a 2006 se registraron 420 asesinatos contra la comunidad lésbico-gay, aunque aseguró que el número podría ser mayor y llegar a los mil homicidios.
Lamentó que pese a la gravedad de las cifras no existe conciencia del daño a la dignidad de las personas que provoca la violencia y la discriminación por presencia sexual o identidad de género. «El desprecio, el rechazo, la intolerancia, la discriminación, contra gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero son prácticas frecuentes que se consideran normales», subrayó.
URGENTE, IMPULSAR NUEVAS POLÍTICAS
Brito indicó que un estudio de Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (Censida) revela que 40 por ciento de homosexuales se ve obligado a ocultar su preferencia sexual en el ámbito escolar para no ser discriminado; 26 por ciento recibió maltratos o fue agredido; y en el ámbito familiar 16 por ciento fue rechazado y 50 por ciento de las personas transgénero fue objeto de agresiones físicas.
Brito Lemus urgió a impulsar políticas públicas que garanticen y promuevan los derechos humanos y no sólo se diseñen para cubrir necesidades de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. «Necesitamos programas gubernamentales dirigidos a restituir la dignidad de las personas», finalizó.
LEYES INCOMPLETAS
Por su parte, la escritora Sabina Berman consideró que las nuevas leyes protectoras de las diferencias, como la Ley de Sociedades de Convivencia y la Ley para cambio de Género, son todavía incompletas y tímidas, porque «están todavía agarradas de la cola por la mojigatería y son víctimas de la enfermedad nacional llamada gradualismo».
La dramaturga señaló que en la Ciudad de México se ha viajado de la criminalización de la diferencia a la obligatoriedad del respeto, y ahora se debe pasar a su plena aceptación, «a la celebración de la diferencia».
Sabina Berman afirmó que en el país se ha entendido la democracia como un método para decidir quién manda, por lo que pidió entender que ésta es una manera polifónica de crear colectivamente.
RECIBEN TESTIMONIOS Y PROPUESTAS
En octubre de 2007, la CDHDF convocó a dos audiencias, una pública y otra privada, a personas de la Comunidad LGBTTTI, en las que recibió testimonios y propuestas para la defensa y el ejercicio de sus derechos.
La CDHDF ha emitido dos Recomendaciones donde las víctimas son personas de la Comunidad LGBTTTI: por un caso de discriminación, violación a la dignidad, la honra y la libertad personal en las instalaciones del Metro (1/2005); y por un caso de discriminación por orientación o preferencia sexual y se encuentra actualmente sujeta a seguimiento (1/2007).
De enero a agosto del presente año, la CDHDF calificó 39 quejas como presuntamente violatorias de derechos humanos de personas de la Comunidad LGBTTTI: 39.5 por ciento corresponden a derechos de las personas privadas de su libertad; 22.2 por ciento al derecho a la igualdad contra la ley; 9.9 por ciento al derecho a la honra y a la dignidad y 6.2 por ciento al derecho a la seguridad jurídica.
En 4.9 por ciento de las 39 quejas se presume de violaciones al derecho a la integridad personal, en 3.7 por ciento a los derechos de la niñez, en 2.4 por ciento a los derechos a la salud, al trabajo y de la mujer; y en 1.2 por ciento a los derechos a la libertad, de petición y de reunión.
Entre las autoridades responsables de las presuntas violaciones destaca la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía Judicial y elementos de seguridad y custodios de los centros de reclusión.
08/VR/GG
