Más de 800 delegadas y delegados de 175 organizaciones y de 27 países, reunidos del 3 al 6 de octubre en La Esperanza, Intibucá, Honduras, en el II Encuentro Hemisférico Frente a la Militarización, rechazaron esta práctica aplicada frente a la crisis del sistema capitalista, pues vulnera los derechos humanos de la población y es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra.
Acudieron representantes de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Haití, República Dominicana, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Australia, España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Canadá, así como «hermanas y hermanos de los Pueblos originarios de Indoamérica» (Mapuche, Aymara, Mayas, Lencas, Garrí unas, Chorotegas, Emberá katíos del Altosinú, entre otros), informó en un comunicado la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).
El Encuentro abordó la crisis del sistema capitalista, que se alza en el mundo como una crisis múltiple (energética, alimentaria, ambiental, financiera, social y política), con la cual la militarización se agudiza y sus efectos se recrudecen en el intento del sistema por controlar los espacios, los mercados y los recursos naturales.
EL MANIFIESTO
Afirman en la declaración final del Encuentro que en el hemisferiola militarización se hace evidente de múltiples formas. En su sentido más amplio, la violencia militar, institucional y policíaca son parte de esta continua escalada de represión, ocupaciones y saqueo de recursos naturales, que responde a la imposición del modelo económico neoliberal.
«En este contexto, señalan, desde el movimiento social luchamos por nuestros derechos, tierras y territorios. Por eso, diversas redes y organizaciones del Continente nos hemos vuelto a articular en un esfuerzo estratégico y urgente para retomar voluntades y definir líneas de acción que permitan avanzar de modo más coordinado y efectivo ante la amenaza continental y global que representan la militarización, las guerras y la represión».
MILITARIZACIÓN VS. DERECHOS HUMANOS
Consideran que la militarización es el principal factor de la violación de los derechos humanos fundamentales, como los derechos a la vivienda, la salud, la educación, etc., y en especial los derechos generales y particulares de los pueblos indígenas y negros.
La militarización también se expresa con violencia, represión e intolerancia a la diversidad sexual, obstaculizando la creación de una cultura inclusiva y de paz para todas y todos sin discriminación.
Genera saldos de presos políticos, torturas y desapariciones forzadas y una fuerte criminalización hacia las y los jóvenes y maras, con consecuencias no sólo individuales sino también colectivas.
Es la máxima expresión del patriarcado, donde las mujeres son las principales víctimas de la violencia, sus cuerpos se convierten en el campo de batalla y son consideradas botín de guerra.
La militarización se basa en prácticas de reclutamiento forzoso y engañoso que violan los derechos y rompen con el futuro de los jóvenes, lleva a la represión de movimientos anti-guerra.
Genera un mayor número de migrantes que son criminalizados bajo las leyes antimigratorias aprobadas en los Estados Unidos y la Unión Europea, y son víctimas de violaciones de sus derechos humanos; la militarización de las fronteras lleva a la muerte de miles de personas a manos de las fuerzas de seguridad o en el intento de cruzar las fronteras, siendo los más vulnerables las mujeres y las y los niños.
Constituye una amenaza a los movimientos campesinos debido a la represión de sus demandas por reformas agrarias integrales y soberanía alimentaria; es el mecanismo de control del capital sobre los recursos estratégicos y la energía, y viola los derechos de las comunidades sobre ellos y sus decisiones sobre su tierra y territorios.
MÉRIDA, COLOMBIA, «GUERRA» CONTRA EL NARCO
El capitalismo, dice el manifiesto, no puede existir sin su estructura militar de dominación. En nuestro hemisferio esta estructura actualmente incluye la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN, las bases militares, la Escuela de las Américas, el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, la Fuerza Delta, el Comando Sur, la Cuarta Flota.
La militarización va acompañada de un terrorismo mediático, de una estrategia de manipulación y de miedo, de una ideología militar caracterizada por el colonialismo mediático, entre otras formas de dominio y enajenación.
Se alienta con la supuesta guerra contra el narcotráfico como la perfecta excusa para militarizar la sociedad y las estructuras del Estado; es la respuesta a la criminalización de la protesta social concebida como amenaza al sistema de dominación bajo las llamadas Leyes antiterroristas que siguen el modelo estadounidense de la Ley Patriota.
Impulsa el crecimiento del presupuesto militar, favoreciendo a su gran industria en los sectores público y privado, generando deudas externas, y desviando recursos que podrían destinarse a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales.
Es un instrumento para la implementación y la seguridad de los megaproyectos de infraestructura e inversión del gran capital transnacional, como son los casos del Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Infraestructura Regional para Suramérica (IIRSA), los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación.
CAMINO A LA DEMOCRACIA
Por lo anterior, señala el acuerdo final del Encuentro, exigimos el cierre definitivo de todas las bases militares norteamericanas y de cualquier otra nación extranjera en América Latina y el Caribe, y la prohibición a los traslados o aperturas de nuevas bases en nuestro continente.
La cancelación inmediata de la IV Flota que vulnera la soberanía de los pueblos. El retiro inmediato de la Minustah en Haití y su reemplazo por delegaciones de solidaridad, cooperación técnica, reconstrucción, así como la cancelación de la deuda externa ilegítima que lo ahoga.
También, la cancelación de proyectos de infraestructura y megaproyectos que violan el pleno derecho de la población latinoamericana, indoamericana y caribeña a sus territorios y recursos ancestrales.
El fin del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida que profundizan la injerencia militar norteamericana y contribuyen a la militarización de nuestros países. La derogación de todas las leyes antiterroristas que atentan contra los pueblos y criminalizan la lucha social.
El pleno respeto de los derechos de las mujeres y el fin inmediato de la violencia sexual, la prostitución y la trata de mujeres donde están ubicadas las bases militares y las zonas de conflicto.
El retiro de tropas norteamericanas y todo intento de militarización de la Triple Frontera, y respeto a los territorios y soberanías de los pueblos del sur. El reemplazo del modelo militarizado de guerra contra el narcotráfico con medidas de participación ciudadana, salud comunitaria, etcétera.
El pleno respeto de los derechos de los migrantes y la cancelación del muro de la vergüenza en la frontera EEUU-México; el respeto a nuestro derecho a tener, manejar y operar nuestros propios medios de comunicación.
Hacen también un llamado al fortalecimiento y a la creación de redes de medios propios, indígenas, populares, comunitarios y alternativos, así como a recuperar espacios públicos para la comunicación directa.
Acceso a la información inmediata y precisa sobre cuánto del presupuesto nacional se dedica a financiar la militarización, para poder desarmar dichos presupuestos y exigir que los recursos se utilicen para el bienestar de toda la población.
El levantamiento del bloqueo a Cuba sobre todo en este momento en que sufre, junto a los hermanos y hermanas de Haití, las consecuencias de los huracanes Gustav e Ike; el fin de la violencia secesionista y la intervención del gobierno de los Estados Unidos en Bolivia.
Asimismo, las y los participantes del II Encuentro contra la Militarización, saludan la decisión del pueblo y el gobierno ecuatoriano de cerrar definitivamente la Base militar de Manta en 2009. Se solidarizan con el pueblo boliviano y su lucha por la integridad de su territorio y su soberanía.
Saludan, asimismo, la construcción de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y de relaciones de equidad.
Y considerando todo lo anterior, reafirman su compromiso de luchar por un mundo y un continente desmilitarizado, desarmado, libre de guerra, miseria y violencia.
Estos días, finaliza el documento, han permitido que profundicemos en el conocimiento de la realidad común que enfrentamos, así como identificar y formular las líneas de acción estratégicas que, como movimientos populares, nos permitan enfrentar la permanente agresión y criminalización que sufren nuestros pueblos y movimientos.
«Esto queda reflejado en nuestro Plan de Acción continental contra la militarización, que por medio de Campañas y Acciones a nivel de base y con proyección nacional y continental, nos posibilitará alcanzar en un día no lejano el sueño de vivir libres de violencia, exclusión y guerra.»
08/VR/GG
