Elba Esther Gordillo es la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organización (SNTE) de casi un millón 350 mil educadores, poderío que basa en los más de 24 mil 344 trabajadores que gozan de licencia sindical de tiempo completo y con goce de salario integro, de los que dispone como un ejército político sindical para imponer casi todos sus deseos.
Esta cifra se podría duplicar porque son parte de un informe parcial que la SEP proporcionó a principios de este año al Senado y que proviene de informes recibidos de sólo 15 estados de la República, del sector central, de organismos descentralizados y desconcentrados, como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, el resto de las entidades se negó a dar a conocer la información de las licencias otorgadas al SNTE.
Ese ejército de incondicionales con licencia está a disposición de Elba Esther para realizar manifestaciones por reclamos sindicales, apoyos políticos, formación de corrientes políticas, centrales sindicales y hasta de un partido político para obtener canonjías, todo a costa del erario público.
Ese grupo de representantes «con licencia», la mayoría, hace mucho que está alejado de sus centros de trabajo de origen; su trabajo actual es realizar actividades político sindicales que así requiera la organización gremial.
Cualquier comisionado que no cumpla con los acuerdos, sabe que perderá la licencia con goce de salario y tendrá que regresar a laborar en jornadas de trabajo y horario definido como una forma de castigo.
Ejercer las licencias con goce de salario no es un acto ilegal; las Condiciones Generales de Trabajo convenidas ente la Secretaría de Educación Pública y el SNTE obligan a otorgarlas, ya que son un «conquista sindical» sin regreso.
El SNTE no tiene obligación de rendirle cuentas a la SEP ni a nadie, de las actividades que desempeñan sus comisionados con licencia sindical, ya que ello violaría «la autonomía sindical»; por ello muchos no son conocidos en los centros de trabajo porque sirven a la estructura sindical (como vigilantes, guardaespaldas, grupos de choque, esquiroles, asesores y ayudantes de lo que sea) o que están al servicio de otras personas o instituciones ajenas al sindicato.
Los beneficiados tienen una clave en sus recibos de pago, que se identifican con el Código 43 «Licencia por comisión sindical o elección popular», ello les permite alejarse de cualquier relación con su patrón que es la SEP.
Alguna parte de ese grupo, que goza de salario integro, acude algunas horas, algunos días al mes a «sus centros de trabajo» para atender los problemas de sus representados y así justificar la representación que disfruta.
La fuerza de Elba Esther, es producto del propio sistema que en tiempos priistas fortaleció estás estructuras corporativas que le sirvieron para fines electorales y políticos y que ahora al propio gobierno en turno se le revierten, ya que es una estructura de poder basada en acuerdos «legales» que no pueden romperse unilateralmente.
Aunque la SEP puede implementar una supervisión para que las licencias sindicales cumplan con los fines de representación de sus asociados, los beneficiados gozan de fuero sindical que les impide sean despedidos o cesados por no cumplir con las actividades convenidas. El cumplimiento o no de sus obligaciones sindicales solo compete a los órganos de gobierno de la SNTE y no de la SEP.
Por ello la SEP prefiere no entrar a buscar romper con ese vicio ancestral, porque sabe que esa intención se le puede revertir. Las contralorías internas no tienen competencia en realizar investigaciones porque sus facultades consisten en investigar los actos u omisiones de los servidores públicos con motivo de su trabajo con relación a la institución y no en las «tareas sindicales» que realicen o no.
El Congreso de la Unión, que es la instancia facultada por la Constitución para legislar en esta materia, por su composición de sectores priistas, panistas, los verdes y convergencia beneficiados con el corporativismo también prefiere no romper esta estructura de la que emana su fuerza.
Las facturas que el «sistema» adeuda a Elba Esther le permiten disponer de los recursos que le ha proporcionado el propio gobierno. Tan solo de dos fideicomisos y un convenio tiene recursos que ascienden a 13 mil 300 millones de pesos, que representan el ejercicio presupuestal ordinario de dos años del Sistema de Transporte Colectivo (metro) de la ciudad de México; ello sin contar los 193 millones de pesos que recibió entre 2003 y 2005 en tiempos de Vicente Fox y de las millonarias cuotas sindicales que maneja a placer.
Por ello puede actuar como un poder autónomo que le permite establecer alianzas con el gobierno o enfrentarlo si así conviene a sus intereses. En el conflicto magisterial de Morelos se permite asesorar al gobierno federal para enfrentar a la disidencia e incluso retar a «sus agremiados» que no acatan sus indicaciones.
En este nuevo siglo vivimos prácticas centenarias de caciquismo que representan a la vez la putrefacción del sistema y su propia supervivencia, que permite que personajes como Elba Esther Gordillo manejar estructuras sindicales como patrimonio personal.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
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