El día de hoy, organizaciones feministas de América Latina presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares para las 9 feministas que enfrentan un proceso jurídico «poco claro» por defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Nicaragua.
Así lo informó a Cimacnoticias Daptnhe Cuevas Ortiz, directora de Consorcio para el Diálogo Asociación Civil, quien además manifestó su preocupación por la «grave situación» que atraviesan las feministas nicaragüenses, debido a la violencia institucional que ejerce en su contra el gobierno de dicho país, encabezado por Daniel Ortega.
El gobierno de Ortega «violenta, además de los derechos humanos, los de la libre asociación, la participación ciudadana, los derechos humanos de las mujeres y criminaliza la protesta social», refirió Cuevas Ortiz.
Con acciones como la solicitud a la CIDH de medidas cautelares, Daptnhe Cuevas aseguró que seguirán denunciando «la grave situación que atraviesan las feministas nicaragüenses» a causa de la persecución que ejerce Daniel Ortega en contra de las defensoras de derechos humanos de las mujeres.
De acuerdo con la Declaratoria del movimiento feminista y de mujeres de Latinoamérica y el Caribe, titulado «Declaratoria de Gobierno Infame en Nicaragua», firmado hace unos días por 53 redes y organizaciones de la región, a partir de 1998 la sociedad nicaragüense fue sacudida al revelarse la violación de Ortega en contra de su hija adoptiva Zoilamérica Nárvaez, acto que quedó impune.
Por todo ello, informó en entrevista Cuevas Ortiz, el día de mañana integrantes de más de una docena de organizaciones feministas y de mujeres realizarán la clausura simbólica de la Embajada de Nicaragua en México en protesta por las amenazas y hostigamiento del que son víctimas las activistas.
Cuevas Ortiz reiteró que en el acto se expondrá el llamado a Daniel Ortega a respetar el derecho de asociación y libertad de expresión, así como el cese de las órdenes de allanamiento en contra del Centro de Investigación de la Comunicación, el Movimiento Autónomo de Mujeres, el Grupo Venancia, la Red de Mujeres Municipalistas, la Red de Mujeres de Matagalpa, la Coordinadora Civil y la Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto.
PROCESOS POR APOYAR LA ILE
De igual forma, manifestó que entre las demandas está que se frenen los procesos jurídicos «poco claros» en contra de las 9 feministas entre las que están Sofía Montenegro, Patricia Orozco, Ana María Pizarro, Juana Jiménez y Sobeyda Obando.
Ellas afrontan un proceso legal abierto acusadas de apoyar a otras mujeres a practicar interrupciones de embarazos no deseados, aun cuando éstos se llevaron a cabo antes de que el aborto se tipificara como un delito.
En octubre de 2006, Daniel Ortega, junto a los diputados de su partido, derogaron el aborto terapéutico y en noviembre de 2007 ratificaron la penalización del mismo, «criminalizando así a toda mujer nicaragüense que tenga que recurrir a un aborto para salvar su vida», indicó en comunicado el Movimiento Feminista de México.
La despenalización del aborto terapéutico en Nicaragua es una más de las demandas que hace el movimiento feminista y de mujeres de Latinoamérica y el Caribe en la «Declaratoria de Gobierno Infame en Nicaragua».
En Nicaragua el 19 por ciento de las muertes maternas se presenta en mujeres menores de 20 años, y el aborto es considerado la cuarta causa de muerte materna en este país.
Con la penalización del aborto terapéutico, el Estado contravino pactos y principios internacionales en la materia, que han llevado al 98 por ciento de los 193 países que conforman las Naciones Unidas a reconocer esta práctica médica, indicó en comunicado el movimiento feminista de México.
Daptnhe Cuevas denunció que el gobierno de Daniel Ortega, a través de los medios de comunicación en su país, realiza una «fuerte» campaña de desprestigio en contra de las activistas, en la que las califican como «enemigas de la patria».
La Directora de Consorcio para el Diálogo manifestó que dichas acciones en contra de las feministas son una «afrenta contra la democracia por parte de un gobierno de izquierda», por ello, agregó que cualquier representación política que se llame democrática «debe apegarse a los derechos humanos de las y los ciudadanos».
08/GCJ/GG
