Un proyecto de ley que incluye la despenalización del aborto en Uruguay, aprobado en la Cámara de Diputados de Uruguay, proseguirá la próxima semana su deambular parlamentario hacia un destino incierto, informa el Especial Mujeres del Tercer Milenio, de Prensa Latina.
Puesto que las y los diputados modificaron el controvertido Artículo 2 de la iniciativa, ésta será regresada el martes a la Comisión de Salud del Senado uruguayo y, al día siguiente, a esa instancia parlamentaria.
De aprobarla el Senado, pasaría al Ejecutivo, donde con toda seguridad el presidente Tabaré Vázquez la vetaría, dado su declarada oposición al aborto. Para ello, solo necesitaría del apoyo de uno de los dos ministros relacionados con el tópico (Salud Pública y del Interior).
Si el Senado aprueba el proyecto, pero reformando o eliminando los aspectos sobre la despenalización del aborto, sería el reinicio del largo peregrinar parlamentario del tema, que podría ingresar incluso a la órbita de la Asamblea General, máximo órgano de poder legislativo en el país.
Y aún quedaría otra posibilidad: someter el tema a referendo popular, como proponen muchos parlamentarios, y constatar en el terreno de los hechos si, como revelan las encuestas, la mayoría de la población es partidaria del aborto.
LOS CONTENIDOS
El proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva propone que la mujer puede decidir interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas de gravidez si prueba ante autoridad médica situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias (edad), las cuales le impidan continuarlo.
Igualmente, cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la gestante, o si se verifica un proceso patológico capaz de provocar malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.
En lo tocante a los galenos, la operación se considerará un acto sin valor comercial, por lo que no podrán cobrar por practicar abortos, y estarán obligados a hacerlo, salvo si manifiestan objeciones de conciencia y lo informan dentro de los 30 días desde la promulgación de la ley.
También se dispondría que para someterse a un aborto las menores de edad deberán contar con permiso de padres o tutores. Si estos se lo niegan, podrían pedir autorización a un juez, quien deberá decidir en un plazo de cinco días.
Pero el proyecto incluye otros aspectos polémicos, como establecer que el Estado garantizará los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, reconocerá la función de procreación, el carácter placentero de la relación sexual y el derecho a la satisfacción.
Asimismo, fija cursos de educación sexual tanto en la escuela primaria como en la secundaria; garantiza el acceso a los distintos métodos anticonceptivos e incluye la ligadura de trompas y la vasectomía con consentimiento.
Por naturales que a algunos les parezcan estas disposiciones, diversos sectores de la sociedad, incluida la Iglesia católica, se le oponen férreamente.
LOS BANDOS
El debate de la iniciativa no ha estado limitado al ámbito parlamentario: desde hace casi dos años organizaciones anti y pro aborto emiten declaraciones y realizan manifestaciones en las que fijan con vehemencia su posición al respecto.
Movimientos como Pro Vida (en contra) y Mujer y Salud en Uruguay (MYSU, a favor), por ejemplo, han protagonizado acalorados encontronazos en las calles e incluso en las galerías del Parlamento, de las cuales fueron desalojados más de una vez por perturbar las sesiones.
A la inevitable fractura social, provocada por el asunto, también han contribuido las organizaciones religiosas, siete de cuyas denominaciones se oponen al polémico Artículo 2.
Una de las declaraciones más ácidas en ese sentido provino de la Iglesia Católica, cuando esta semana el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, amenazó con excomulgar a quienes la aprobaran en la Cámara de Diputados.
En un país de larga tradición laica, la advertencia cayó en saco roto y tanto los legisladores partidarios del proyecto como los opuestos la rechazaron y aseguraron que no influiría en su votación.
Si la amenaza fuera extensible a toda la sociedad, menuda tarea tendría la Iglesia pues, de acuerdo con una reciente encuesta, el 49 por ciento de los uruguayos está a favor del aborto y solo el 39 en contra. El ocho por ciento se declaró indiferente al tema, mientras el cuatro rehusó opinar.
Si como proponen varias legisladoras y legisladores el tema es sometido a referendo, el resultado es bastante previsible.
LOS PRÓXIMOS LANCES
La legislación vigente en Uruguay desde 1938 solo tolera y no sanciona penalmente la interrupción de la gravidez en casos de violación sexual o riesgo de vida de la madre, amén de prever penas de prisión para los autores de abortos, consentidos o no.
Desde aquella época datan el movimiento abortista y los abortos
clandestinos, cualquiera fuera su cuantía. Según cifras oficiales, en el país se consuman anualmente 33 mil interrupciones de embarazos, pero a nivel judicial la cifra se estima en más del doble, mientras pasan del medio centenar los procesamientos por esa causa.
Si el proyecto de ley que incluye la interrupción del embarazo no es aprobado, o sigue dando más vueltas parlamentarias que un cordón umbilical, aquella situación se mantendrá y el tema continuará en el vórtice del disenso social.
Por lo pronto, la bancada de Senadores del Frente Amplio se reunirá el lunes para evaluar el tema, y Pro Vida y MYSU anunciaron nuevas manifestaciones para reiterar sus puntos de vista.
La Iglesia Católica, entretanto, decidió no excomulgar a nadie porque la propuesta de monseñor Cotugno no fue respaldada por sus pares de la Conferencia Episcopal. Lo cual no significa que deseos no les faltaron, ni que harán menos contra el movimiento abortista, concluye el Especial Mujeres del Tercer Milenio, de Prensa Latina.
08/GG
