Ayer por la mañana fue ejecutado Armando Rodríguez, periodista de El Diario de Juárez. El reportero salía de su casa en el fraccionamiento Los Nogales, en Ciudad Juárez, cuando fue rafagueado. Se dirigía a llevar a la escuela a sus dos pequeñas hijas.
Armando era el titular de la fuente policíaca en El Diario de Juárez desde hace más de diez años. El vehículo en el que fue victimado el reportero es un Tsuru color blanco, el cual pertenece a la empresa editora en la que trabajaba.
El atentado criminal se produce apenas a unos días de haber aparecido la cabeza de un decapitado en la plaza del periodista en Ciudad Juárez.
Organizaciones civiles y sociales del país, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exigieron el esclarecimiento del asesinato del periodista.
Señalan las organizaciones sociales, a través de un comunicado, que a principios de este año el reportero de El Diario, con otros siete periodistas que cubrían la misma fuente, fueron amenazados de muerte. Por este motivo Armando Rodríguez tuvo que abandonar su empleo temporalmente para trasladarse a vivir a El Paso, Texas, Estados Unidos, para posteriormente regresar y cubrir de nueva cuenta la fuente policíaca.
El asesinato de un periodista, motivado por su labor informativa constituye la forma más extrema de censura, lo que no sólo coarta el derecho a libre expresión de la víctima sino también el derecho de la sociedad en su conjunto a informarse, señalan.
Por ello, el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar a los autores, así como asegurar una adecuada reparación a las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha sentenciado que: dicha obligación general se impone no sólo en relación con el poder del Estado sino también en relación con actuaciones de terceros particulares.
Esto hace referencia a que no importa quiénes sean los perpetradores –crimen organizado, narcotráfico o cualquier grupo fuera o dentro de la ley– el responsable por guardar la integridad y seguridad de los y las periodistas es el Estado.
El actual contexto de inseguridad que afecta al país, señala el comunicado, no justifica las agresiones de las que son víctimas las y los periodistas a lo largo y ancho del territorio nacional. El libre flujo de ideas así como el derecho de la colectividad a contar con información clara, veraz y oportuna constituye una condición indispensable para garantizar la seguridad de todas las personas.
Es necesario, dice el comunicado de las organizaciones, resolver los casos anteriores de asesinatos y desapariciones de comunicadores, de los que las autoridades no han dictado sentencia o consignado a los responsables. Es indispensable para garantizar el Estado de derecho democrático que el Estado mexicano, a través de sus distintas instancias de procuración de justicia actúe para poner fin a esta situación donde impera la impunidad e inicie acciones inmediatas para prevenir las agresiones a periodistas.
Piden las OSC a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) que ejerció la facultad de atracción del asesinato de Armando Rodríguez, realice todas las investigaciones necesarias para que se consigne a los responsables y se dicte sentencia.
Exhortan también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, que actualmente se involucró en el proceso, dé cabalidad al cumplimiento de la protección y promoción de los derechos humanos en especial de la libertad de expresión.
Expresan asimismo su solidaridad con las y los familiares de Armando Rodríguez, así como con sus colegas y «nos sumamos a la enérgica exigencia que se ha manifestado tanto a nivel nacional como internacional, para que el Estado mexicano investigue de manera efectiva los hechos para castigar a los autores materiales e intelectuales de este crimen».
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el gremio periodístico y con la sociedad en general por el clima de inseguridad en el ejercicio de la libertad de expresión que se vive actualmente en México, dicen las OSC firmantes
Por su parte, la OACNUDH externa, en un comunicado difundido hoy, su preocupación por la situación de libertad de expresión, de prensa y de información que vive el país, considerando que se han registrado también otras preocupantes restricciones a esta libertad fundamental, tales como amenazas, atentados, pérdidas de sus espacios de transmisión o de empleo. Muchas de ellas, dice OACNUD, permanecen en la impunidad.
08/DVM/GG
