Chihuahua fue el primer estado en aprobar su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en enero de 2007, y ha sido pionero también al realizar un juicio oral, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que busca probar el feminicidio en el caso de una mujer cuya ex pareja trató de matarla por medio de sicarios. Ella es sobreviviente de feminicidio, aunque el término también fue omitido en la legislación estatal.
El feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua, documentado por organizaciones civiles de la entidad desde 1993 a la fecha, revela una cifra de más de 470 mujeres y niñas asesinadas en este periodo y la existencia de más de 6 mil desaparecidas. Ha sido motivo de diversas investigaciones y fue fundamental para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.
La LGAMVLV es producto de una investigación sobre violencia feminicida que la Comisión Especial para el Feminicidio, de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados, impulsada por las legisladoras Marcela Lagarde y de los Ríos y Angélica de la Peña, realizaron en todo el país para demostrar que la falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres conduce a la violencia feminicida.
Esta es, dice la ley, «la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres».
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FEMINICIDA
Los casos de Campo Algodonero, donde según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres (Fevim), fueron hallados 8 cuerpos, y del Cerro del Cristo Negro, donde se encontraron más de 20, de 1993 a 2006, son ya emblemáticos del feminicidio en la entidad.
Esmeralda, Berenice, Claudia Ivette, Silvia, Paloma, entre otras mujeres cuyo apellido se omite, fueron halladas con signos de violación, estrangulamiento, mutilación y semidesnudas o desnudas en esos lugares. El caso de las tres primeras fue aceptado en diciembre pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que tratará de demostrar el femincidio.
Laura Berenice despareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 22 de septiembre de 2001. Tenía 17 años de edad y su cuerpo fue encontrado desnudo, entre el 6 y 7 de noviembre de ese año.
Su madre, Benita Monarrez, explicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las autoridades le notificaron el hallazgo de 4 cadáveres en Ciudad Juárez, diciéndole que uno de ellos era el de su hija.
Ella quiso asegurarse de que así era, pero no la dejaron verlo ni le mostraron fotografías del levantamiento. Le tomaron muestras para la prueba de ADN, prometiéndole los resultados entre uno y tres meses, pero un año después no se los habían sido entregados por «falta de reactivos».
La familia de Berenice ha intentando aportar pruebas para la supuesta línea de investigación que se sigue en la Procuraduría de Justicia Estatal, pero han sido ignoradas. La madre afirma que ha sido objeto de humillaciones, calificativos y ha sido tratada de manera prepotente por los elementos de la Policía Judicial, «demostrando con esto su falta de sensibilidad y de respeto ante mi dolor y desesperación».
Testimonió ante la CIDH que ha insistido en que le proporcionen copia del expediente y lo único que he recibido es la copia del acta de desaparición, «documento plagado de irregularidades y falsedades».
«Como último trámite acudí el día 6 de marzo de 2002 ante la Subprocuraduría General de Justicia del Estado, Zona Norte a reconocer el cuerpo de mi hija y me recibió la nueva Fiscal Especial de Delitos contra las Mujeres, Liliana Herrera López». Ella le dijo que no era posible ver el cuerpo para reconocerlo, ya que lo único que se encontraban eran los restos óseos, pues le fue retirada la piel por motivo de unos estudios, «sin autorización de mi parte en el supuesto de que fuese mi hija».
El Estado mexicano argumentó ante la CIDH que la madre de Berenice y su tío Pablo vieron y reconocieron los restos de la joven, que fueron sometidos a «minuciosos» estudios que permitieron «demostrar» su identidad.
La madre de Berenice y muchas madres más continúan con la incertidumbre de saber si los cuerpos que les fueron entregados corresponden verdaderamente a sus hijas, pues no les dieron resultados de ADN y otras pruebas, y les impiden ver los expedientes.
Existen también más de 6 mil madres cuyas hijas han desaparecido desde 1993, casos en los que priva la negligencia de las autoridades para investigar y que califican estas desapariciones como «fugas» con los novios.
Investigaciones y denuncias presentadas en todo el país por académicas, investigadoras y redes sobre el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua obligaron a reconocer, denunciar y evidenciar la existencia de esta violencia feminicida y a plantearla como un problema nacional, afirma la antropóloga y feminista Marcela Lagarde.
«Los homicidios de mujeres y niñas son un problema grave e inadmisible, son parte de la violencia feminicida como culminación de sus derechos humanos y evidencian la ruptura del Estado de derecho en nuestro país», dice Lagarde.
Sin embargo, la LGAMVLV ha sido entendida por muchos legisladores estatales como una ley «contra la violencia» y no como una ley que garantiza el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, como lo han reiterado Lagarde y Angélica de la Peña.
La diputada Victoria Chavira promovió durante 2007 que el Congreso de Chihuahua convirtiera el feminicidio en delito, pero sus colegas lo rechazaron bajo el argumento de que no les compete «legislar en esa materia».
Hoy, en vísperas de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia hacia las mujeres, que cada 25 de noviembre se lleva a cabo en el mundo, la familia de Berenice y las de las cientos de víctimas del feminicidio en Chihuahua, renovarán su deseo de justicia, ante la omisión y la impunidad.
08/LGL/GG
