Organizaciones de la sociedad civil que impulsaron una iniciativa popular en contra de la trata de personas en Tlaxcala señalaron la urgencia de que se instalen mecanismos de monitoreo de la violencia de género en la entidad, homologados en los municipios, que permitan conocer la magnitud de la violencia contra la mujer a través de datos reales y fiables.
En el marco de la Campaña 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, señala un comunicado del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC,las organizaciones insistieron también en que se diseñen y fortalezcan programas de capacitación sobre el problema de la violencia contra la mujer, dirigidos a las y los funcionarios y servidores públicos encargados de diseñar e implementar acciones y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer, especialmente frente a la trata de mujeres.
Asimismo, la sensibilización y capacitación de las autoridades sobre la importancia de atender de manera digna y humana a las mujeres víctimas de violencia. Y se elaboren los reglamentos de la Ley para la prevención y asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el estado de Tlaxcala, y de la Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Tlaxcala.
Urgieron también a que haya políticas públicas integrales institucionalizadas para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra la mujer. Y armonizar los códigos penales y civiles del estado de Tlaxcala, que obstaculizan la efectiva sanción a los agresores y la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia.
De igual manera, pidieron que la dignidad de las mujeres tratadas para la prostitución se reconozca por encima del placer masculino y el dinero.
Entre las decenas de organizaciones firmantes del llamado están: Centro «Fray Julián Garcés» Derechos Humanos y Desarrollo Local AC, Centro de Desarrollo Educativo Zacatelco, Centro de Economía Social AC, Colectivo Mujer y Utopía AC, Comité de Derechos Humanos «Luis Munive» de Atlihuentzía, Comité de Derechos Humanos de Calpulalpan, Comité de Derechos Humanos Solidaridad de Huiloapan, Comité de Derechos Humanos Jicotes de Xicohtzinco, Comité de Derechos Humanos Atl Nemilistli de Tepetitla, Comité de Derechos Humanos Semillas de Esperanza de Tenanyecac, Comité de Derechos Humanos San Francisco Mitepec de Españita, Comité de Derechos Humanos San Juan Bautista de Atlangatepec, y Comité de Derechos Humanos Santiago Fe y Obras de Michac, Nativitas.
JERARQUÍA Y DESIGUALDAD
Históricamente, señala el texto de las organizaciones, las mujeres y hombres de México y el mundo denunciamos, promovemos y nos pronunciamos por acciones que eliminen la violencia contra la mujer, reflejo histórico de relaciones jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, permean los ámbitos sociales, económicos, religiosos, educativos, políticos y familiares.
Unidas y unidos, dicen, nos articulamos a las acciones mundiales y nacionales en el marco de la CampañaInternacional 16 días de Activismo contra la Violencia hacia la Mujer, para recordar a todas las mujeres asesoradas por sus parejas, a todas las niñas víctimas de violencia sexual, a todas las mujeres víctimas de la trata de personas; y a todas las activistas políticas asesinadas que han luchado por el reconocimiento de nuestros derechos.
«Alzamos nuestra voces y exigimos a todos los y las involucradas que pongan un alto a la violencia contra la mujer y la niñez en Tlaxcala; ya que a pesar de la lucha para erradicar la violencia, entre ellas el feminicidio y la trata de mujeres para la prostitución, sigue latente en nuestra sociedad».
ACCESO A LOS DERECHOS HUMANOS
Ante ello, continúa el texto, las diversas organizaciones que hemos impulsado la Iniciativa Popular continuamos luchando para que se generen las condiciones que permitan a las mujeres de Tlaxcala acceder plenamente a sus derechos humanos, y fundamentalmente a vivir libres de violencia. Manifiestan que, ante lasistemática violencia que siguen viviendo, se mantienen unidas para ejercersus derechos ciudadanos ante esta situación que las lacera.
Explican que la violencia sistemática que se vive es producto de una cultura misógina y de un sistema patriarcal, que continúa controlando y sometiendo a las mujeres a vivir violencia en sus diversas formas física, psicológica, emocional, económica y patrimonial, en sus diversos ámbitos: familiar, laboral, educativa y comunitario.
Sumado a lo anterior las mujeres son víctimas de violencia estructural e institucional, las cuales se expresan en la falta de monitoreo de la violencia de género, los vacíos legislativos que existen, la ausencia de políticas públicas integrales y la falta de acceso a la justicia.
SITUACIÓN ACTUAL EN TLAXCALA
A través del Observatorio de Violencia Social de Género y Trata de Personas, y el trabajo articulado de las Organizaciones que impulsamos la Iniciativa Popular, afirma el comunicado, constatamos que no existen mecanismos que monitoreen la violencia que todos los días viven las mujeres.
Es de suma importancia reconocer que la posibilidad de visibilizar la violencia contra las mujeres en Tlaxcala se ve limitada ante la debilidad de los sistemas y mecanismos de monitoreo, que no permite registrar y procesar estadísticas sobre la problemática.
Aunado a que las mujeres no denuncian a sus agresores por el miedo, la dependencia económica, la falta de apoyo familiar, la inadecuada atención institucional y la falta de protección adecuada por parte de las autoridades competentes.
La falta de un adecuado monitoreo dificulta obtener estadísticas uniformes a nivel estatal sobre los casos de violencia contra la mujer, que provoca que el problema se invisibilice, y así se obstaculice el desarrollo adecuado de políticas públicas integrales y estratégicas. Ante este vacío, resulta indispensable poner en práctica iniciativas de recopilación de información homologada entre las instancias estatales y municipales.
La violencia estructural que se reproduce cuando las modificaciones hechas a las Leyes y Códigos de Tlaxcala no son funcionales; un claro ejemplo es el caso de la tipificación del delito de trata de persona, que no tiene efecto cuando los servidores públicos no actúan conforme a las actualizaciones del Código Penal; que genera inadecuadas integraciones de los casos, una inadecuada atención a las víctimas, y concluye con la grave violación del acceso a la justicia; invisibilizando la grave problemática de trata de personas que en su mayoría vulnera y violenta a las mujeres.
Los códigos penales y civiles del estado de Tlaxcala tienen graves vacíos, lo que obstaculiza la efectiva sanción a los agresores y la reparación del daño a las mujeres víctimas de violencia; esto vacíos consisten en deficiencias falta de armonización y en la presencia de conceptos discriminatorios que actúan en detrimento y desventaja de las mujeres. Aunado a que en estos códigos aun se concentran solamente la violencia familiar y no abarcan las diversas manifestaciones de violencia que se comenten contra las mujeres, así como los contextos en que se da la violencia.
INICIATIVAS CONTRA LAS MUJERES
Grave resulta también cuando se proponen iniciativas de ley en el Congreso local que van en detrimento de los derechos de las mujeres como es el caso de la propuesta del divorcio unilateral, propuesta por el diputado Víctor Cruz Briones Loranca, que no contempla a la mujer como la principal víctima de violencia.
La violencia institucional se continúa cuando la Ley para la prevención y asistencia y tratamiento de la violencia familiar en el estado de Tlaxcala, y Ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Tlaxcala, no cuentan con un reglamento que defina de manera explicita las responsabilidades de cada institución para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer, por lo que no se están implementando acciones reales y contundentes.
La violencia contra la mujer se agrava cuando en las instituciones encargadas de prevenir, atender, ejercen violencia institucional, ya que a través de esta se continúan reproduciendo la cultura misógina y patriarcal por parte de las y los servidores públicos, que se refleja en su falta de sensibilidad ante el problema revíctimizando a las mujeres que acuden a solicitar ayuda ante situaciones de violencia; aunado a las omisiones a las que incurren (y posibles colusiones), que generan desconfianza y miedo en las víctimas, por lo que no se logran procesos de atención y denuncia, seguimiento y conclusión de casos.
Comúnmente las víctimas de un acto violento que han decidido denunciar no se ven satisfechas en su necesidad de auxilio, o no encontraron respuesta.
Todo lo mencionado anteriormente, continúa el texto, no permite que las mujeres víctimas de violencia accedan de manera expedita, oportuna y efectiva a los recursos judiciales y de atención integral cuando denuncian que son violentadas. Por este motivo, la gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad y en consecuencia los derechos de las mujeres quedan desprotegidos.
08/GG
