Hay todavía muchos mequetrefes funcionarios que desconocen la Declaración de los Derechos Humanos (DDH), que este 10 de diciembre cumple 50 años de existencia. Hay jueces, ministerios públicos o funcionarios de gobierno que cuando se les alega la existencia de este documento fundamental solo miran con extrañeza a su interlocutor, como diciendo: ¿de qué me está hablando?
La DDH está compuesta de 30 artículos que contiene los derechos esenciales de la persona y la obligación de los gobiernos de respetarlas. En todos los países del orbe está reconocida en sus constituciones o en sus normas fundamentales, pero dependiendo de los gobiernos en turno su respeto es discrecional.
No obstante, hay que admitir que la mayoría de las personas desconoce la existencia, la importancia y el contenido de la DDH. Se han tenido que constituir organismos de derechos humanos no gubernamentales con el claro propósito de difundir, promover y exigir su respeto ya que los gobiernos poco han hecho para promoverlos.
La tarea no ha sido fácil porque apenas el uno por ciento de la población en nuestro país ha logrado acceder a estudios universitarios.Existen comunidades donde apenas se habla español ylas personas con más conocimientos saben leer o escribir con mucha dificultad. La mayoría en esos lugares son analfabetas funcionales.
Dar a conocer la existencia de los Derechos Humanos (DH) ha sido una tarea primordial para lograr su cumplimiento, sin embargo la resistencia de los gobiernos ha dificultado esta práctica. Muchos gobiernos dicen defender y respetar los DH pero sus actos los contradicen.
El derecho a la vida, a la libertad, de igualdad ante la ley, a la seguridad personal; a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y de expresión; a asociarse, a formar una asamblea pacífica y a la participación en el gobierno son parte de la DDH.
También lo es el derecho a la no invasión de la vida privada y de la correspondencia personal; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo político; a la nacionalidad; a la propiedad; a la seguridad social, al trabajo digno, al descanso y a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar; a la educación y la participación en la vida social de su comunidad.
Los DH deben respetarse para hombres y mujeres sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
La mayoría de estas garantías solo existen en el discurso, en los libros y constituciones; son letra muerta en pocas palabras.
En nuestro país la condición social sí cuenta en la aplicación de los DH: la mayoría de los presos en las cárceles y los más perseguidos por las policías son los más pobres. No tienen para pagar abogados particulares y tienen que soportar largos juicios, muchos de ellos injustos.
La nueva forma de violación a los derechos humanos ha sido simular su cumplimiento y se ha usado la propia ley para encubrir las acciones arbitrarias gubernamentales. Ha sido el caso de los presos de San Salvador Atenco, a quienes se les ha impuesto penas de prisión de decenas de años yde las mujeres que fueron ultrajadas y violadas durante su detención quesiguen sin que se aplique sanción contra los policías agresores.
Por otra parte, elevar a rango constitucional la figura del arraigo es uno de los hechos más atroces en materia de derechos humanos que ha legitimado el Congreso de la Unión. Con la reforma se permite detener a una persona con simples presunciones hasta por 80 días sin el mínimo respeto a sus garantías de seguridad jurídica. La mayor parte de los casos en que una persona ha sufrido un arraigo por parte del Gobierno, éste ha sido incapaz de demostrar las acusaciones que formula.
Cuando ello sucede se deja en libertad al presunto responsable con un «usted disculpe» sin que se le repare el daño por la incomunicación cometida en su contra.
En otro aspecto, en la violencia familiar, que afecta mayoritariamente a las mujeres, continúa campeando la impunidad. La legislación sigue sin aplicarse por la falta de voluntad gubernamental.
Uno de los casos recientes más graves es el del Sindicato Mineros, dos de cuyos dirigentes en días pasados fueron detenidos, al cual le congelaron sus cuotas sindicales, además de negarle reiteradamente el reconocimiento de su dirigente.
Coincidentemente, la agresión contra los mineros se agudizó con la llegada de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación, quien apenas hace unas semanas era empleado de Industrial Minera México. La imparcialidad de las autoridades como un derecho humano y constitucional, en este suceso, se encuentra en entredicho.
Existe un doble discurso por parte del gobierno mexicano en materia de derechos humanos, uno en que afirma respetarlos y otro en la vida diaria, en que los desconoce, maltrata y pisotea sin ningún recato.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
08/MF/GG
