La Clínica de Atención Integral para Adolescentes del Hospital General San Juan de Dios fortaleció su estructura institucional a favor de la ejecución de programas y servicios con perspectiva de género dirigidos a la población adolescente y joven en áreas como la salud reproductiva, el crecimiento y el desarrollo.
De acuerdo con un comunicado de la citada dependencia, la atención se brinda a adolescentes y jóvenes entre los 10 y 19 años, por personal calificado y sensibilizado con perspectiva de género, primordialmente en el tema de la salud reproductiva.
Así mismo, la clínica ofrece asistencias, información y orientación en casos de infección de transmisión sexual (ITS), pruebas gratuitas de VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva, embarazos, noviazgo y amistad, así como otras afecciones que impiden el desarrollo integral de esa parte de la población.
El equipo de trabajo está conformado por pediatras, nutricionistas, ginecólogos, psiquiatras y psicólogos, quienes atienden de 7:00 a 12:00 horas, a inmediaciones de la Consulta Externa de Pediatría, en el Hospital General, enfatiza el boletín.
En el caso de las pruebas de VIH/SIDA, las y los pacientes deberán firman un carta de consentimiento; los análisis también pueden ser realizados por los personeros a petición de los establecimientos educativos, públicos y privados, para lo cual hay que presentar una propuesta a la Clínica.
Según análisis elaborador por la Red de Jóvenes para la Incidencia Política (Incide Joven), la población adolescente y joven es la más afectada por la carencia de información científica y laica sobre la salud sexual y reproductiva, situación que afecta gravemente su desarrollo en Guatemala y el Mundo.
DEROCHE EN ENTIDADES
Por otra parte, un millón y medio de quetzales ha sido derrochado por las instituciones dirigidas por la Primera Dama de la Nación, Sandra Torres de Colom, por pago de comisiones a la entidad Comité Central de Acción Social (CCAS), que además maneja un presupuesto estatal millonario, informó la prensa local.
Las publicaciones se basan en denuncias de la diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, quien refiere que el CCAS fue la intermediaria de Cohesión Social, las secretarías de Bienestar Social (SBS) y de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), para comprar vehículos, equipo de cómputo, mobiliario, material didáctico, estufas industriales, catres de metal, lona y alimentos, entre otros.
De acuerdo con la información, esa organización no gubernamental cobró por comisión la suma de 1.5 millones de quetzales a las citadas dependencias; sin embargo, también obtuvo un presupuesto de 37.6 millones de quetzales provenientes de la SOSEP.
La legisladora de Encuentro por Guatemala aseguró que la CCAS contrata y despide al personal de la Secretaría de Obras Sociales, lo que duplica funciones con el Departamento de Recursos Humanos de esa entidad; Montenegro pidió a la Contraloría General de Cuentas que fiscalice a esa instancia.
Edgar Rosales, vocero de Cohesión Social, afirmó que el Comité Central de Acción Social sí es fiscalizado y que todas sus contrataciones son públicas, a través del portal Guatecompras; la entidad ha trabajado con gobiernos anteriores, como el de Óscar Berger, cuando se encargó de administrar el programa Creciendo Bien, de la SOSEP.
Por su parte, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, pidió a la Contraloría que frene la práctica de efectuar contrataciones públicas a través de organizaciones no gubernamentales, pues se evaden controles establecidos en la Ley de Contrataciones.
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