La tortura es cualquier acto por el que se inflija de manera intencional dolores o sufrimientos severos, físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella o de una tercera información o confesiones, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de acuerdo con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas.
Una de sus expresiones que afecta principalmente a las mujeres es la tortura sexual, que puede incluir penetración vaginal o anal por parte de un hombre, con objetos, forzar a animales a violar a una persona u obligar a un familiar a violar a otro. También contempla el manoseo sexual de una mujer a un hombre de religión islámica, indica el texto Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio.
Este tipo de tortura afecta principalmente a las mujeres y es empleada también como estrategia de guerra por los actores de conflictos armados, quienes en su lucha por tomar el control de territorios y comunidades, acuden a diversas formas de violencia física, psicológica y sexual, señala el manuscrito, editado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), en 2007.
De igual modo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes menciona que la tortura tiene como objetivo intimidar o coaccionar a una o varias personas por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando el sufrimiento es inflingido por funcionarios públicos o personal de este sector.
De acuerdo con Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) los estragos de este tipo de violencia son diferentes en cada víctima: «hay quienes entran en crisis muy fuertes, otras lo niegan, lo racionalizan como mecanismos de defensa para reducir angustia».
En entrevista, explicó que «hay muchas que se van a la emoción y otras a la razón, se explican lo que pasó y lo externan con todo lo que pasaron. Otras entran en shock, se pueden quedar calladas. Y también pueden entrar en una depresión muy fuerte, en llanto, melancolía».
«Otras se retraen, no hablan, están como idas, todo el tiempo pensando en lo que vivieron, otras no pueden dormir, están en vigilia todo el tiempo, están dormitando, se mueven como zombis, comen porque tienen que comer, tienen una pérdida de su espacio de todo lo que las rodea», concluyó la directora de Adivac.
TORTURA E HISTORIA
Históricamente, la tortura ha sido asociada al ámbito jurídico, ya que en la Antigüedad, la Edad Media y hasta finales del Siglo XVIII la tortura judicial fue parte de los procedimientos regulares de la investigación criminal. Llegó a ser un espectáculo público, utilizado para disuadir de cometer crímenes y para afirmar el poder absoluto del gobernante, relata el texto del IIDH.
En Grecia y el Imperio Romano, por ejemplo, el testimonio de un esclavo era admisible sólo si se obtenía bajo tortura, asumiendo que jamás revelaría la verdad voluntariamente, refiere.
Entonces, como en la actualidad, el empleo de la tortura ha estado ligado de alguna manera a la necesidad de obtener «la verdad», según la interpretación que de ella tenga el torturador, explica el manuscrito.
Existía entonces un claro vínculo entre su aplicación y los delitos en contra del soberano o del Estado, que aún se percibe en nuestros tiempos, asevera el texto.
La historia demuestra que todas las naciones han acudido a la tortura en algún momento. Y una vez que se acepta su uso, se construye un sistema lógico de argumentos para justificarla.
En Latinoamérica las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX justificaban la tortura como instrumento para desmantelar organizaciones que amenazaban sus regímenes. Creaban una guerra interna, una «guerra sucia», que presentaban como acciones contra la subversión, indica.
Así los Estados mismos se convirtieron en terroristas que llevaron al sacrificio de la población hasta que las dictaduras fueron obligadas a dejar el poder. El terror creado por ellas y la permanencia de aparatos, organismos y funcionarios allegados, aún después de desmanteladas, contribuyeron a la impunidad, sostiene el documento de la IIDH.
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