El pasado 6 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de la defensora de derechos humanos Inés Yadira Cubero González.
La beneficiaria de estas medidas preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Corporación Municipal de San Pedro Sula, Departamento de Cortez, Honduras.
Como Presidenta de dicha Comisión la señora Cubero González está a cargo de fiscalizar el uso de los recursos públicos de la Municipalidad de San Pedro Sula, indica un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano con estatus consultivo ante la OEA y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Durante su gestión, la abogada Cubero González, ha presentado varios informes que señalan la comisión de actos delictivos por parte de altos funcionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula.
Los hechos que dieron cabida a esta solicitud sucedieron el pasado 16 de marzo, cuando la abogada iba a ingresar a su vivienda en San Pedro Sula y un motociclista le disparó en dos ocasiones. Las detonaciones impactaron en la puerta del vehículo del lado donde ella se encontraba, resultando ilesa.
Casi de inmediato se presentaron dos agentes policiales en motocicleta los cuales no persiguieron de manera inmediata al sicario. Posteriormente, el propio Ministro de Seguridad afirmó que estos agentes policiales no estaban asignados al sector en donde ocurrieron los hechos, no elaboraron el reporte del suceso, ni pidieron ayuda a otras patrullas para la captura del atacante.
Por todo esto se presume que pueden estar involucrados en el atentado. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía de Delitos Comunes el pasado 17 de marzo.
A esta grave situación se le suma el asesinato de Óscar Heriberto Mejía Villafranca, el pasado 5 de marzo de 2009, quien también fungía como funcionario municipal y coincidía con la señora Cubero en al menos una de sus denuncias públicas más relevantes.
En Honduras, las defensoras y defensores de derechos humanos, así como los operadores de justicia que promueven la investigación, el procesamiento y la sanción a fin de frenar la impunidad y la corrupción se encuentran en grave riesgo. Las autoridades hondureñas no han dado respuestas adecuadas para prevenir dichos ataques ni para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
Por estas razones es que el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (Ciprodeh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) solicitaron ante la CIDH las medidas de protección. Ambas organizaciones esperan que el Estado implemente a la brevedad posible las mismas en acuerdo con la beneficiaria.
Hoy más que nunca, dice el comunicado, el Estado de Honduras debe implementar una política global de protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, que incluya medidas de prevención con el fin de evitar ataques en contra de este grupo, y acciones para erradicar la impunidad en este tipo de casos.
09/GG
