La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) calificó como alarmante y un foco rojo en contra de la libertad de expresión la detención del periodista Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea y Fortuna, ocurrida hoy en la Ciudad de México.
El arresto administrativo ocurrió hoy a las 09:50 horas, cuando elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), obligaron al reportero a bajar de su automóvil en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en la Delegación Coyoacán del Distrito Federal, señala un comunicado de la CDHDF.
La detención fue ejecutada por dos patrullas de la policía bancaria (una de ellas con número de placa A14-08). Los agentes bajaron al reportero de su automóvil en las inmediaciones de su domicilio, ubicado al sur de la ciudad, detallan en un comunicado el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Artículo 19.
El director de las revistas Contralínea y Fortuna fue informado por los policías que la orden de aprehensión se deriva del supuesto expediente 749, radicado en el juzgado 38 de lo civil, promovido por la empresa Multigas, propiedad del Grupo Zeta Gas. No obstante, el abogado defensor Horacio Gómez Mendieta informa que dicho expediente no obra en el juzgado. Tampoco existe la orden de detención.
Supuestamente, la policía bancaria daba cumplimiento al exhorto que emitió el juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco. El periodista fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal.
El expediente al que hicieron alusión los policías se vincularía con la serie de demandas y amenazas realizadas por el Grupo Zeta Gas en contra de Miguel Badillo, también autor de la columna Oficio de papel, y contra la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea.
A las 12:50 horas de este día, Contralínea presentó una queja ante la Relatoría de Libertad de Expresión de la CDHDF por la retención ilegal del periodista Miguel Badillo. Ésta es, afirma el periodista, es una agresión a la libertad de expresión y al derecho a la información, garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En la queja son descritas diversas irregularidades registradas al momento de su arresto, indica el comunicado de la CDHDF, entre ellas la extraña actitud asumida por los elementos policiales que a bordo de la Patrulla de la Policía Bancaria (Placa A14-08), en lugar de dirigirse hacia el norte de la ciudad (donde se encuentra el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social en la Delegación Miguel Hidalgo), se orientaron hacia el sur.
Al percatarse de ello, reclamó y preguntó cuáles eran las razones que se dirigieran en sentido contrario al destino que, según le dijeron, sería llevado. Sólo en ese momento, los policías reorientaron la ruta.
El periodista refiere que durante todo el trayecto sufrió de hostigamientos y vejaciones verbales.
Al recibir la queja, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acudió al Centro de Sanciones Administrativas para verificar la situación física del también autor de la columna «Oficio de Papel». De acuerdo con una primera evaluación, se pudo constatar que Badillo Cruz tenía una visible afectación de salud.
La CDHDF ha girado Medidas Precautorias toda vez que le preocupa la integridad del periodista.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal señala en su comunicado que refrenda su compromiso en la defensa de la libertad de expresión, y en este caso en particular continuará pendiente y realizará las diligencias necesarias para que el proceso se lleve a cabo con apego irrestricto a la ley.
ORIGEN DE LA DETENCIÓN
El columnista atribuyó la detención a las amenazas que en su contra y en contra de la reportera Ana Lilia Pérez, formuló Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, a raíz de reportajes y artículos publicados en Contralínea y Fortuna acerca de los vínculos y actuación de dicho personaje.
Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, presentó las primeras demandas el 16 de agosto de 2007, ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), por supuesto «daño moral», expediente 757/07, informa el comunicado de Cencos y Artículo 19.
El 5 de agosto de 2007, a las 15:30 horas, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya –representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta–, encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron en las instalaciones de la revista Contralínea.
Los abogados estuvieron acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Entonces, los representantes de Jesús Zaragoza amenazaron con desaparecer a la revista y exigieron que se revelaran las fuentes de información.
El 12 de septiembre pasado, los periodistas y el medio presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el acoso judicial y las amenazas de muerte en su contra.
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