Según el derecho internacional los casos de violación cometidos por militares del Estado mexicano en contra de decenas de mujeres indígenas del país «constituyen tortura», y por su gravedad «se deben realizar automáticamente las investigaciones más rigurosas», puntualiza el informe México: Mujeres indígenas e injusticia militar, realizado por Amnistía Internacional (AI), durante 2003 y 2004.
Sin embargo, refiere el informe que «a pesar de los decididos esfuerzos de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos por lograr que se ofrezca resarcimiento por tan graves delitos, el muro infranqueable de la jurisdicción militar ha puesto estos casos fuera del alcance de la justicia.
La organización defensora de derechos humanos considera que «estos casos de violación constituyen tortura según el derecho internacional. Ante delitos de tal gravedad se deben realizar automáticamente las investigaciones más rigurosas».
En su informe, que se centró en casos de mujeres indígenas que fueron víctimas de violación entre 1997 y 2002, como son los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas me’phaa de la zona de la Montaña de Ayutla de los Libres, en Guerrero, México, AI destaca la combatividad de las víctimas contra las intimidaciones, discriminación e impedimentos que encuentran «en su búsqueda de justicia».
«Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual a manos de militares y que se atreven a enfrentarse a los innegables obstáculos culturales, económicos y sociales que es preciso superar para pedir justicia tienen que lidiar con una mala atención medida, con exámenes periciales que no reúnen los requisitos mínimos y con un sistema judicial militar incapaz de ofrecer garantías mínimas de procesamiento de los responsables, menciona AI.
La impunidad es un factor presente en estos casos y afecta de manera directa a las mujeres y comunidades indígenas del sureste mexicano, «donde la fuerte presencia militar les recuerda su trauma e infunde temor, disuadiendo a otras mujeres de presentar denuncias».
El informe de AI señala también la falta de imparcialidad de la Procuraduría General de Justicia Militar. La ausencia de supervisión efectiva con que combatir estas prácticas contribuye al mantenimiento de un sistema en el que es habitual negar sus derechos fundamentales a las víctimas de violaciones de derechos humanos a fin, aparentemente, de proteger la reputación de los militares, ha señalado AI, indica la organización internacional.
Y añade, que el Gobierno mexicano «no ha tomado medidas para restringir jurídicamente la jurisdicción militar, dejando así que siga siendo uno de los principales obstáculos para poner fin a la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar».
De acuerdo con AI, el Estado mexicano es responsable de las violaciones cometidas por sus actores y particulares, «si no ejerce la diligencia debida para prevenir y castigar tales delitos y ofrecer resarcimiento por ellos», según el derecho internacional.
Por ello, asegura, que «mecanismos internacionales de derechos humanos», de organizaciones de Naciones Unidas y de los Estados Americanos han solicitado de manera reiterada al Gobierno mexicano «que pongan fin a la jurisdicción militar en tales casos, tanto si los militares están en el servicio activo como si no», sin que las autoridades en el país impartan justicia y pongan fin a esta problemática.
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