Nunca se sospechó que las fuerzas gubernamentales del Estado de México reprimieran con tal abuso a los pobladores de San Salvador Atenco hace tres años, el 3 y 4 de mayo de 2006.
Un grupo de floristas después de ser desalojados para evitar la venta de su producto propició una agresiva intervención policíaca que motivó el homicidio del menor de 14 años Javier Cortés Santiago y del joven universitario de 20 años Alexis Benhumea Hernández, además de cientos de heridos, 211 detenidos, de ellos 47 mujeres, la mayoría ultrajadas y violadas.
Atrás de esa medida gubernamental se quiso demostrar que era necesario el uso de la fuerza, de la fuerza bruta irracional para detener uno los movimientos sociales más emblemáticos que había impedido con su organización, detener uno de los proyectos más ambiciosos de Vicente Fox: un aeropuerto internacional.
El objetivo era demostrar que un gobernador priista, (que ahora es impulsado como futuro presidente de México por grupos de fuertes intereses económicos), si sabía cómo hacerlo y que no le temblaba la mano, para distinguirse de un presidente panista que no supo cómo detener la rebeldía de los pobladores de Atenco.
Por ello todo el «aparato de justicia», desde policías, carceleros, ministerios públicos, jueces, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y hasta integrantes el poder judicial de la federación, han hecho causa común para legitimar sentencias absurdas.
A Ignacio del Valle, líder del movimiento, se le impusieron 112 años y a Felipe Álvarez 67 años de prisión; a Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinoza, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordoñez, Adán Ordoñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales han sido sentenciados con 31 años 11 meses y 15 días de prisión.
Otras 52 personas están en libertad condicional y bajo proceso judicial mientras que América del Valle y Adán Espinoza Rojas continúan con órdenes de aprehensión y a la fecha la policía sigue en su búsqueda.
A la fuerza policiaca, la estatal y federal, que participó en la refriega contra los pobladores de Atenco se les ordenó, se les permitió, se les solapó todo abuso. Entraron a las casas de los pobladores sin orden de aprehensión. Se detuvo, se torturó, se agredió a centenares de personas sin que se realizara proceso legal justo en contra los agresores.
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) acordó mantener en reserva durante 10 años los nombres de los agentes policiacos que participaron en los actos arbitrarios de mayo de 2006, evitando con esta medida toda persecución legal contra de ellos.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que fueron violados los derechos a la vida, la libertad, la integridad física de las personas, la libertad sexual, la privacidad y la inviolabilidad del domicilio¬, hasta la fecha no se ha cumplido ninguna recomendación.
Toda investigación, desde el Gobierno federal, ha sido bloqueada por el actual Procurador General de la República Eduardo Medina Mora, que cuando ocurrió la agresión en Atenco era ni más ni menos el Secretario de Seguridad Pública Federal, uno de los personajes acusados de este cobarde ataque.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una investigación sobre los hechos determinando la existencia de violaciones a los derechos humanos excluyó de responsabilidad al gobernador del estado de México y al actual Procurador General de la República.
Desde que fueron detenidos los pobladores de San Salvador Atenco y personas de organizaciones solidarias se les impidió tuvieran derecho a un defensor. Cerraron las puertas de los juzgados para impedir la presencia de abogados y cuando se realizó la declaración preparatoria lo hicieron de madrugada para evitar fueran asistidos.
Los expedientes donde se encuentran las acusaciones en contra de los pobladores tienen contradicciones. No existen pruebas que determinen la participación de los delitos en que se les acusa; sin embargo los jueces han elaborado sentencias de consigna con argumentos irrazonables.
A los dirigentes de este movimiento se les mantiene en celdas de dos por tres metros, con la luz encendida permanentemente como forma de castigo. Les hacen revisiones periódicas indignas y sus celadores siempre encapuchados y con perros los vigilan constantemente.
Están en el Penal de alta seguridad del Altiplano en el estado de México donde se encuentran personas consideradas altamente peligrosas.
Son luchadores sociales que ahora se les mantiene secuestrados legalmente como una demostración clara de que se criminaliza en nuestro país la protesta social.
Es una vergüenza que a tres años de la agresión al pueblo de San Salvador Atenco se mantenga la impunidad y el autoritarismo. Pero ni la influenza, ni el engaño harán olvidar estos indignos hechos.
* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).
[email protected]
09/MF/GG
