Guatemala, país mesoamericano en el que habitan unos 13 millones de personas, 41 por ciento mayas, de estos más de 2.24 millones mujeres, atraviesa por una fuerte crisis, que ha decir de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ha revelado la vulnerabilidad del sistema institucional, agregándose a la impunidad, la violación a los derechos humanos, la creciente violencia contra las mujeres y el feminicidio.
En esto coincidieron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del país, quienes señalaron en el marco de la jornada que se realizó del 12 al 14 de mayo en la ciudad, donde se entrevistaron con mujeres de la «Misión de Observación y Denuncia Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en Guatemala», convinieron en que esta visita se da en un momento crítico en la historia política de Guatemala, por eso es tan importante, y ocurre luego del caso del secuestro de la abogada Gladys Monterroso.
Monterroso, secretaria metropolitana del Partido Encuentro por Guatemala y esposa del Procurador de los Derechos Humanos, fue secuestrada el 25 de marzo y posteriormente liberada. Durante su cautiverio fue golpeada y quemada con cigarros en distintas partes del cuerpo.
Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, afirmó que la violencia contra las mujeres va en franco ascenso, pues las cifras dan cuenta de que cada año aumentan las víctimas: en 2001 se reportaron 303 asesinatos, en 2002 fueron 317; en 2003, 383; en 2004, 297; en 2005, 518; en 2006, 603; para 2007, 590 y en 2008 la cifra llegó a 722.
A últimas fechas algunas de las mujeres han sido descuartizadas, y sus miembro repartidos en distintos lugares, como un mensaje de intimidación para las guatemaltecas; como consecuencia hay muchas mujeres que han dejado de salir de sus casas, abandonando sus trabajos y estudios, por el temor de ser asesinadas, lo que las sume más en la pobreza y las aleja de nuevas y mejores oportunidades y copta sus proyectos de vida, afirmó la especialista.
La existencia de esa impunidad contribuye a perpetuar los actos de violencia contra las mujeres.»Las mujeres, por ser mujeres, somos (dicen) mentirosas, a la mujer no se le cree, se dice que exagera, que dramatiza; toman su denuncia, la almacenan y dicen ‘esta señora está neurótica’ y punto, la archivan. El sistema no ayuda a las mujeres».
Agregó, tenemos un sistema de justicia creado para la impunidad, para protegerse para que la justicia nunca llegue, el papel que juega el Estado, lo hace responsable de esa violencia, si queremos resolver el problema de las mujeres de fondo, tenemos que refundir el Estado, subrayó Norma Cruz.
Punto en el que coincido con Carmen Lucía Pellicer, integrante de la Fundación Sobrevivientes, quien refirió que «referirse a la violencia de género es referirse a los niveles de tolerancia que existe en nuestros sistemas de justicia, respecto de las violaciones de derechos humanos que les suceden a las mujeres».
A los altos niveles de violencia conyugal, violación sexual, acoso, maltrato, incesto, violencia familiar, amenazas de muerte, asesinatos y feminicidio, se suman prácticas judiciales que no dan trámite a los casos, legislaciones y códigos que no tipifican suficientemente los delitos ni sancionan.
Así como operadores de justicia que desconocen convenios internacionales sobre derechos de las mujeres, sistemas legales que condenan a las víctimas y no a los agresores.
Por su parte, Ana Gladys Olas Hidalgo, directora de la Unidad de Defensoría de las Mujeres de la Oficina del Ombudsman de Derechos Humanos de Guatemala, subrayó: «en este país no tenemos una confianza en decir que las mujeres que presentan su denuncia van a ser apoyadas en relación a la aplicación de la justicia, porque se queda todo en la impunidad y a pesar que en la Procuraduría contamos con una Unidad contra la impunidad, no podemos hacer nada para que los tribunales de justicia, en relación con los ministerios públicos y la policía, puedan desarrollar acciones contundentes para que se aplique la justicia a favor de las mujeres.
En tanto Claudia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua), señaló que luego de la definición de la Guerra contra el narcotráfico en Colombia y el inicio de la «Guerra» contra el mismo en México, la violencia en Guatemala se acrecentó estando entre las más afectadas las mujeres.
A esto se suma la gravedad del asunto Álvaro Colom, y el esclarecimiento de los graves hechos que rodean dicho el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, Guatemala está siendo llamada por la derecha a la movilización para sacar al presidente, mientras que las organizaciones y quienes votaron por el creen en su inocencia.
Lo anterior se ha visto demostrado en las recientes manifestaciones que se han realizado en el país mesoamericano en el que ambos grupos se han enfrentado, lo cierto es que en Guatemala se vive un ambiente de miedo e incertidumbre y esperan que parte de ésta sea resuelta por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que dirige el jurista español Carlos Castresana, quien a juicio de las organizaciones guatemaltecas a mostrado una luz en el oscuro camino de la impunidad. Castresana es el responsable de la investigación del homicidio de Rodrigo Rosenberg.
09/GTR/GG
