El Gobierno Federal debe asumir su responsabilidad en los hechos ocurridos en la guardería de Sonora, pues ha seguido una política de deslindarse de prestar los servicios de seguridad social, con el modelo privatizador impulsado; dejando en manos de particulares estos servicios lo único que ha traído son consecuencias negativas, lamentables e irreparables como la muerte de más de 40 niñas y niños en una guardería.
El Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se encuentra en una situación de alerta, pues «las ocho mil 962 estancias infantiles operan en condiciones de discrecionalidad en su manejo, pues no se conocen las reglas mediante las que se administran, ni se exigen normas mínimas para prestar los servicios educativos, de salud o de alimentación, por lo que se hay que estar alerta ya que podrían presentarse casos similares al de Hermosillo.
Hace un año, precisamente en Hermosillo, Sonora, en la estancia infantil de Sedesol «La Pequeña Lulú», un niño de dos años de edad murió por asfixia, por lo que «debe ponerse atención en este programa y someterse urgentemente a revisión.»
Tanto el esquema de subrogación de los servicios de guarderías, como el impulsado por el Gobierno Federal, no ayuda a las madres trabajadoras, pues «no responde a una política social integral de atención y, en cambio, sólo busca aplicar paliativos con resultados superficiales, para ser utilizados con fines proselitistas en un año electoral; para muestra, la que era encargada de operar este programa de Sedesol (Lía Limón), busca una diputación para la Asamblea Legislativa»
Nuestras niñas y niños no requieren de programas que sean severamente cuestionados por su mal manejo y que pongan en peligro su seguridad, sino que requieren de atención urgente en los problemas de alimentación y cubrir satisfactoriamente las demandas de salud y educación, lo que les permita contar con mejores condiciones de vida.
Por ello, el Gobierno Federal no puede eludir su responsabilidad en la tragedia pues, «tanto hay culpa en las personas que de manera irresponsable administraban esta guardería, como en las autoridades que permitieron que operara en esas circunstancias deplorables, antipedagógicas y fuera de cualquier normatividad».
La responsabilidad es compartida, pues el Gobierno se desdice de su obligación de brindar servicios de seguridad social y flexibiliza las obligaciones que debieran cumplir los particulares para prestar estos servicios; lo ocurrido ha dejado al descubierto la corrupción que impera en la subrogación de servicios, pues ninguna autoridad vigiló que se cumpliera.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), buscará en la Comisión Permanente exhortar al Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles para que de manera extraordinaria sesione; «es urgente que esa instancia integrada por dependencias federales conozca del caso de Hermosillo e inicie las averiguaciones necesarias para que se castigue a los responsables de la tragedia».
*Diputada Federal, integrante de la bancada del PRD, presidenta de la Comisión de Equidad Y Género.
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