Los cuerpos quemados de 44 niñas y niños menores de cuatro años de edad en una guardería de Sonora constituyen la síntesis del modelo económico impuesto por los gobiernos neoliberales en México y reforzado en los últimos diez años por el Partido Acción Nacional (PAN).
Privatización de la seguridad social, madres trabajadoras sin garantías sociales para ejercer ambas labores, negocios privados a costa de la población menos favorecida, contubernios político familiares. En suma, ruindad.
La pareja presidencial publicita su preocupación por el bienestar de «la familia», de «la mujer», pero se obstinada en apoyar la violación y la desaparición del Artículo 4º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza a las mujeres decidir sobre su maternidad.
Se conduele de las madres, niñas y niños que son víctimas del incendio, pero nos imponen un país que no puede dar como resultado sino estas tragedias, con el cruel programa de guarderías subrogadas del IMSS y apoyadas por la Secretaría de Desarrollo Social.
El fuego dejó al descubierto una red de personajes que se beneficia con la maternidad de las mujeres pobres de este país: «dejad que los niños vengan a mí» pudieron decir las y los poderosos dueños de la guardería ABC donde terminaron su vida casi 40 menores de edad, cuyas madres no pueden atenderlos, porque trabajan para sobrevivir.
Los dueños de la ABC, según el Registro Público de la Propiedad en Sonora, son Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa del subsecretario de Ganadería del Gobierno sonorense, Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso empresario en la entidad, muy cercano al gobernador Eduardo Bours y a su hermano Ricardo.
Y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien sería sobrina de Margarita Zavala e hija, según medios locales, del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño de empresas vinculadas con la atención a la niñez, como el patronato La Burbuja y el Museo del Niño en la entidad y tío directo de la esposa de Calderón. La madre de Altagracia Gómez figura, por otro lado, como representante legal de la Sociedad de Damas de la Caridad IAP (Casa San Vicente) que alberga a indigentes enfermos de tuberculosis.
Como dueño aparece también Gildardo Francisco Urquides Serrano, empresario del ramo turístico, secretario de Finanzas del PRI estatal e integrante del Consejo Consultivo del Infonavit.
Personajes, todos ellos, que se benefician de la necesidad ajena, beneficiarios de la súbita desaparición de las guarderías del IMSS, donde personal especializado atendía a la niñez, que dio paso a la privatización del cuidado de niñas y niños de madres trabajadoras, como explica Silvia Núñez Esquer, corresponsal en Sonora de Cimacnoticias.
El modelo, sin embargo, no se extinguió con la lluvia de fuego que cayó sobre las y los niños que dormían la siesta en sus cunas, dentro de esa bodega habilitada para guardería cuya puerta de emergencia no servía. Esa misma razón social opera otros negocios similares.
Y son muchos, además, los que existen en todo el país y que han enorgullecido a Calderón, en detrimento de los servicios de seguridad social que brindaba el IMSS, pagados con nuestros impuestos.
Pero hay más. El IMSS, cual queso gruyere atacado por roedores, muestra otra dentellada: apenas la semana pasada, Reporte Índigo ventiló un contrato multimillonario en esa institución, sancionado por un primo hermano de Margarita Zavala, Carlos Castañeda Gómez del Campo, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social, y otorgado a la compañía hindú Tata Consultancy Services.
Se trata, según esa fuente, del contrato no-médico más importante otorgado por el IMSS a una sola empresa y que facturó, tan solo en un mes (diciembre de 2008) 420 mil horas hombre de consultoría, lo que significó 99 millones de pesos.
La tarea, dicen expertos, es prácticamente imposible de realizar, de acuerdo con los recursos humanos con los que cuenta la empresa. La licitación fue inconformada por la Secretaría de la Función Pública, quien ordenó la revisión del expediente y la reposición del fallo, pero finalmente fue otorgada a la misma empresa.
Hoy las familias de las y los niños de Sonora viven un duelo que pudo evitarse si este gobierno tratara a las mujeres como personas, no como ganado que pare hijas e hijos para sus negocios, si esos 99 millones de pesos, pagados en un solo mes del contrato para una empresa extranjera, hubieran servido para habilitar lugares dignos y seguros para la infancia.
Las mujeres de Sonora saben todo eso y no callarán.
* Periodista
09/GG
