Ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) escuchó, en San José de Costa Rica, el testimonio de Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido arbitrariamente por soldados del Ejército y quien, 35 años después, se presume víctima de desaparición forzada por parte del Estado mexicano.
La audiencia pública de la Corte –donde el Secretario de Gobernación mexicano negó a la Corte su jurisdicción, defendió al Ejército y propuso una «solución amistosa» con la familia de Rosendo—»constituye uno de los logros más grandes en mi lucha, pues vislumbra la posibilidad de alcanzar lo que ha perseguido por más de 17 años: justicia», señaló hoy Tita Radilla a Cimacnoticias, de regreso a México.
Esta es la primera vez que se juzga al Estado mexicano por un caso de desaparición forzada, la cual está catalogada como crimen de lesa humanidad. El caso de Rosendo Radilla representa a los más de mil 200 detenidos-desaparecidos por agentes del Estado durante la guerra sucia en todo el territorio mexicano.
El testimonio de Tita constó de un recuento de las múltiples gestiones ignoradas por las autoridades mexicanas desde 1992, y la impotencia y frustración que le ha generado a ella y a su familia el clima de impunidad e injusticia que se vive día a día en nuestro país.
Tita aseveró que las instituciones y sus funcionarios se han manejado con actitudes desdeñosas e irrespetuosas hacia ella, quien ha sido la que ha hecho el mayor número de trámites oficiales ante las instancias oficiales, hasta llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte.
«La Corte–añadió– es algo totalmente distinto a las instituciones que tenemos aquí en México. Nos escucharon atentamente y nos trataron con respeto en todo momento, a mí y a mi hermano. Incluso, la Presidenta se mostró conmovida y la gente de Costa Rica, solidaria. Confío en la Corte y tengo la esperanza de que obligue al Estado a investigar para finalmente hallar a mi padre», declaró hoy a Cimacnoticias.
SIN RECURSOS FRENTE A LA JUSTICIA MILITAR
En su declaración, el perito experto Miguel Sarré, explicó a la Corte que las víctimas no tienen recurso alguno frente a las resoluciones de la justicia militar, y cuestionó el recurso de amparo como mecanismo para la protección de militares que cometen violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, Tita enfatizó a Cimacnoticias uno de los argumentos sostenidos por el Gobierno mexicano en la audiencia, en particular por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien propuso una «solución amistosa» con la familia de Radilla, y subrayó que «el Ejército Mexicano es una institución leal y comprometida con la soberanía nacional».
¿Soberanía de quién?, se pregunta hoy Tita. «Nunca mencionaron al pueblo ni a las víctimas de los delitos que cometen los soldados. El secretario hizo una defensa férrea del Ejército, y me impresionó mucho que no haya visto o no quiera ver la realidad».
Gómez Mont no reconoció que la desaparición forzada fuera un delito, ni un delito por el cual el Estado debía ser castigado, y puso énfasis en las diversas acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional ha implementado «para mantener una dinámica sana en la relación militar-civil, como cursos de derechos humanos».
En torno a ello, Tita expresó que, por lo menos en el caso de la desaparición forzada de su padre, la responsabilidad del Ejército y del Estado han quedado adecuadamente fincadas, y que cada argumento que éste último manejó en su defensa, es claramente rebatido por la realidad documentada y testificada por ella, su hermano y sus abogados.
Añadió la falta de respuesta de Gómez Mont cuando se le cuestionó su presencia ahí, después de que él negara la competencia de la Corte en la misma audiencia, porque –argumentó– la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco había sucedido antes de que los documentos y tratados vinculantes con la CoIDH fueran firmados.
Así, entre la negación del Estado, su propuesta de «solución amistosa» y las evidentes pruebas de los hechos, Tita espera una sentencia a finales de agosto de este año, como lo mencionó la Corte. Ambas partes tienen hasta el día 14 del mismo mes para entregar sus alegatos finales.
AFADEM Y EAAF
Asimismo, Tita Radilla mencionó el esfuerzo hecho por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), de la cual ella es vicepresidenta, para lograr las excavaciones en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, ejecutadas en julio del año pasado.
Ante la Corte, narró las amenazas recibidas por ella y el secretario de Afadem previas a dichas excavaciones que, sin embargo, pese a recomendaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense, se realizaron sólo en el uno por ciento del terreno donde podrían hallar restos.
Se sospecha que en dicho ex cuartel están enterrados los restos de Rosendo Radilla Pacheco, así como de otros detenidos desparecidos de la región.
Ante la instancia internacional, también rindió testimonio Rosendo Radilla Martínez, hijo y testigo de la detención de Rosendo. Relató a la Corte cómo sucedieron los hechos cuando él y su padre viajaban hacia Chilpancingo y fueron interceptados en un retén militar. Incluyó el diálogo que su padre tuvo con los soldados: «Mi padre le preguntó a los militares: ¿de qué se me acusa?, y ellos respondieron: de componer corridos. Entonces él dijo: eso no es delito, y los soldados contestaron: pero mientras, ya te chingaste».
De igual manera, refirió las circunstancias represivas acentuadas por el Ejército sobre la población guerrerense durante los años 60 y 70. Posteriormente, enfocó las consecuencias en su núcleo familiar, el cual se fragmentó al ser desaparecido su padre. Por último, pidió a la CoIDH que ordene al Estado mexicano entregar los restos de los desparecidos.
09/NBS/RMR
