«Un verdadero pelotón. Como si fuera una guerra», dijo Tita Radilla Martínez sobre la delegación que defendió al Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) durante la audiencia pública del 7 de julio, realizada en San José de Costa Rica, como parte del juicio que se le sigue por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario de Atoyac de Álvarez, Guerrero, ocurrida hace 35 años.
En entrevista con Cimacnoticias, Radilla Martínez afirmó que lo que más la sorprendió, además del numeroso grupo de representantes gubernamentales, encabezados por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, es que éste haya calificado al personal militar como personas leales y fieles, a quienes no se les puede fincar ninguna responsabilidad.
Sin embargo, dijo Tita –quien brindó su testimonio junto con su hermano Rosendo ante el máximo órgano de justicia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos–, Gómez Mont anotó algo cierto: que este personal es incondicional al poder Ejecutivo. Claro, dice la activista, por eso nunca ha considerado a la población, a los gobernados.
Pese a las pruebas irrefutables de la actuación violenta del Ejército en todo el estado de Guerrero, y particularmente en Atoyac, apuntó Tita, la defensa del Estado señaló que las acciones de las fuerzas militares mexicanas siempre han estado orientadas a conservar la soberanía y el orden del país.
La justicia militar, señalaron los representantes legales de la familia Radilla –Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); María Sirvent Bravo-Ahuja, directora del Programa de Justicia Transicional de la CMDPDH; Mario Solórzano Betancourt, director del área jurídica de la CMDPDH, y el abogado Humberto Guerrero– fue el tema que más captó la atención de la Corte, y por ello, la sentencia deberá girar en torno a ésta.
Sen embargo, considera Tita Radilla, con esa postura por parte del Estado, será difícil llegar a una reparación de daños auténtica que incluya la modificación del Código de Justicia Militar y la Constitución Política para evitar la impunidad que permite el fuero militar.
EL MEXICO «DE AYER»
Igualmente, subrayó Tita, la defensa del Estado quiso aislar los hechos ocurridos durante la guerra sucia en todo el territorio nacional, diciendo que éstos habían sucedido en el «México de ayer» y no en el «México de hoy», y con ese argumento indicó que la Corte no era competente para juzgar al país por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
«Éstas se suscitaron en el ‘México de ayer’, cuando nuestro país aún no ratificaba ni firmaba la mayoría de los tratados defensores de los derechos humanos», aseguró la defensa del Estado.
En el caso de Rosendo Radilla Pacheco, estos derechos están contemplados y protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigencia en 1978 y se refieren al: derecho a la vida (4), derecho a la integridad personal (5), derecho a la libertad personal (7), derecho a las garantías judiciales (8) y derecho a la protección judicial (25), explica Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem).
MUERTO SÍ, PERO ¿DESAPARICIÓN FORZADA?
«El Estado aceptó que mi padre había desaparecido, pero en ningún momento se hizo responsable o hizo responsable al Ejército de la misma, ni mencionó el delito de desaparición forzada».
Además, agrega Tita, el Estado dio por sentado el fallecimiento de su padre al decir: «Lamentamos mucho la desaparición y muerte de Rosendo Radilla Pacheco». Para ella, esta declaración es una prueba más de que el Gobierno mexicano todo el tiempo ha conocido los distintos paraderos de Rosendo durante los 35 años que han transcurrido desde su desaparición forzada.
No obstante, Tita espera que todo el camino emprendido por ella, formalmente desde 1992, conduzca a otros familiares de detenidos desaparecidos como los de las hermanas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, a luchar para que sus casos sean considerados también por la CoIDH, y el Estado mexicano enfrente más juicios por este delito y, entre otras cosas, este delito quede tipificado.
09/NBS/GG
